Condena por asesinato de Josué Giraldo

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La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, señaló que el asesinato de Giraldo Cardona es un crimen de lesa humanidad y una afrenta al ejercicio de los derechos de oposición política que degrada la confianza que las personas deben tener en las instituciones del Estado.

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El Estado colombiano fue condenado por el asesinato de Josué Giraldo, dirigente comunista y activista de derechos humanos, asesinado en Villavicencio, en octubre de 1996, en fallo proferido por el Consejo de Estado hace unos días.

Giraldo fue acribillado al frente de su residencia, en desarrollo de la guerra sucia contra el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica en el departamento de Meta. Cerca de dos mil militantes y dirigentes, entre ellos congresistas y activistas de derechos humanos, fueron asesinados en la más completa impunidad en contubernio de paramilitares, narcotraficantes, políticos regionales, empresarios y agentes de la Fuerza Pública para exterminar a la izquierda a nivel regional y nacional.

El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y a la Unidad Nacional de Protección a pagar más de cuatro mil millones de pesos a la familia de Josué Giraldo.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, señaló que el asesinato de Giraldo Cardona es un crimen de lesa humanidad y una afrenta al ejercicio de los derechos de oposición política que degrada la confianza que las personas deben tener en las instituciones del Estado.

Se deberá premiar cada año al grupo de trabajo, investigación u organización académica, social o popular que defienda y promueva la defensa de los derechos humanos con un apoyo económico de cien salarios mínimos para el fortalecimiento de la organización. Estos premios llevarán como nombre Josué Giraldo Cardona y se entregarán el 9 de abril de cada año con motivo de la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas” en el Centro de Memoria Histórica.

El Consejo de Estado reafirma que el exterminio de la Unión Patriótica fue responsabilidad del Estado.