El triunfo del no en el plebiscito sobre el acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno nacional y las FARC-EP genera un ambiente político que dificulta la elaboración y ejecución de políticas de impulso al desarrollo industrial y agrario.
Carlos Fernández
Con o sin acuerdo de paz, la coyuntura económica del país no presenta su mejor rostro. En el segundo trimestre del presente año, el producto interno bruto (PIB, precario indicador de la riqueza de un país) había crecido sólo 0,2% respecto al primer trimestre de 2016 y 2,0% respecto al primer trimestre de 2015. El PIB semestral (enero-junio) creció 2,3% respecto al primer semestre de 2015.
El sector que jalonó este crecimiento fue el de la industria, contrariamente a lo que venía sucediendo hasta hace un poco más de un año, aproximadamente, cuando la producción industrial decrecía a ojos vista. El crecimiento industrial es consecuencia de la entrada en operación de la Refinería de Cartagena (Reficar), que da cuenta de la mayor proporción del crecimiento del subsector de refinación de petróleo.
Pero, en julio del presente año, se reveló una sorpresa: la industria, según la encuesta mensual manufacturera del DANE, decreció 6,2% respecto al mismo mes del año anterior. 36 de los 39 subsectores en que la encuesta divide a la industria presentaron decrecimiento respecto al mismo mes de 2015.
Al comparar el primer semestre de este año con el primer semestre de 2015, la industria crece 3,9%, bajando en un poco menos del 50% el ritmo de crecimiento que venía presentando hasta junio.
Enfocamos este análisis en la industria por cuanto es el sector que, junto con la agricultura, debe jalonar el crecimiento del país pero, sobre todo, porque, con la agricultura, generan la mayor cantidad de empleo. El sector minero-energético no sólo genera poco empleo sino que es responsable de disminuciones importantes en este indicador desde cuando los precios del petróleo y otros minerales se desplomaron.
El triunfo del no en el plebiscito sobre el acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno nacional y las FARC-EP genera un ambiente político que dificulta la elaboración y ejecución de políticas de impulso al desarrollo industrial y agrario.
De todas maneras, la intención del sector de la oligarquía representado por Santos al suscribir el acuerdo era y sigue siendo facilitar la inversión de capitales nacionales y transnacionales en áreas geográficas aún no invadidas plenamente por las relaciones capitalistas de producción (Amazonia, Orinoquia, Chocó biogeográfico y otras regiones) en las que hay posibilidades de explotación rentable para el capital del suelo y del subsuelo, a costa de la biodiversidad y de la sostenibilidad de los recursos.
Pero como la motivación de las organizaciones sociales y políticas que apoyaron el sí ha sido y es generar condiciones no para que el capital se aproveche la libertad de explotación sino también para que los sectores populares avancen en el logro de sus reivindicaciones; sólo la paz puede crear los espacios necesarios para que eso se cumpla, eso sí, mediante la movilización.
