Control político y cultura criminal

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Líderes en el país piden garantías para hacer política.

La participación político y electoral en las regiones, está hoy amenazada por grupos armados. Este es el espejo de la ya denunciada persecución a los líderes sociales. Sin importar ideologías, la política criminal no tiene freno

Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada

El día que el presidente Iván Duque, dio a conocer al país su “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad”, para la implementación en los cuatro años de su gobierno, evidenciaba la retoma de la estrategia y acciones desarrolladas por la otrora Política de Seguridad Democrática, PSD, de Álvaro Uribe Vélez, política que se centraba en recuperar la seguridad, intervenir la convivencia y los conflictos sociales a través del ejercicio militar.

Asimismo procura recuperar el orden público, la seguridad y elevar la moral de las Fuerzas Militares debido a la estrategia de mano blanda, según Duque, tan devastada en el marco del gobierno anterior de Juan Manuel Santos. Cabe recordar, que, en el marco del proceso de paz, el llamado de la sociedad civil y de quienes optaron por la salida negociada al conflicto, era a desescalar la guerra para avanzar en el proceso de paz.

Luego de transcurrido un año de la posesión presidencial de Duque Márquez, las promesas del restablecimiento del honor militar, se fue “instaurando” con grandes cuestionamientos, luego del nombramiento de la nueva cúpula militar, la cual viene siendo investigada por crímenes de lesa humanidad, corrupción y malos manejos internos que desprestigian dicha institución, además de la expedición de órdenes de altos mandos militares que dejan en entredicho la seguridad de la población civil. Se puede decir, que, en un año de gobierno, no solo no se recuperó el honor militar, ni la seguridad del país, sino que, por el contrario, las instituciones llamadas a cumplir dichas metas cada día caen en un deterioro de la imagen y la credibilidad de su presidente.

Claudica la política de seguridad de Duque

Según fuentes de Medicina Legal, entre el año 2012, en que inicia el proceso de paz y en el 2017 en vísperas de terminar el periodo presidencial del pasado gobierno, las muertes violentas en el país y en los territorios en donde se presentaba una sistematicidad de muertes bajo diferentes móviles armados, mermó, pero repuntó en el 2018. Para el 2012 la cifra de homicidios era de 15.727, para el año de 2017 de 11.373 y en el 2018 la cifra fue de 12.130.

De acuerdo con un documento del presente año elaborado por la organización Paz y Reconciliación, desde la firma del Acuerdo de Paz a la fecha, organizaciones que han sido sucesoras de los grupos paramilitares como el Clan del Golfo se ha expandido a 26 municipios. “Tiene 2.500 hombres en armas, redes de apoyo territorial y una fuerte herencia de las estructuras paramilitares que existieron en el país. Está presente en 276 municipios y con cuatro estrategias de consolidación: venta de franquicias, confrontación armada abierta, persuasión económica, a través de pagos a los reclutados y violencia selectiva, como asesinar líderes sociales”.

El mapa del aumento del pie de fuerza militar en el país presenta coincidencias con las regiones en las que más se ha venido generando algún tipo de violencia sistemática contra la población civil y los líderes sociales, aún más, si la comparamos con quienes desde el 27 de julio aspiran a llegar a ocupar algún cargo público en sus municipios o departamentos, han sido víctimas de amenazas, atentados, secuestros o asesinatos selectivos, etc.

Ese mapa se puede leer en el informe de la Misión de Observación Electoral, los departamentos del Cauca, Sucre, Bolívar, Antioquía, Arauca, Norte de Santander, Cordoba, Chocó. Dentro de casos más lamentables para el país, está el de la candidata a la alcaldía de Suárez, en el Cauca, Karina García Sierra, quien fue asesinada junto al aspirante al Concejo de esa localidad, Yeison Obando y otras cuatro personas más de esta campaña. El ataque del que fueron objeto se hizo por medio de armas de alto poder, granadas y ráfagas de fusil cuando se movilizaba por zona rural del municipio. Con este crimen son ya seis candidatos asesinados, y según la misma MOE, se igualan a la cifra de homicidios de aspirantes durante la campaña de 2015.

Al cierre de las inscripciones de los aspirantes el pasado 27 de julio, se habían reportado 12 candidatos a alcaldías, 10 candidatos al concejo, uno a la gobernación y uno a asamblea amenazados y violentados. Hoy, esa cifra continua en aumento, sin que la seguridad prometida con el redoblamiento de la estrategia militar del actual gobierno se de.

Desmantelar el crimen y la parapolítica regional

Desde la llegada del nuevo gobierno las mismas organizaciones defensoras de derechos humanos, lo han instado a frenar el avance de las acciones de los grupos al margen de la ley, a quienes se les ha indicado de estar ligados a acciones que pretenden mantener el control territorial, del procesamiento de la coca, y de la instauración de una política de control social y coercitiva en los territorios.

Las denuncias de líderes sociales, y las versiones de los mismos exjefes paramilitares, hablan de que el país estaría transitando por una nueva etapa de la parapolítica. Las regiones en donde hoy existen amenazas a las campañas políticas de diversos partidos y en donde no cesa la violencia política contra la población civil, son la prueba de dichas prácticas.

Solo por mencionar un caso, el desmovilizado paramilitar, Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano”, hoy cobijado por la ley de Justicia y Paz, aseguró que dos aspirantes a la Alcaldía de Cúcuta habrían financiado su otrora organización criminal a través de sus empresas. En estas acusaciones aparecen Iván Gélvez, candidato del Centro Democrático, y Hernando Acevedo del Movimiento Alternativo Democrático, quien es propietario de la empresa de transporte público, Trasan.

El exjefe paramilitar ha expresado que, este político regional, “participó abiertamente en la financiación de grupos de autodefensas y cuyo representante sorpresivamente es candidato. Él me ha amenazado con perder los beneficios por decir mentiras, pero yo no tengo interés de perjudicar a nadie”. En estas acusaciones también ha sido mencionado otro político regional, Gélvez, quien se enaltece de su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y cuya familia es la dueña de la Ferretería El Palustre.

Por su parte, y luego de una visita que la Comisión de Paz del Congreso, en cabeza de los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras, realizaron al municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba, advirtieron que, “en las reuniones que sostuvimos quedó puesto en evidencia que hay, no solamente un resurgimiento de grupos paramilitares, sino que también hay complicidad con actores políticos. Esa fue una de las primeras denuncias que hicieron los líderes sociales”, expresó Cepeda.

La modificación de la política de seguridad y defensa ha implicado volver a la guerra, a la ordenanza de mostrar resultados militares, mal llamados “positivos”, y premiar a quienes los cometen, sin que esto repercuta en el debilitamiento de las organizaciones señaladas por la misma población civil como las responsables de este modus operandi. Las comunidades han llamado al gobierno a construir, tal y como lo indica el Acuerdo de Paz, una política para la protección de los líderes sociales y de los territorios con la anuencia de la misma población y de las víctimas. Hasta ahora, esta política ha quedado en protocolos de seguridad que no superan los formatos para adjudicar chalecos antibalas o camionetas con escoltas.

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