Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República
Hay quienes hablan del exterminio de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano como un hecho del pasado, pero la verdad es que la ofensiva criminal contra sus militantes nunca ha cesado y la restitución de la personería jurídica y la reaparición de la UP en el escenario electoral han desatado una nueva oleada de amenazas, atentados y asesinatos, no solo contra la UP sino contra otras agrupaciones de izquierda.
La Marcha Patriótica denunció recientemente que en menos de dos años de existencia le han asesinado más de 20 militantes y son de público conocimiento las amenazas de las bandas paramilitares contra la Unión Patriótica, la Marcha Patriótica, el Colectivo José Alvear, la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA) y otras organizaciones y dirigentes políticos y sociales de izquierda.
El pasado 23 de febrero, en el departamento de Arauca, uno de los más militarizados del país, cuando se movilizaba entre Fortul y Puerto Jordán fue atacada a tiros por varios individuos que se transportaban en motocicleta la caravana de la candidata presidencial por la Unión Patriótica, Aída Avella, y del candidato al Senado Carlos Lozano Guillén, resultando seriamente afectado uno de los vehículos con numerosos impactos de bala, hecho que demuestra que las amenazas proferidas días antes son en serio.
El atentado ha sido condenado por los más amplios sectores de la opinión pública, mientras el gobierno, como ya es costumbre, asume posiciones contradictorias. El Presidente de la República anunció instrucciones de proteger a la compañera Aída “con todo lo necesario” e investigar lo sucedido y entregar resultados, pero el director general de la Policía, en unas insólitas declaraciones, afirmó que los disparos se hicieron desde dentro del vehículo afectado, de manera que no sería raro que resultaran concluyendo que no hubo atentado. Es la vieja práctica de desviar las investigaciones para que los culpables de los crímenes no respondan ante la Justicia.
Rechazamos de la manera más enfática el atentado cometido contra los compañeros Aída Avella, Carlos Lozano y sus acompañantes y nuevamente exigimos que los anuncios del gobierno de otorgar garantías iguales para todos los candidatos y organizaciones políticas se traduzcan en hechos.
Además, precisamos que las garantías no deben limitarse a medidas de protección de los candidatos, sino que deben extenderse a los demás aspectos de la campaña electoral, a fin de evitar que el poder del dinero, el tráfico de influencias, el clientelismo, la compraventa de votos, el constreñimiento de los electores y otros delitos propios de la politiquería tradicional no resulten torciendo la voluntad de los ciudadanos.
Les expresamos a los afectados por el atentado nuestra más firme e incondicional solidaridad, demandamos de las autoridades establecer la verdad de lo ocurrido y castigar a los culpables y llamamos a la opinión pública a respaldar con mayor firmeza que nunca a nuestros candidatos, porque consideramos que esta es la mejor manera de responderles a las fuerzas ultraderechistas que se agazapan detrás de este acto criminal.
Bogotá, D.C., 24 de febrero de 2014
