Una alianza entre empresarios y gobierno, con la colaboración de algunos dirigentes sindicales, impide evaluación del caso colombiano en la importante reunión
Redacción laboral
La delegación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, denunció que una alianza de gobierno y empresarios logro impedir que se hiciera una evaluación sobre la libertad sindical en Colombia, en la 102 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Aseguran los representantes de la CUT, Domingo Tovar y Alfonso Velásquez que los esfuerzos para que el caso de Colombia fuera examinado por la comisión de normas de la Conferencia, no alcanzaron para romper el veto impuesto por el grupo de los empresarios, quienes de nuevo amenazaron con impedir un acuerdo sobre la lista de casos, si el grupo de los trabajadores insistía sobre el caso de Colombia.
Por su parte el gobierno difundió un informe “Progresos de Colombia en aplicación del convenio 87”, donde señala 10 puntos de avances. Informe que no refleja de manera completa la realidad de obstáculos y limitaciones que enfrentan los trabajadores al momento de ejercer su derecho a crear y afiliarse a una organización sindical.
Por el contrario, la realidad de los trabajadores colombianos dice cosas muy distantes de lo expresado en el informe gubernamental. Los datos de la CUT muestran un panorama desalentador.
Violencia
En 2012 fueron asesinados 20 sindicalistas, y al menos 431 recibieron amenazas, 49 hechos de hostigamientos, 90 desplazamientos forzados, 20 detenciones arbitrarias, siete atentados de muerte y cinco desapariciones forzadas entraron a engrosar la lista de violaciones contra la vida, libertad e integridad de las y los sindicalistas. Entre el 1 de enero y el 28 de mayo de 2013, se han presentado, por lo menos, 77 casos de violaciones a la vida, libertad e integridad de las y los sindicalistas, entre ellos cuatro asesinatos, cuatro atentados y 60 amenazas.
Las medidas adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, para fortalecer la capacidad de investigación, son muy recientes, y todavía no modifican de manera sustancial las cifras de impunidad. Nuevas metodologías de investigación y de relación con las víctimas aún no se han construido. De los 2942 asesinatos denunciados desde 1986, la Fiscalía General de la Nación reporta investigaciones en tan solo 769 casos de homicidios. Frente al delito de homicidio existe un porcentaje de impunidad del 93,41%. Por su parte, el delito de amenaza, que constituye la violación más sufrida por los sindicalistas, tiene a su vez el más alto índice de impunidad con el 99,96%.
Antisindicalismo
Son muchos y frecuentes los casos en que los esfuerzos de los trabajadores para constituir una organización sindical se ven frustrados por la reacción de las empresas, que impiden, con el uso de diferentes métodos, que dichas organizaciones surjan y se consoliden. En particular, dos prácticas: el uso de pactos colectivos y planes de beneficios para debilitar y acabar con la existencia de organizaciones sindicales en empresas del sector privado; y la creación de “falsos sindicatos” para celebrar “contratos sindicales” mediante los cuales se suministra trabajadores a empresas privadas e instituciones públicas.
Los falsos sindicatos se están creando para sustituir las cooperativas de trabajo asociado, y que las cifras son alarmantes, en el año 2012 se firmaron 723 contratos sindicales y se crearon más de 400 falsos sindicatos para deslaboralizar y precarizar las condiciones de trabajo de miles de trabajadores.
Normas contrarias
El Estado en los últimos 10 años, ha sido llamado a evaluación por la comisión de normas en seis ocasiones, ha recibido una Misión de Alto Nivel en el año 2011 por la grave situación sobre violaciones a libertades sindicales. Además, la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical han formulado al menos 55 solicitudes para que se tomen medidas legislativas en temas de derechos de asociación, huelga, negociación colectiva, discriminación y precariedad laboral, déficit y poco desarrollo institucional en inspección al trabajo, ausencia de consultas tripartitas y diálogo social, etc.
Por otra parte, Alfonso Velásquez, informó sobre el desarrollo de la Conferencia, que desde al pasado sábado 8 de junio se inició la información de la comisión de expertos y el listado de gobiernos para proporcionar datos a la comisión, clasificaron a las siguientes naciones de acuerdo con vulneración de los convenios que se relacionan:
Por el convenio 87: Bangladesh, Belarús, Camboya, Canadá, Egipto, Fiji, Guatemala, Swazilandia y Simbawe.
Por el Convenio 11: Arabia Saudita, República de Corea, República Dominicana, República Islámica de Irán.
Por el Convenio 98 Grecia, Honduras y Turquía. Chad por el convenio 144, España por el convenio 122, Kenia y Rwanda por el convenio 138, Mauritania y Pakistán por el 81, Paraguay por el convenio 29, Uzbekistán por el convenio 182, e Islandia por el convenio 159.
El tema del trabajo infantil es algo que se ve con mucha importancia, a pesar del alto desempleo de los adultos, los niños en varios países no van a la escuela por trabajar.
Los asistentes comentan en voz baja que al no estar presentes las corporaciones transnacionales dificulta que gobiernos y empresarios puedan cumplir las recomendaciones de las comisiones de expertos.
