Los focos de corrupción destapados en las últimas semanas en la Corte Constitucional ponen en evidencia un fenómeno de descomposición moral que corroe muchas instancias de la vida pública y privada en el país. En materia de administración de justicia, urge una reforma democrática y avanzada
Alberto Acevedo
Las graves denuncias de corrupción al interior de la Corte Constitucional, que comprometen al presidente de esa corporación, Jorge Pretelt, formuladas ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el magistrado Mauricio González, ponen de manifiesto graves hechos de corrupción que comprometen a una institución que por su naturaleza se presentaba ante los ojos de los colombianos como modelo de moralidad y reservorio de la aplicación de justicia en su más originario e impoluto concepto.
El escándalo de la Corte Constitucional se da en un contexto generalizado de corrupción, con aristas recientes, como los negociados en Ecopetrol, la corrupción en Interbolsa, la existencia de un denominado ‘cartel de los pañales’, de carteles en la producción y distribución de medicamentos, en las EPS, en las fuerzas militares, que van desde los ‘falsos positivos’ hasta el robo de pistolas, sumados a casos de acoso sexual de oficiales superiores contra subalternos; en fin, una larga cadena de acontecimientos de los cuales no se puede inferir que se trate de un problema que afecte el manejo de la cosa pública, sino también de la empresa privada en general.
Y ante la ausencia de una política de Estado que ponga en cintura los cotidianos brotes de corruptela, la situación llega al extremo de que el propio mandatario de la nación, el presidente Juan Manuel Santos, anunció, al cierre de esta edición, que haría un discurso a la nación, denunciando un nuevo y desproporcionado caso de descomposición en el manejo administrativo, que probablemente estremecería los cimientos de la sociedad.
En el caso de la Corte Constitucional, estamos ante la afectación del prestigio de una institución que es espina dorsal en el sistema de administración de justicia, que es fuente de derecho e instancia superior en los mecanismos de búsqueda de amparo en el equilibrio de la justicia, que se suponía incorruptible.
Como en el Cono Sur
Y ahora resulta que no fue así. También la magistratura en semejante instancia fue susceptible a las tentaciones de la corrupción, de las ofertas de dinero, generalmente mal habido, de los ofrecimientos y en ocasiones exigencias de los partidos tradicionales, igualmente salpicados por la corrupción. Y lo menos que puede suceder es que un escándalo de esas proporciones mine la credibilidad del ciudadano, desacredite ante propios y extraños la administración de justicia y desmoralice a miles de jueces honestos, que luchan por ejercer con pulcritud su trabajo.
Pero, tan enojosa circunstancia pone sobre el tapete discusiones más de fondo. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que la burguesía de este país, en algún momento de su lucha contra sectores populares, contra expresiones de independencia política o de franca rebeldía, vinculó a su quehacer político la lucha contrainsurgente, diseñada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y en lo relativo a la administración de justicia, se lanzó a una ingrata tarea de copamiento de los altos tribunales.
Experiencias de sometimiento semejante de los tribunales de justicia no se vieron sino en desarrollo del denominado ‘Plan Cóndor’ de ingrata recordación, en los países del Cono Sur del continente, particularmente bajo las dictaduras militares de Rafael Videla, en Argentina, o de Augusto Pinochet, en Chile.
Echando por la borda la tesis liberal clásica de la separación de poderes, la clase política se apropió de los tribunales de justicia, procuró la repartija burocrática de las magistraturas entre las formaciones políticas tradicionales, cuidándose de paso de cerrar el camino a jueces que representaran otras corrientes de opinión distintas al bipartidismo, y corrompió la administración de justicia, puesto que el nombramiento de jueces y funcionarios respondió a la repartición de dádivas y no a los méritos personales de cada aspirante.
Avances progresistas
La situación que afronta la Corte Constitucional no siempre fue así. En su etapa inicial, la Corte protegió los derechos fundamentales de los débiles y de importantes sectores desprotegidos de la sociedad. Las tutelas en favor de los desplazados, la protección del derecho de sectores pobres al acceso a la salud, la sanción a los responsables de los denominados ‘paseos de la muerte’ a la puerta de los hospitales, la protección a discapacitados, a parejas homosexuales, a madres cabeza de familia; la tutela al derecho a una muerte digna, a la dosis mínima, son hitos de un pensamiento democrático y progresista en ese alto tribunal.
En un cuarto de siglo de vida jurídica, la Corte Constitucional promulgó la impresionante cifra de cinco millones de fallos de tutela, amparando, en lo fundamental, los derechos sociales vitales de los menesterosos de justicia. Hoy en día, a la Corte llegan 50 mil tutelas cada mes, mediante las cuales los ciudadanos buscan equidad en la administración de justicia.
Resulta, sin embargo, que ese propósito plausible se ha desvirtuado, y la revisión de tutela, en muchos casos, se hace para favorecer intereses de empresarios poderosos, nacionales y extranjeros, o para evitar la sanción de tribunales subalternos de la Corte.
No es casual que al abogado Víctor Pacheco, apoderado de la firma Fidupetrol, envuelta en el escándalo que enloda al magistrado Jorge Pretelt, se le conozca en la Costa Atlántica como “el embajador en las cortes”, por su cercanía al alto mundo de la justicia. De semejante cabildeo da cuenta el hecho de que Pacheco, en los últimos meses, registra 40 ingresos al Palacio de Justicia, la mayoría de ellos al Consejo de Estado.
Influencia paramilitar
La política de copamiento de las altas cortes por parte del poder político y de los intereses económicos privados tiene una arista siniestra, y es la influencia del paramilitarismo en los organismos de la administración de justicia. Bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe se conoció la creciente influencia paramilitar en entidades como la Fiscalía, el DAS, el CTI, las notarías, los juzgados municipales y regionales.
Ahora ha quedado claro que el flamante presidente de la Corte Constitucional fue ternado por Uribe durante su gestión, y que Pretelt comparte tierras con Uribe en zonas de conocida influencia paramilitar en el departamento de Córdoba. Que varios predios de propiedad de Pretelt fueron fruto del despojo paramilitar a campesinos en el norte del país, incluyendo la martirizada Urabá.
La crisis en la Corte Constitucional no ha tenido el final feliz que la sociedad colombiana espera. Ese final tendrá que ver con una discusión a fondo sobre el sentido de la separación de poderes, sobre una reforma democrática en la administración de justicia, empezando por la lucha contra la impunidad, que hoy bordea el 90 por ciento, pero ante todo con el tipo de estado que el país requiere, para encarar las tareas de la paz duradera, como es el espíritu de las transformaciones democráticas que hoy se discuten en La Habana.
