Crímenes contra periodistas: Regreso a la impunidad

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Protestas en México contra el asesinato de periodistas

La extraña e inconsistente decisión de un juez de la República al ordenar la libertad del único sindicado como autor intelectual del crimen del comunicador Orlando Sierra, causó estupor entre periodistas y trabajadores de la prensa

Ricardo Arenales

En un país donde se sigue asesinando a periodistas y son frecuentes las noticias de hostigamientos, estigmatizaciones, señalamientos y amenazas contra comunicadores sociales, algunos de los cuales tienen que abandonar el país para proteger sus vidas, es una muy mala señal el anuncio de que un juez de la República, en la noche de Navidad, profirió una medida de excarcelación en favor del político caldense Ferney Tapasco, único sindicado como autor intelectual del asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del periódico La Patria, de Manizales, ocurrido el 30 de enero de 2002.

Indignación y desazón causó en medios profesionales la noticia, por cuanto en la investigación de los hechos aparecieron por lo menos ocho testimonios de personas que sindican a Tapasco de la autoría intelectual del crimen. Solo que, en todos estos años, los testigos fueron uno a uno asesinados. Y el autor material del crimen cayó abatido en un tiroteo con la policía en Cali, en un hecho que favoreció al sindicado.

El periodista Orlando Sierra, en sus últimas investigaciones, había denunciado bochornosos hechos de corrupción política por parte de Tapasco, reconocido barón electoral de la región, y sus colaboradores más inmediatos. Además, Tapasco y un hijo suyo tenían estrechas relaciones con grupos paramilitares, por lo que el político caldense fue condenado en otro proceso por parapolítica.

Más grave aun es el hecho de que el crimen ocurrió hace ya 12 años, y los primeros capturados por la autoría material decidieron colaborar con la Justicia seis años después; solo en 2011 se vino a dictar medida de aseguramiento contra Tapasco, y diez años después del crimen se inició juicio en su contra, pese a estar señalado como el autor intelectual del homicidio. Los mismos testigos acusan a Tapasco de tener vínculos activos con el grupo paramilitar Cacique Pipintá, que se ha hecho fuerte en la región.

Caso emblemático

La decisión judicial “es una vergüenza y un atropello a los derechos de la víctima”, dijo en una declaración la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recordó, por su parte, que el caso de Orlando Sierra se había convertido en emblemático en la lucha contra la impunidad y, hasta el fallo judicial, era el único entre muchos en que el autor intelectual de un crimen contra periodistas quedaría finalmente condenado a una larga cadena de prisión.

La SIP recordó que en el caso colombiano, la mayoría de los asesinatos de periodistas han quedado en la impunidad. La FLIP y el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), entre otras organizaciones, le pidieron a la Fiscalía General apelar la decisión del juez especializado de Manizales que liberó de prisión a Tapasco.

Investigaciones recientes indican que entre 1977 y 2013, en Colombia fueron asesinados 143 periodistas, cuyo trabajo honesto fue su condena. De estos casos, 64 quedaron en la más completa impunidad, pues la legislación colombiana determina que la pena por homicidio prescribe a los 20 años, si en ese lapso no se ha señalado con certeza probatoria a los responsables. Esta cifra de prescripciones, dice la FLIP, implica que el 45.9% de los casos de asesinatos de periodistas ha quedado en la impunidad.

Mal endémico

“La prescripción de los asesinatos de periodistas es una trágica garantía de que la impunidad se perpetuará”, dijo por su parte la organización Reporteros Sin Fronteras. Esto es tanto más significativo por el hecho de que, históricamente, Colombia es el país con más periodistas asesinados en América Latina, de acuerdo a estimativos de la SIP.

El clima de zozobra que impone semejante actuación judicial afecta en mucho la situación de los periodistas hoy en Colombia. Hace pocas semanas se conoció que la periodista Natalia Orozco fue sacada del programa Los Informantes, del Canal Caracol, por defender con entereza criterios profesionales que la llevaron a chocar con su directora.

El director de Canal Capital, Hollman Morris, ha sido víctima de amenazas y hostigamientos en el marco de la campaña de la ultraderecha por lograr la destitución del alcalde Gustavo Petro. La Procuraduría, además, amenaza con sancionarlo si retransmite los actos públicos de respaldo al alcalde. No hace mucho se denunciaron atentados contra la vida de los periodistas Ricardo Alarcón, Gonzalo Guillén, Ariel Ardila y León Valencia.

Las amenazas contra la vida del periodista Carlos Lozano Guillén, director de VOZ, fueron cosa cotidiana a lo largo del año pasado. En el caso de VOZ, el asesinato del anterior director del periódico, Manuel Cepeda Vargas, no ha avanzado hasta señalar a los autores intelectuales del crimen.

Impunidad

De acuerdo a la FLIP, en los últimos meses se registraron 118 atentados contra periodistas y trabajadores de la prensa en Colombia, ocho de los cuales fueron el año pasado en Valledupar. En 2013 fueron asesinados los periodistas José Darío Arenas, Édison Alberto Molina, José Naudín Gómez y Alberto Lázaro del Valle.

Un Foro Internacional sobre Impunidad, reunido el pasado 24 de diciembre en Lima (Perú), a pesar de reunir a voceros de la gran prensa latinoamericana, dijo que en el continente existe una “cultura de la impunidad” y aseguró que “el asesinato es la forma más extrema de censura”, de acuerdo a las palabras de la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Ana María Tineo.

El informe de 2013 de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) indica que en América Latina fueron asesinados 29 periodistas en los últimos 12 meses, con el agravante de que, a diferencia de otros continentes, estos crímenes se presentan en una región donde no hay una guerra formalmente declarada.

Estos delitos, dice la Felap, se originan en poderes paralelos, el crimen organizado, funcionarios corruptos, autoridades prepotentes y fuerzas de seguridad abusivas, que actúan en medio de la más pasmosa lentitud de las autoridades judiciales.