Corrupción pone en peligro patrimonio histórico

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Panorama del Castillo de San Felipe y el edificio de viviendas, al fondo, que afecta su visibilidad.

La Unesco advirtió al Gobierno nacional que la construcción de un complejo de edificios a pocos metros del Castillo de San Felipe, haría que a Cartagena se le retire de la lista del Patrimonio Histórico de la Humanidad

Alberto Acevedo

El Castillo de San Felipe, que se levanta sobre una formación rocosa ubicada en el barrio Torices, dentro del complejo urbanístico conocido como la ciudad amurallada, en la capital de Bolívar, figura en una lista elite del patrimonio mundial de las Naciones Unidas, al lado de joyas arquitectónicas de la humanidad como el santuario de Machu Pichu, la Laguna de Venecia o las Pirámides de Egipto.

Esa condición está en riesgo de desaparecer, si la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, que avala la designación de tales patrimonios históricos, decide retirar de la lista al Castillo de San Felipe, por el deterioro visual y ambiental que implica la construcción de un complejo urbanístico de 16 torres de edificios de vivienda de 30 pisos cada uno.

Una advertencia en este sentido se conoció hace dos semanas, cuando un experto de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Unesco realizó una visita in situ, y dirigió una carta a la ministra de Cultura, alertándola sobre el hecho.

Prueba objetiva del riesgo

La carta habla de “los potenciales impactos negativos” que acarrea la construcción del conjunto Multifamiliar Acuarela, que se edifica a doscientos metros del Castillo de San Felipe. Advierte que la nueva construcción pone en riesgo “uno de los atributos que sostienen el valor universal excepcional de Cartagena”, y recuerda que “la actual torre en construcción, que ya ha alcanzado los veinte pisos, es prueba objetiva y demostrable del riesgo que el conjunto Multifamiliar Acuarela representa para Cartagena en su condición de bien inscrito en la lista de Patrimonio Mundial”.

La advertencia de la Unesco, desde luego, prendió las alarmas en los medios culturales y ambientalistas de la nación, aunque no tanto en los círculos políticos nacionales, inmersos en una tormentosa campaña electoral y menos en las instancias de poder distrital en Cartagena, que han pretendido bajarle el tono a la gravedad de la denuncia y desviar la atención de la opinión pública de las responsabilidades que competen a las administraciones de la ciudad.

La viceministra de Cultura, María Claudia López, fue más allá de la polémica al asegurar que ni siquiera los monumentos del Centro Histórico de Cartagena cuentan con un Plan Especial de Manejo y Protección de Patrimonio. El alcalde encargado de la Ciudad Heroica, Dionisio Vélez acusó de inmediato a la funcionaria de “alarmista” y quiso bajarle el volumen a la discusión, que tiene en alerta a numerosas organizaciones culturales del país.

Juicio de responsabilidades

El burgomaestre quiere ocultar que varias administraciones, incluyendo la suya, han sido incapaces de construir ese Plan Especial de Manejo, al que se oponen poderosos intereses económicos de la ciudad. No quiere que se sepa que por los menos en 33 oportunidades han sido modificadas las circulares de construcción de edificaciones en la ciudad, y hasta el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, en beneficio de las castas políticas y las mafias de la construcción.

La cuestión es que la advertencia sobre el riesgo de que Cartagena pueda salir de la lista del Patrimonio Histórico de la Humanidad, que sería una vergüenza que se agrega a los escándalos de corrupción en el país, se da en momentos en que se intentan hacer juicios de responsabilidades por los desastres y las pérdidas materiales y humanas por la construcción de edificios sin licencias legales.

Hace poco, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, SIAB, advirtió que los edificios con irregularidades o que comenzaron a construirse sin licencias, pasan de 100. Se discute además si se procede al desalojo de más de 400 familias de 16 edificios con fallas estructurales. “Lo que está sucediendo es que ha habido construcciones irregulares, sin licencias, sin las debidas normas y eso ha pasado desapercibido por las administraciones locales”, dice Jorge Mendoza, presidente de la SIAB. Es la corrupción generalizada, es el poder distrital a merced de los carteles de la construcción. Es la verdad simple y llana.

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