Contexto y rechazo a las actuales amenazas contra la Unión Patriótica

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Anamaría Ramírez Ortíz

La Unión Patriótica nace de un proceso de paz en la década de los años 80´s como una propuesta política y alternativa en Colombia después de décadas de confrontación armada y luchas sociales en la sociedad colombiana. Este partido político ha representado unquiebre en la política tradicional bipartidista de la democracia colombiana. Convirtiéndose en una apuesta política de esperanza para la construcción de una paz con justicia social. Este acumulado de luchas y reivindicaciones sociales fue truncado por sectores reaccionarios de la sociedad colombiana que históricamente han visto a la paz como un enemigo inmediato que va en contravía de sus intereses.Así se desató el más funesto y penoso episodio de genocidio político en la historia reciente de Colombia.

La esencia fundamental del nacimiento de la UP se debía a dos importante características: La primera, en razón de quela clase política hegemónica no solucionaba problemas profundos de la sociedad colombiana, en sus necesidades históricas para el desarrollo social como garantizar derechos económicos y sociales. Segundo, porque en razón de las exigencias y luchas organizadas de los campesinos, indígenas, obreros, estudiantes y demás sectores sociales inconformes; esta clase política colombiana respondía con prácticas  criminales y propias de un Estado policivo-criminal. Es de resaltar, que este Estado policivo[1] venía engendrando un proyecto paramilitar con el fin de mantener normalizada a la sociedad colombiana y funcional para la clase política gobernante y tradicional.

Es importante recordar que la Unión Patriótica se conformó en el marco de un proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Belisario Betancourt. Se caracterizó por representar a quienes históricamente habían sido excluidos para realizar ejercicios de democracia. Por lo tanto, fue la propuesta política alternativa que se realizó a la sociedad colombiana en la década de los años 80´s  para participar en la democracia electoral. Sin embargo, la Unión Patriótica, desde su surgimiento, comenzó a vivir la persecución sistemática que resultó en un proceso de aniquilamiento de su estructura humana y de su ideario e imaginario político. En el caso de la UP se resaltan las características de un proceso de aniquilamiento organizado por fases y planes contra la dicha organización y ejecutado por la institución militar del Estado y  los grupos paramilitares denominadas Autodefensas Unidas de Colombia[2].

En la preparación del Genocidio contra la Unión Patriótica se realizaron acciones sistemáticas por medio de fases: “Fase del debilitamiento de todos los niveles organizativos del movimiento, 1984-1992. Fase del “golpe de gracia” al movimiento y de la normalización social del genocidio, 1992-2002. Fase del exterminio de los sobrevivientes, de 2002 hasta el presente”[3]. Los planes de exterminio se denominaban como: operación baile rojo, plan golpe de gracias, plan retorno y plan esmeralda[4].

En este sentido, es importante preguntar: ¿En qué consistió la operación baile rojo, el plan golpe de gracia, el plan esmeralda y el plan retorno? Estos fueron los ejercicios sistemáticos realizados por el Estado y el paramilitarismo para evitar el fortalecimiento político del partido; aniquilar sus bases sociales; generar terror en las regiones por medio de masacres, asesinatos selectivos y finalmente la realización de un negacionismo total de la Unión Patriótica como proyecto político alternativo en Colombia. La Operación Baile Rojo tenía el objetivo de “socavar el lento avance del proceso de paz evitando el posicionamiento político de los líderes upeistas”; el Plan Golpe de Gracia se encargó de “aprovechar la disposición de la justicia de orden público que permite los testigos sin rostro, con el fin de desprestigiar a la UP y asesinar dirigentes nacionales como regionales de la izquierda”; el Plan Retorno, “asume un carácter regional…para desvertebrar el poder político que tenía la UP” en regiones como Antioquia y Meta[5].

Han pasado tres décadas desde el nacimiento de la Unión Patriótica y posterior aniquilamiento. El acuerdo de paz con Belisario Betancourt fue un fracaso político e histórico por los continuos incumplimientos del gobierno que posteriormente sucedió Virgilio Barco. Al igual que otros sectores de la sociedad que venían siendo perseguidos y aniquilados, como en el caso de la organización ¡A Luchar! que además, representó una  persecución directa al sindicalismo en Colombia.

En las siguientes décadas a los años 80´s la guerra política se mantuvo en el plano nacional y regional con la presencia de estructuras paramilitares heredadas del fortalecimiento del narcotráfico, dominantes desde los años 80´s y operando en conjunto con la Fuerza Pública de los gobiernos de Cesar Gaviria,  Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Las continuas acciones contra los derechos humanos en Colombia y contra la izquierda y sus líderes han sido presentadas en diferentes informes internacionales. Se han hecho continuas denuncias sobre la responsabilidad del Estado por acción y por omisión, pero no cesa la violencia política y estructural contra la izquierda y las organizaciones sociales. Posterior a las conversaciones realizadas entre las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana se monopolizó un discurso que tuvo lugar en los 8 años de gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. Este discurso  desarrolló la política de terror y militarización contra todos los sectores de izquierda en nombre de la lucha contra la insurgencia. “…lo que engendra todo el discurso de la seguridad democrática, de una legislación antiterrorista y de la exigencia de mayores poderes al Ejecutivo y a la fuerza pública por lograr la “salvación” del país por parte del presidente”[6]. Discurso queseñalaba a  las organizaciones y defensores de derechos humanos de hacer parte de la insurgencia y, en el caso de la UP, se asumió este mismo argumento para justificar la violencia y el genocidio político.

En el año 2013 le devuelven la personería jurídica a la Unión Patriótica por medio de un fallo del Consejo de Estado. En este fallo se resalta que para la Unión Patriótica no aplicaba la ley establecida que plantea la pérdida de personería, si en las últimas elecciones no se logra un mínimo de cincuenta mil votos o una curul en el Congreso ya que; “…El partido venía sometido a genocidio, a una forma sistemática de ir eliminando a candidatos, a militantes…”[7]. Con este hecho y contando en el desarrollo de un proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos se reabre el debate en cuanto a las garantías de participación política             que se encuentran establecidas en el punto 2 y 3 del Acuerdo de La Habana. La participación política es un aspecto fundamental para la construcción de paz en Colombia y fortalecimiento de su democracia.

La democracia no puede limitarse a existir en un escenario formal, debe ser un ejercicio  central para el poder constituyente, que en el caso de Colombia ha sido sometido a la política hegemónica y criminal. Las garantías de participación política permiten comenzar a superar una de las causas del conflicto armado como es la persecución al cualquier actor colectivo, organizado y oponente al Estado y al gobierno colombiano. La Unión Patriótica reclama ese derecho esencial de existir como proyecto político alternativo y como víctima de la falta de garantías de participación, al ser un partido político que ha sido silenciado por el terror y el aniquilamiento sistemático.

Sin embargo, la Unión Patriótica se ha resistido a olvidar la responsabilidad del Estado y de sectores de la sociedad que estuvieron comprometidos con el aniquilamiento. También se resiste a aceptar  una reparación de “migajas” desde lo propuesto por la ley de víctimas y restitución de tierras en cuento a la reparación colectiva, pues ese tipo de reparaciones del Estado colombiano no representa en lo mínimo el daño causado al aniquilar a la mayoría de sus militantes, dirigentes y representantes en las instancias públicas. Tampoco renuncia a exigir verdad, responsabilidad y resarcimiento de derechos vulnerado al Estado colombiano. En este sentido, desde el momento en que le devuelven la personería jurídica a la Unión Patriótica, esta vuelve a participar en elecciones como colectividad sobreviviente al genocidio, pero también con una nueva generación de upeistas que pretenden reconstruir un partido, que desde la década de los años 80´s, fue objeto de aniquilamiento político y que hoy trata de reconstruir esa memoria desde el mismo momento en que renace la esperanza como partido político.

La actual amenaza que se hace contra los dirigentes de la Unión Patriótica, en especial contra su dirección nacional, representa las acciones y a los actores que desde la fundación del partido vienen persiguiendo y estigmatizando a la organización. Son los mismos que se pronunciaron 8 años con discursos que justificaban el genocidio contra la Unión Patriótica y son lo que se oponen a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

La actual amenaza contra la Unión Patriótica hace parte de esta historia de persecución y de dos posibles razones de la coyuntura política reciente:en primer lugar, el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana que ha significado la reactivación de prácticas de aniquilamiento contra líderes sociales, continuas amenazas a las organizaciones sociales y estigmatización a todo el que defienda los acuerdos. Son amenazas que por lo general inician con los discursos guerreristas de la ultra derecha y se desarrollan con prácticas criminales como las que realizan las agrupaciones sucesoras del paramilitarismo, en este caso particular,las denominadas Autodefensas Gaitanitas de Colombia. Es una amenaza que se realiza en el marco de la aprobación e implementación de  herramientas legislativas para garantizar la participación ciudadana desde lo que se viene desarrollando con Voces de Paz y diferentes parlamentarios.

La segunda razón, corresponde a identificar una amenaza contra quienes representan la  dirección actual del partido  UP y que posiblemente tendrán un protagonismo en la contienda electoral próxima. Estas características evidencian la continuidad de una práctica criminal contra la Unión Patriótica y contra sectores de la izquierda colombiana y de la sociedad que son masacrados por la Fuerza Pública, como ha sucedido en los últimos días en Tumaco. Pretenden dañar lo que  hasta ahora se ha logrado con el Acuerdo de paz de La Habana para mantener el escenario de terror y normalización social.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos-CPDH y las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos se han pronunciado en contra de estas amenazas. Por lo tanto se exige al gobierno colombiano que garantice la vida de los dirigentes e integrantes de la UP, pero también se espera que actúen para evitar la continuidad de una nueva fase en el proceso de aniquilamiento contra la UP y contra la izquierda en Colombia. El llamado también es a la sociedad colombiana para no permitir que se realice un negacionismo socio-moral a las responsabilidades que tiene el Estado y sectores que promueven el paramilitarismo y la criminalización contra la izquierda y contra la paz.

La aprobación que se ha realizado en el mes de septiembre para constitucionalizar la prohibición del paramilitarismo debe reflejarse en acciones concretas de reproche a dichas prácticas y discursos que desde sectores sociales,  tanto legales como ilegales, aún se promueven a favor del paramilitarismo y justifican el genocidio. Por otra parte, no hay confianza en un Estado-policivo que criminaliza a las comunidades en las acciones propias de la implementación del acuerdo de paz. En este sentido también es un llamado que se hace al Estado colombiano para que cambie las prácticas de su Fuerza Pública, pues hasta ahora, se mantienen las prácticascriminales por parte de esta institución contra las comunidades, organizaciones políticas y defensores de derechos humanos.

[1]Zaffaroni Eugenio Raúl. “Crímenes de Masa”. Ediciones Madres de Plaza de Mayo. Buenos Aires Argentina. Pg. 37

[2]Cepeda Castro, Iván. Fundación Manuel Cepeda Vargas. Genocidio Político: el Caso de la Unión Patriótica. http://www.desaparecidos.org/colombia/fmcepeda/genocidio-up/cepeda.html Iván

[3] Ibídem

[4]Rodríguez Navarrete Martín Emilio. “Podrán Matar la flor pero no la primavera. Genocidio de la Unión Patriótica”. Pg. 135.

[5]Ibídem. Pg. 123.

[6] Oviedo Hernández Álvaro,“Memoria y Luchas Sociales”. Ediciones Izquierda Viva. Bogotá. Pg. 126.

[7] Consejo de Estado. Magistrado Ponente Alfonso Vargas. 2013.

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