El aparato represivo estatal ya es insuficiente para preservar y defender los mezquinos intereses de la clase dominante dentro de los marcos de la democracia burguesa. Esto hace que el Estado en representación de los que detentan el poder, busque como fuerza auxiliar al paramilitarismo
Joaquín Gómez
Integrante del Secretariado de Las FARC-EP
El 23 de septiembre fue el histórico apretón de manos entre el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez (Timochenko) jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), ante la presencia entusiasta de Raúl Castro Ruz, presidente de la República de Cuba.
La imagen de esta escena ocupó la primera página de todos los periódicos nacionales e internacionales. No era para menos. El simbolismo y lectura de este gesto tuvo muchos significados: reconciliación, irreversibilidad del proceso, confianza, respeto por lo acordado, transparencia, esperanza, en fin…
Tal mensaje fue reforzado con el compromiso que le arrancó el presidente Santos a Timochenko, hecho público en ese mismo escenario, de que el 23 de marzo próximo sería posible la firma del Acuerdo sobre el Fin del Conflicto. Timochenko, en su intervención, dijo, que inclusive el Acuerdo podría firmarse antes del 23 de marzo, siempre y cuando hubiera voluntad política.
El Comandante de las FARC quiso decir, entre otras cosas, que si el presidente Santos en esos 6 meses (de octubre de 2015 a marzo de 2016) desmontaba y esclarecía el fenómeno del Paramilitarismo, así como está consignado en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el sub-punto 7, del punto 3. Fin del Conflicto, no habría mayor inconveniente para firmar el Acuerdo, y la Dejación de Armas, partiendo de la idea que el problema de Justicia con el pacto del 23 de septiembre ya estaba superado. Era obvio que las 28 salvedades y el serio escollo del Paramilitarismo, no quedarían sin resolver.
Pero resulta que el Paramilitarismo se ha reactivado de manera increíble tanto en la parte rural como en la urbana. Tenemos datos concretos de la presencia masiva de paramilitares en los departamentos de Antioquia, Chocó, Meta, los dos Santanderes, Casanare y Vichada en la parte fronteriza con Venezuela, Guaviare, El Cesar, La Guajira, Valle del Cauca. En Putumayo y Caquetá tienen una operatividad especial: actúan en pequeños grupos y de civil, y en abierta complicidad con las Fuerzas Armadas.
Con la reciente muerte de Pijarvey se le hizo creer al país que se le ponía fin al paramilitarismo en el Vichada; pero resulta, que en su remplazo llegó el Flaco Martín, quien tiene estrechos vínculos con los paramilitares concentrados en la cárcel La Picota; y fuertes lazos de amistad con el ejército y la policía del área. La situación no mejoró, sino que empeoró.
Me referiré al caso de Mapiripán (Meta) por ser demasiado protuberante, donde existe una empresa palmera ítalo-española de nombre Poligrow, cuyo representante en Colombia es Carlos Vigna Taglianti. Esta empresa es protegida por 300 paramilitares, quienes actúan de manera desvergonzada: atropellan, desplazan y asesinan a la población civil en beneficio de la referida empresa, y no pasa nada, porque la empresa se confabuló con el alcalde Jorge Iván Luque Lenis para tomarse el control administrativo del municipio. Los jefes paramilitares son Edgar Pérez, conocido como Mono Pérez o “Tomate”, y Gildardo Benjumea, le dicen “El Loco Benjumea”.
El principal financiador de esta organización en los Llanos Orientales es Reynel, alias “El Gurre”, quien en las pasadas elecciones del 25 de octubre sacó 4 alcaldes: el de Granada, Acacías, Guamal y San Martín.
Todo lo anterior muestra que el aparato represivo estatal ya es insuficiente para preservar y defender los mezquinos intereses de la clase dominante dentro de los marcos de la democracia burguesa. Esto hace que el Estado en representación de los que detentan el poder, busque como fuerza auxiliar al paramilitarismo, para que actúe dentro de la ilegalidad, pero unida, como por un cordón umbilical en relación orgánica con las fuerzas estatales, para que la violencia que ejerce el paramilitarismo no resulte divorciada de la estrategia político-militar contrainsurgente del Estado, sino que sea el fruto de una planificación y coordinación entre las dos fuerzas, donde la auxiliar está subordinada a la estatal, y esta última, ceñida a las directrices de la Doctrina de la Seguridad Nacional y la concepción del enemigo interno.
Si el gobierno del presidente Santos, respaldado por las fuerzas democráticas del país y apoyado por los Estados Unidos, no es capaz en un acto de valentía, de romper los nefastos vínculos entre el poder del Estado y el Paramilitarismo, será imposible en los meses que quedan firmar el Acuerdo sobre el Fin del Conflicto, como es el deseo de todos los colombianos.
Es impensable que en esas condiciones las FARC puedan hacer Dejación de Armas, porque el concubinato entre las fuerzas estatales y los paramilitares, obedeciendo a los intereses cavernarios de un poderoso sector de la clase dominante, impedirá como ya lo ha sabido hacer, cualquier cambio positivo en las estructuras políticas y económicas del país, donde la “Guerra Sucia” o el Terrorismo de Estado, o como lo queramos llamar, en el pos-conflicto, se ensañará asesinando, no ya solamente a líderes sociales y populares como lo está haciendo hasta ahora, sino también a excombatientes de Las FARC, comenzando por sus líderes.
