Crisis en el sur de Córdoba

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Vereda Higueronal, corregimiento de Crucito, en Tierralta, sur de Córdoba. Foto Prensa Rural.

En medio de la desesperanza ante la fallida implementación de la Reforma Rural Integral y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el crimen organizado campea por los valles del Sinú y del San Jorge

Andrés Chica – Agencia Prensa Rural

Desde 2011 existen organizaciones campesinas hechas a punta de resistencias territoriales y resiliencia comunitaria, entre el Alto Sinú y el San Jorge, allá en las estribaciones del Nudo del Paramillo, en esas espesuras de monte a donde llegaron entre los años 50 y 60 liberales huyendo de la jauría conservadora.

Por el sur del departamento de Córdoba han pasado guerrillas de toda índole: EPL, ELN, M-19 y las FARC; detrás de ellas, los paramilitares y, detrás de los paramilitares intereses de terratenientes y multinacionales que han violentado por décadas la dignidad del campesinado surcordobés.

Por el Alto Sinú encontramos a la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas), por el San Jorge a la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor). Ambas con un tejido social loable y extendido entre los cerros y llanuras, ríos y quebradas del majestuoso pero muy lastimado sur de Córdoba.

Tanto a Asodecas como Ascsucor, hablar de derechos humanos, de sus reivindicaciones como sujetos de derechos y, más aún, con iniciativas de organización, unidad y movilización social, les ha costado a estas dos organizaciones, al día de hoy, más de 18 líderes y defensores de derechos humanos asesinados entre 2016 y 2018.

Pugna por el territorio

Desde la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, después de la salida de las FARC del territorio en 2016, se ha desenfrenado una pugna por el control territorial y social en esta zona estratégica para obtener el dominio de economías ilícitas que en los últimos dos años, con ocasión de la desmovilización de las FARC sumada a otros factores de ilegalidad particulares, ha puesto en riesgo la vida, integridad y seguridad de las comunidades que residen en las estribaciones de este resistente sur de Córdoba y de los líderes, dirigentes, representantes, activistas y defensores de derechos humanos.

Durante el 2017, 2018 y lo corrido del 2019, grupos armados organizados han reconfigurado situaciones violentas en sus disputas territoriales que han implicado el incremento de la vulnerabilidad de las comunidades. Además hay una suerte de competencias entre varios grupos armados organizados o delincuenciales por el control del territorio, empleado para el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras actividades ilícitas, así como la consolidación de nuevas alianzas entre dichos grupos.

En estos escenarios de vulneración, los grupos armados organizados y delincuenciales, con el objetivo de lograr el control de los negocios ilícitos, han procurado ejercer, de igual forma, un control social sobre la población, dinámica que ha repercutido en la ocurrencia de nuevos desplazamientos forzados, amenazas y delitos contra las libertades, en el que han resultado afectadas distintas comunidades rurales, líderes sociales y comunitarios, sin que se cuente con cifras exactas al respecto.

¿Paz estable y duradera?

Una zona determinada por cinco municipios está contemplada por el decreto 893 del 28 de mayo del 2017 como Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creado este con el fin de cumplir el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de la Constitución Política, el cual señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Por ello también el 24 de noviembre de 2016 el Gobierno Nacional suscribió con las FARC-EP el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

El campesinado del Sur de Córdoba le ha apostado a la “construcción de una paz estable y duradera”, ha dado todo de sí, desde la erradicación concertada de cultivos de uso ilícito, la participación directa en la construcción de las líneas base del PDET, la viva voz en los escenarios populares de afirmación de la implementación, pasando por la alimentación de la Comisión de la Verdad y de la Justicia Especial para la Paz, formas y mecanismos que han llegado hasta ahora al territorio.

La realidad que hoy compunge a los campesinos del sur de Córdoba es, por una parte el incumplimiento de la implementación de la Reforma Rural Integral, así como de los PDET y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Por otra parte la disputa del territorio por grupos armados organizados conocidos en el territorio como: Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, Caparrapos o Bloque Virgilio Peralta Arenas, y el “nuevo Frente 18 de las FARC”. Se rumora, y algunas ocasiones lo dicen ellos mismos, que los Caparrapos tienen una alianza por el control del narcotráfico con el cartel de Sinaloa mexicano.

En el 2018 se evidenciaron cuatro desplazamientos masivos con más de 1.600 personas.

Incumplimiento y militarización

La respuesta del Gobierno actual es, para la protección de los líderes, dirigentes, representantes, activistas y defensores de derechos humanos el Plan de Acción Oportuna, que no fue consultado con las organizaciones sociales, además de ser una imposición y que por ello desconoce las realidades territoriales. Además tiene la injerencia militar del general retirado Leonardo Barrero, investigado por “falsos positivos”. Y, para el restablecimiento de la libertad y el orden la puesta en marcha de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, con cuatro mil hombres para el Bajo Cauca y Sur de Córdoba. Militarización que nos lleva a recordar todos aquellos atropellos que el Ejército cometió contra nuestros campesinos, que en memoria fresca nos lleva a evocar el asesinato del campesino Luis Eduardo Garay a manos de soldados adscritos al Batallón Rifles la tarde del 24 de diciembre del 2018.

En situaciones quizás más adversas están las urbes de los municipios del sur de Córdoba; en un mes y dos días se ha asesinado, debido a la confrontación entre los grupos armados irregulares antes mencionados, a más de 41 personas.

Las respuestas del Estado colombiano no son suficientes y mucho menos eficaces. El territorio está en disputa por su control entre los distintos bandos criminales y, en medio de ellos, las comunidades campesinas que siguen esperando que el “Acuerdo final” como política de estado sea una realidad.

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