Consecuencias y reacciones frente a decisión de la Corte Constitucional

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Sala plena de la Corte Constitucional. Foto archivo.

En la noche del miércoles 17 de mayo, la Corte Constitucional le atinó uno de los golpes más graves al proceso de implementación de los Acuerdos de Paz en el Congreso de la República. En una decisión imprevista, el alto tribunal declaró como inexequibles los apartes del Acto Legislativo que permitían mayor agilidad al paquete de reformas necesarias para cumplir los compromisos adquiridos en los Acuerdos. Un golpe mortal al mecanismo Fast Track, a la implementación y las reformas.

En concreto la Corte tumbó dos apartados del Acto Legislativo considerados como imprescindibles: 1) Para la Corte, el espíritu de no modificar los proyectos de ley y el Acto Legislativo en materia de implementación de lo acordado en La Habana, no se ajusta a la Constitución Política. Y 2) La metodología planteada por la norma que establecía que “en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno Nacional, en una sola votación” también fue declarada inconstitucional porque interpreta que violenta la separación de poderes y la capacidad deliberativa del Congreso.

Con este fallo se identifica por lo menos dos dificultades en el proceso de Implementación.

  1. Los tiempos no dan y la elite parlamentaria dilata

La preocupación por los tiempos existía incluso sin fallo de la Corte. Lo que se ha experimentado desde el comienzo de la Implementación en el Congreso, es la actitud de los parlamentarios por atrasar, posponer y dilatar las reformas previstas para dar cumplimiento a los compromisos pactados. Con la decisión de tumbar la metodología de votación en bloque, se estimula y se potencia la actitud parlamentaria por dilatar las reformas, si se tiene en cuenta que el mecanismo Fast Track es de tiempo limitado y el paquete de reformas es voluminoso.

  1. Incertidumbre con la implementación

Aunque se han dado pasos mínimos en la Implementación, como la Ley de Amnistía e Indulto o la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz (que debemos recordar, fue modificada por el legislativo de manera conveniente y en contravía a lo pactado), aun falta casi que el 80% de la implementación con puntos muy sensibles del acuerdo final. Es el caso de la Reglamentación de la JEP, la Reforma Rural Integral, la Comisión de la Verdad, la Reforma Política, etc.

Con la posibilidad que abre la Corte en que la discusión sea artículo por artículo, que el parlamento sea deliberativo y pueda intervenir en el articulado, estaríamos asistiendo a una renegociación. Esto implica que el espíritu progresista y modernizador del Acuerdo pueda verse truncado, deformado o anulado por una elite parlamentaria que ha demostrado no estar interesada en los cambios institucionales, políticos, sociales y económicos que derivan del texto acordado.

Reacciones

Las reacciones de la insurgencia, como de los sectores democráticos y sociales no se hicieron esperar. El comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, hizo un llamado a la guerrillerada para que desde este momento se declaren en Asamblea Permanente en las distintas Zonas y Puntos Transitorios donde actualmente se concentran.

Por su parte Iván Márquez, jefe de la Delegación de Paz de las FARC, hizo un llamado al máximo mandatario colombiano para que haga uso de sus facultades constitucionales y saque adelante el proceso ante las nuevas dificultades.

Jairo Estrada, vocero en el Senado de Voces de Paz, hizo un llamado a la movilización ciudadana como único camino para sacar adelante la implementación de los acuerdos.

El secretario general del Partido Comunista, Jaime Caycedo, también se pronunció de manera enfática, ya que recordó el carácter conservador de la Corte y su vocación por representar el viejo país que se niega a morir ante la posibilidad de una Colombia en paz y democrática.

De igual forma una fuente de las FARC-EP le dijo a VOZ: “El presidente tiene la potestad y las facultades constitucionales  para evitar estragos en el proceso de implementación. La pelota la tiene el Gobierno Nacional y debe hacer un esfuerzo por cumplir el acuerdo. El acuerdo es una herramienta para el pueblo colombiano”.

Una cosa es segura en este nuevo momento que afronta el proceso de paz y su implementación, la decisión de la Corte tiene consecuencias nefastas para el proceso y le apunta al corazón del acuerdo. Es un atentado contra una herramienta de paz que ya no es de las partes sino del pueblo colombiano.

1 Comentario

  1. Esas son marrullas de los Magistrados de la Corte Constitucional para torpedear el Acuerdo de Paz en curso.
    Si lo que sentencia la Corte fuera cierto, entonces porque permitieron que Álvaro Uribe en su primer mandato presidencial, en contubernio con los congresistas, reformaran el ‘Articulito’ 35 de la Constitución Nacional para seguir consecutivamente un segundo mandato.
    Por qué las reformas tributarias, que tanto daño le hacen a la economía de los Colombianos de escasos recursos, sí el Congreso las vota en bloque a pupitrazo limpio. Hay muchos otros ejemplos patéticos, y a esos la Corte Constitucional no les pone objeción alguna, los pasa de agache.

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