Corrupción judicial y parapolítica

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Magistrado Bustos.

La corrupción de la justicia en favor del paramilitarismo

Hernán Camacho

Ya se volvieron costumbre en la prensa nacional los escándalos de corrupción en las altas cortes de justicia del país. A los ya conocidos eventos de compra y venta de fallos, y decisiones en beneficio propio, se suman las dádivas obtenidas a cambio de las influencias de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el aparato judicial. Pero también el interés de algunos sectores políticos para detener o torpedear decisiones judiciales por intereses particulares.

Sustraer expedientes judiciales por paramilitarismo o trabar dichas investigaciones, se convirtió en vox pópuli en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia. Ahora los reflectores de la opinión pública se enfocan al magistrado Gustavo Enrique Malo, que además de torpedear ciertas investigaciones, junto a su hija extorsionaba a trabajadores de la Rama Judicial que eran escogidos para cargos públicos a cambio de un porcentaje de su salario.

Nuevas denuncias

Se conoció en días pasados la versión del magistrado auxiliar y colaborador del despacho de Malo, José Reyes Rodríguez, quien en diligencia testimonial aseguró que existía un grupo de magistrados cuyas actuaciones eran cuestionadas. A ese grupo pertenecían los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, entre otros, amañando decisiones judiciales a cambio de cuantiosas sumas de dinero.

La especialidad de estos magistrados era conducir los procesos de parapolítica en los que se veían enredados jefes de los dirigentes políticos de partidos tradicionales. Conducía las investigaciones del senador Musa Besaile, político de la U, y quien obtuvo 70 mil votos para la Cámara de Representantes, por el departamento de Córdoba, por ser ahijado político de Juan Manuel López Cabrales, condenado por parapolítica tras confesar ser firmante del pacto de Ralito. A pesar de los testimonios de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Padilla, las investigaciones en ese alto tribunal no llegaron a la conclusión evidente: condenar a la nueva generación de parapolíticos.

Lo mismo sucedió con expedientes de jefes paramilitares que se extraviaban en los despachos judiciales con el fin de precluir investigaciones por delitos de lesa humanidad o implicaciones del paramilitarismo con los dirigentes políticos nacionales. Entre las investigaciones que adelantaba el magistrado Malo por paramilitarismo se encuentran las de Julio Manzur y Álvaro Ashton, que hasta ahora no han tenido actuaciones.

Petición insulsa

El pleno de la Corte Suprema de Justicia, le pidió al magistrado Malo apartarse de su investidura para que las investigaciones en su contra no sean salpicadas por ilegitimidad. A lo que Malo se rehusó. “El doctor Gustavo Malo Fernández anunció que seguirá en el cargo, mientras se toma un tiempo para pensar con cabeza fría si acoge o no la sugerencia de dar un paso al costado. Sin embargo, aceptó declararse impedido de inmediato para no seguir conociendo las indagaciones contra los congresistas Musa Besaile y Julio Manzur, por presuntos vínculos con grupos armados al margen de la ley”, declaró Rigoberto Echeverry.

La Corte Suprema de Justicia es consciente de la gravedad y complejidad de la situación y la solidez de la institucionalidad democrática del país para superarla. Y llamó a la Comisión de Acusaciones a actuar “con la mayor diligencia, rigor y celeridad posibles, para contar con resultados prontos que demuestren la vigencia de la institucionalidad y el orden jurídico”.

Impunidad total

Petición de la que no se espera mayores resultados. Los presidentes de la República y los magistrados de las altas cortes tienen un trato preferencial a la hora de ser investigados, incluso si estos fueran sorprendidos en flagrancia o ser acusados por delitos aún más graves, no existen los instrumentos adecuados para sancionarlos.

La presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, propuso un llamado al país para que mediante una asamblea constituyente se reforme la justicia y se puedan evitar al máximo los fueros especiales de los altos funcionarios judiciales. “Una asamblea nacional constituyente que le entregue al país nuevas instituciones alejadas de la manguala que hoy tienen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial por intercambiar favores e impunidades”, le dijo a VOZ la dirigente upeista.

Siguen los tentáculos de complicidad entre el paramilitarismo, los políticos y la justicia. Una situación siempre denunciada pero solo conocida por los escándalos de corrupción de la clase dirigente del país.

@camachohernan 

12 Comentarios

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