Congreso de mayoría “admirable”

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Instalación del Congreso de Colombia por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 20 de julio.

En un Estado liberal, como en teoría se supone es el Estado colombiano, el poder legislativo constituye la rama del poder público que debe representar los intereses ciudadanos en la elaboración de leyes y el control político. En la práctica esa no es la realidad. Al igual que la justicia y el ejecutivo, el congreso es una institución que refleja las características esenciales de las clases y grupos dominantes, con sus disputas y contradicciones internas.

La representación de los trabajadores y sectores populares, teniendo en cuenta las reglas de juego electoral comprobadamente corruptas, difícilmente alcanzan a ser mayoría. Por más cambios, conquistas y avances democráticos, el estado capitalista y sus instituciones no pierden su esencia.

De los 280 Congresistas que se eligen en Colombia, en esta oportunidad 108 en el Senado y 172 en Cámara, la correlación de fuerzas mayoritaria se mantiene en poder de los partidos tradicionales que se acomodan al ganador con tal de no perder los privilegios y el control de los recursos públicos. El más descarado de todos en esta ocasión fue el Partido Liberal dirigido por César Gaviria, que pasó de gritarle mentiroso y criminal a Álvaro Uribe, a someterse oportunistamente, sin ninguna dignidad, a su candidato presidencial.

Otros son herederos de terratenientes, familias tradicionales, clanes políticos, o voceros de gremios económicos. Algunos han sido señalados de estar vinculados a mafias del narcotráfico y grupos paramilitares, hace pocos años unos sesenta parlamentarios fueron procesados y condenados en el juicio de la llamada “para política”. Familiares, esposas, hijos y primos de algunos de ellos ocupan casi que por herencia todavía sus curules en el Congreso.

Las excepciones son muy pocos, en especial los que integran esta vez la llamada bancada alternativa por la paz, conformada por 23 congresistas, hombres y mujeres provenientes de la lucha popular y democrática. Entre ellos, 10 dirigentes de la FARC en cumplimiento del acuerdo de paz, de los cuales 2 no han podido hasta ahora posesionarse.

Con estas características generales dio inicio el pasado 20 de julio el nuevo congreso de la república que deberá legislar durante los próximos cuatro años, y con él la primera legislatura que inaugura un nuevo gobierno y una nueva etapa política en el país.

Muy a pesar de la existencia ya del estatuto de la oposición, la bancada gobiernista empezó a actuar con ventajismo y mezquindad. No permitió la participación de la oposición en las mesas directivas de las comisiones y con miedo al debate se opuso a la participación de ciertos voceros representativos como Feliciano Valencia, en la Comisión V, y Aída Avella en la Comisión VII. La mayoría impuso que Avella y Valencia llegaran a la Comisiones IV y II respectivamente.

En Cámara, el presidente de la corporación se prestó, en contra del reglamento del Congreso, a que un debate de control político al cual no asistió ninguno de los citados del ejecutivo e invitados, se convirtiera en parte de la estrategia política del uribismo por querer ocultar la responsabilidad del expresidente en múltiples delitos, entre ellos los de soborno y fraude procesal, por los cuales ha sido llamado a responder ante la Corte Suprema de Justicia.

Se ratifica así la constante histórica de unas mayorías parlamentarias a espaldas de los intereses democráticos de la sociedad con una agenda legislativa que, en cambio de gestionar la aprobación de las leyes restantes para cumplir con la implementación del acuerdo de paz, someterá al congreso y a la sociedad al desgaste de querer renegociar, limitar e incluso negar aspectos sustanciales de lo pactado.

Así mismo, a un aumento de la protesta social como reacción lógica contra el contenido lesivo de las reformas anunciadas a la seguridad social, la salud, la educación, entre otras de carácter reaccionario en el campo económico, social y político, que se quieren adobar con los discursos falsos de la lucha contra la corrupción, el aumento de la productividad y el empleo, y un diálogo social de sordos, que tendrá como principal campo de disputa y definición, junto a la denuncia en las curules parlamentarias progresistas, las calles, la resistencia y la protesta popular.

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