El alto tribunal advirtió que en Colombia existe una grave situación de abandono de las personas con discapacidad que están en situación de desplazamiento forzado.
«Aún no se ha incluido un enfoque transversal en materia de discapacidad en la política pública sobre desplazamiento forzado, que responda a los riesgos agravados y desproporcionados identificados” precisa la corporación judicial.
Para el alto tribunal es cuestionable la falta de medidas que garanticen sus derechos.
Para la corte, es necesario que en un máximo de seis meses se adopten medidas urgentes para garantizar los derechos de las personas discapacitadas víctimas del desplazamiento.
“Los ajustes propuestos, deberán responder a la necesidad de contar con mecanismos coordinados de atención psicosocial para la población desplazada con discapacidad; (ii) garantizar la rehabilitación integral entendida como el conjunto de medidas de tipo educativo, laboral, cultural, entre otras; (iii) garantizar la educación inclusiva para niños, niñas y adolescentes con discapacidad en situación de desplazamiento forzado; (iv) garantizar la inclusión laboral para las personas con discapacidad desplazadas, acordes con sus intereses y proyectos de vida», señala el auto proferido por el máximo órgano de cierre judicial.
Por lo que resaltó que es responsabilidad del Gobierno garantizar la inclusión de las necesidades y riesgos del desplazamiento forzado dependiendo de la edad, la adscripción étnica, la identidad de género y la orientación sexual.
Finalmente, la Corte Suprema ordenó a la Unidad de Víctimas buscar discapacitados desplazados, víctimas de minas antipersonal, para que sean dirigidas al Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (Paima).
