Conquistas y deudas de la Ley ‘Rosa Elvira Cely’

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Según la Fundación Feminicidios Colombia, en el año 2021 se han perpetrado 42 feminicidios y ocho tentativas de asesinato. Foto @Cosmecastell

El feminicidio es la expresión más violenta de la discriminación, la desigualdad y las relaciones asimétricas de poder a las que estamos sometidas las mujeres

Martha Bolívar
@marthabolivarUP

Partamos por reconocer que a pesar del profundo carácter patriarcal que aun gobierna el espíritu del derecho en general, nos encontramos con que la tipificación del delito de feminicidio en Colombia es un paso gigante en el camino por la reivindicación de los derechos de nosotras las mujeres y un triunfo político del movimiento social.

La discriminación que las mujeres hemos sufrido históricamente no solo en las relaciones sociales y económicas, sino también ante la Ley, hace que no tengamos en general un acceso ni formal ni material a la justicia.

Tipificación

El derecho a la vida y a una vida libre de violencias por el que luchamos las mujeres ha ganado un lugar en la agenda pública, a punta de acción política, visibilización y movilización. Quedan atrás los momentos en que el Derecho Penal colombiano establecía como un atenuante del tipo penal del homicidio “la ira y el intenso dolor”, interpretado por años como la licencia para matar por celos o el sustento de interpretaciones jurisdiccionales que literalmente disponían de la vida de las mujeres como objetos subordinados a la voluntad de los hombres.

El feminicidio en cuanto hecho social, económico, político y cultural, es reconocido legalmente como un delito independiente y autónomo, que consiste en admitir que, “quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género … incurrirá en prisión”. Tipificación que es y será una conquista formal si no se garantizan las acciones y recursos públicos que permitan erradicar la violencia contra las mujeres, puesto que, aún es un hecho plausible que los operadores jurídicos tanto administrativos como jurisdiccionales no han interiorizado la particularidad del enfoque de género a la hora de administrar justicia, en detrimento de lo mandatado en el artículo 11 de la Ley 1761 de 2015, también conocida como Ley ‘Rosa Elvira Cely’.

Sin datos oficiales

En 2018 fueron asesinadas 960 mujeres, el 32% de esos asesinatos ocurrieron en el espacio privado (314) y al menos el 13% de estas mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja (132), por la circunstancia del hecho 73 casos han sido calificados por el Instituto de Medicina Legal como feminicidios.

En la audiencia pública llevada a cabo el 22 de febrero de 2021, convocada por la Comisión Legal de Equidad de Género del Congreso y liderada por la senadora Aída Avella, se informó de la documentación de 42 feminicidios y ocho tentativas durante el 2021 por parte de la Fundación de Feminicidos de Colombia.

Para la audiencia Medicina Legal no presentó los datos consolidados del 2021, situación criticada por las participantes de la audiencia. Informó que el número de mujeres asesinadas durante el 2020 fue de 865, comparado con el 2018 hay una leve disminución.

Respecto a las cifras hay una fuerte discusión pues Medicina Legal ha desmejorado la calidad del seguimiento al fenómeno, al parecer debido al cambio de directivas y personal que podría interpretarse como una intención política de manipulación y cooptación de la justicia emprendida por el gobierno de Iván Duque.

Así mismo la Policía Nacional no tiene datos, pues en su enfoque estadístico no está la perspectiva de género, cosa similar sucede con el Sistema de Información de la Fiscalía, SPOA. Por lo que la documentación y seguimiento por parte del movimiento social de mujeres, en especial las expresiones territoriales y regionales juega un papel fundamental para hacer seguimiento y en la lucha contra la impunidad, como se constató en la audiencia.

Fuente: Medicina Legal. Consolidado 2020

Deudas institucionales

Sin duda una de las conclusiones del encuentro es que se requiere de una política criminal que detenga el feminicidio la cual debe actuar con decisión en al menos cinco dimensiones: La prevención, la investigación, la judicialización, la sanción y la reparación. Así mismo urge la implementación de una justicia de género (el Derecho como campo de disputa) que tenga como propósito eliminar las desigualdades entre las mujeres y los hombres que se producen en la familia, la comunidad, el mercado y el Estado; con enfoque restaurativo y transformador. Por ejemplo, queda hoy en ciernes el hecho de que no existe una política o ruta que permita atender la condición de orfandad en la que quedan los hijos de las víctimas y en general el daño familiar, social y comunitario que genera el asesinato de las mujeres.

La eficacia de la Ley depende también de la identificación de las barreras de acceso a la justicia y de la intervención firme frente a los dispositivos de impunidad que rodean a los feminicidios. Aun hoy, por ejemplo, está comenzando el seguimiento del cumplimento de lo mandatado en el artículo 9 de la Ley en cuanto a la Asistencia Técnica Legal, pues muchos entes territoriales aún no han desarrollado las instancias y los mecanismos de atención, protección y asistencia técnico legal a las víctimas, aunque la Ley estableció un plazo perentorio para ello. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación aún está en deuda de implementar los instrumentos, protocolos de investigación y rutas de atención idóneas para la atención de los casos.

La implementación de la Ley 1761 de 2015 (Rosa Elvira Cely), debe ir de la mano de la implementación de la Ley 1257 de 2008, (Ley por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres). De modo que las dimensiones económicas, psicológicas, sociales y culturales sean tenidas en cuenta a la hora de atajar el fenómeno de violencia contra las mujeres y se consolide un sistema de prevención aceptable.

¡Vivas nos queremos!

En el marco de la dimensión preventiva, la Ley mandata al Ministerio de Educación incluir el enfoque de género en la malla curricular y en los proyectos pedagógicos, pero aún se está a la espera de que el Ministerio consulte, concerte e implemente con las comunidades educativas, las académicas y con el movimiento social de mujeres la ejecución de tal mandato.

Es necesario que comprendamos como sociedad que el feminicidio no es, un tipo de violencia de naturaleza individual o particular, es decir no es “un asunto entre particulares”, el feminicidio es la expresión más violenta de la discriminación, la desigualdad y las relaciones asimétricas de poder, a las que estamos sometidas las mujeres. De modo que el feminicidio es por excelencia un instrumento de dominación y es un mecanismo de violencia basado en la naturalización del papel de subordinación que se le asigna a las mujeres en la sociedad y que es legitimado institucional, social, económica y culturalmente, de modo que en la medida que es un asunto que compete a la esfera pública, su tolerancia y perpetuación le convierte en un crimen de Estado.

El activismo feminista y las organizaciones de mujeres, de carácter diverso, transectorial, intergeneracional, multicultural y regional han venido construyendo espacios de articulación nacional con el objeto de atajar y erradicar la repudiable práctica del feminicidio y visibilizar la violencia de género en el país, expresiones de estas articulaciones como lo es el Estallido Feminista, convocan a la movilización nacional permanente bajo la consigna de declararnos en Luto Nacional contra la violencia machista. ¡Vivas nos queremos!

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