jueves, marzo 28, 2024
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Crisis carcelaria: reflejo de inequidad e injusticia social

El sistema penitenciario, la política criminal y la economía nacional son un solo proyecto de estado que pretende aislar a una clase social que sigue clamando justicia social.

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Corporación Solidaridad Jurídica

Las últimas protestas llevadas a cabo por el Movimiento Nacional Carcelario demuestran una vez más la grave crisis humanitaria que atraviesa todo el sistema penitenciario en su conjunto. Dicha problemática se ve reflejada en las indignantes condiciones de los centros de reclusión de todo el territorio nacional, pero a su vez refleja la grave crisis social, histórica y estructural de todo un sistema económico neoliberal excluyente que afecta de manera directa a las clases más desfavorecidas de la sociedad.

La pésima atención médica, la deplorable alimentación, el mal estado de las infraestructuras y plantas físicas, el escaso servicio de las oficinas jurídicas, la corrupción institucional, la violenta y represiva conducta de la guardia de vigilancia y custodia, al igual que las diversas acciones jurídicas y de hecho por parte de los reclusos como tutelas, derechos de petición, protestas, huelgas de hambre, desobediencias pacíficas, además de los cientos de muertos que se cuentan por año, dan cuenta de esta alarmante situación y de las misérrimas condiciones a las que están siendo sometidos los más de 160 mil reclusos del país, en un sistema sobrepoblado que rebasa el 53% de hacinamiento a nivel nacional.

Dicha situación aflige también a los familiares y allegados, quienes tienen que cargar con el tortuoso estigma de la pobreza y por ende ser humillados ante las brutales requisas y ultrajes a los que son sometidos.

En las últimas dos décadas la política criminal nacional ha venido asumiendo un agudo y autoritario discurso punitivo en materia del control del delito que se nutre de la doctrina de la seguridad ciudadana y de las excluyentes directrices neoliberales del mercado imperante. La criminalización de la protesta social al igual que el “populismo punitivo” son tendencias que hoy en día reinan dentro de la política criminal colombiana.

Las cifras de las personas en reclusión en Colombia, categorizadas por estrato, así lo demuestran. Particularmente resulta alarmante que, al promulgar leyes que posicionan al hurto como un objeto especial de persecución, no se haya tenido en cuenta que en la persecución socioeconómica de la población penitenciaria predominan los estratos 1, 2 y 3 con un 79,4%. Estas cifras expresan claramente el carácter expansionista y neoliberal que ha tomado el sistema penal en los últimos años y su tendencia al grave hacinamiento. A su vez, el aparato jurídico nacional está siendo utilizado como mecanismo represivo del estado para castigar, penalizar y condenar a una oposición política que sigue luchando por sus derechos.

La situación carcelaria es la misma situación precaria e indigna que viven millones de compatriotas en las calles colombianas. El sistema penitenciario, la política criminal y la economía nacional son un solo proyecto de estado que pretende aislar a una clase social que sigue clamando justicia social.

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