Conflicto en la Nacho

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Protesta en la Unidad Camilo Torres de la Universidad Nacional de Bogotá, el pasado 4 de julio.

Luego de superar un impasse en las negociaciones, los representantes de la administración de la Universidad Nacional y de los profesores y trabajadores administrativos alcanzaron un acuerdo

Redacción Laboral

A falta de un día para terminar la etapa de arreglo directo y sus dos prórrogas, se rompió la mesa de negociación entre la Universidad Nacional y tres de sus sindicatos de trabajadores y docentes.

Desde febrero pasado y en el marco del Decreto 160, las partes –administración del ente educativo, por un lado, y Sintraunal, ASPU y Sintraunicol, por el otro-, venían discutiendo y acordando puntos con base en un petitorio presentado por las organizaciones de trabajadores. No obstante las extensas conversaciones y avances, el pasado 27 de junio se rompió la negociación.

Juan Carlos Arango, presidente nacional del Sintraunal, sindicato mayoritario de trabajadores de la Universidad Nacional que afilia a 650 trabajadores del área administrativa solo en Bogotá, explicó: “Como empleados públicos en unidad con ASPU y Sintraunicol, presentamos el petitorio, pasaron las etapas de negociación estipuladas por ley, pero faltando un día para su culminación se rompió la mesa por la posición intransigente de la Universidad en temas de democracia universitaria”.

Y aunque los temas gruesos del petitorio están relacionados con salud, bienestar, deporte, recreación y participación, uno de los puntos de no acuerdo fue la exigencia por parte de los trabajadores de ser reconocidos como parte importante en el proceso educativo. Es decir, una representación en el Consejo Superior de la Universidad.

“Lo que falta es voluntad. Les hemos dicho que cuando vayan a tratar temas relacionados con trabajadores, por lo menos inviten a uno de nosotros para que por lo menos se escuche nuestra voz, y eso no ha sido posible desde hace muchos años”, comenta el presidente de Sintraunal.

Lo que no aceptan los sindicatos de trabajadores es que al tener la institución educativa un Consejo de Bienestar encargado de dictar las políticas para la comunidad universitaria, no tengan representación.

“Eso pasa porque ellos consideran que los trabajadores no hacemos parte de la comunidad académica, ya se pasó de los términos ‘comunidad universitaria’ a ‘comunidad académica’ que solo involucra a estudiantes y profesores, y no nos pueden excluir porque somos parte integral del proceso académico. Todo lo que queremos es participar en dictar políticas de bienestar para los trabajadores. Ellos dicen que el bienestar debe ser solo para los estudiantes”, explica el dirigente sindical.

Puntos económicos

Por su parte, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, dijo que hubo un talante antisindical en la comisión delegada por la rectoría. También explicó que la Universidad no aceptaba conformar una comisión laboral permanente para el personal académico, dirigida al seguimiento de la carrera docente y la solución de conflictos laborales ni acordar una metodología para formular modificaciones al Estatuto de Personal Académico.

Asimismo, que tampoco aceptaba buscar mecanismos para implementar una democracia participativa de acuerdo con los lineamientos trazados en la formulación del actual Plan de Desarrollo; ni contratar a los docentes ocasionales atendiendo las sentencias del Consejo de Estado y cumplir con los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogo, el 14 de diciembre de 2018, referidos a la formalización laboral docente.

“La solicitud sobre el reconocimiento de un incentivo económico para los afiliados a los tres sindicatos fue lo que llevó a romper la negociación, la UN no aceptó que del monto ofrecido participaran los afiliados de ASPU-UN a pesar de que la solicitud fuera un reconocimiento simbólico de $10 mil pesos por afiliado”, expresa la comunicación.

Aunque las negociaciones no involucran salarios para estos trabajadores, sí un incentivo económico para la totalidad de los sindicalizados, lo cual fue rechazado porque la Universidad quiere que el beneficio se extienda a los no sindicalizados, y esto es visto por las organizaciones de trabajadores como una política antisindical.

Al preguntársele a Juan Carlos Arango, presidente de Sintraunal, si esa petición no es excluyente, el dirigente responde que son estas organizaciones quienes negocian y que a nadie se excluye de estar en ellas. “Además, el mensaje que se envía al extender los beneficios es que no necesitan al sindicato. Eso solo le sirve a la administración”.

Sobre el mismo punto la Universidad se pronunció y explicó que frente a esa solicitud ratificó su posición de ofrecer un incentivo no constitutivo de salario ni factor prestacional, del orden de $400 mil pesos anuales para todos los empleados del estamento administrativo, con lo que no se afectaría la bolsa económica que la Universidad entregó en anteriores negociaciones. “La respuesta unánime por parte de las organizaciones fue la exigencia de que tal incentivo cobijara exclusivamente al segmento de trabajadores sindicalizados, no aceptando la propuesta de la Universidad, situación que conllevó a que se levantaran de la mesa”.

Además, invitó a los sindicatos a continuar la negociación para “evitar que se pierda el avance significativo logrado a la fecha (27 de junio), como quiera que el nivel de acuerdos asciende al 76% del total de los pliegos presentados. La comisión negociadora por parte de la Universidad mantiene su disposición a concluir este proceso con base en el diálogo constructivo y franco, que, a pesar de las diferencias, es el único vehículo que puede resolver las situaciones complejas de nuestra comunidad académica”.

Lo acordado

El 4 de julio, cuando trabajadores y docentes adelantaban mítines en varios edificios de las sedes de la Universidad en ciudades como Bogotá, Manizales, Medellín y Palmira, los representantes de los trabajadores y docentes fueron llamados a una reunión.

Luego de esta, la comisión negociadora de la Universidad dijo que con el fin de superar las dificultades propias de estos procesos, se había adelantado con las organizaciones un espacio de trabajo para lograr condiciones que permitieran culminar satisfactoriamente el proceso de negociación, definiendo sesiones de trabajo los días 22, 23 y 24 de julio próximos.

Además, expresó que la institución reitera su respeto por las organizaciones sindicales, el ofrecimiento de garantías para el desarrollo de sus actividades y reconoce el importante papel que juegan en procura del mejoramiento de las condiciones de empleo de los empleados públicos, docentes y administrativos, y es respetuosa del fuero que los cobija, de acuerdo con la Constitución Política y la ley colombiana.

Por su parte, ASPU agregó que la conciliación de textos será el 25 de julio y la firma del acta final de los acuerdos y desacuerdos, el 26 de julio de 2019.

La Universidad Nacional cuenta con alrededor de tres mil docentes de planta, aunque muchos más de manera tercerizada. Además, 2.980 trabajadores y más de 12 mil contratistas, tema en el que hubo avances en la presente negociación, puesto que se acordó hacer un estudio de los contratistas con el objetivo de ver la necesidad de la ampliación de la planta para la formalización laboral.

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