Implementen una política con acciones de reincorporación a la vida social y familiar a estos compatriotas.
Rubén Darío Arroyo Osorio
La Real Academia de la Lengua Española define el eufemismo como “la manifestación suave o decorosa de palabras cuya recta expresión sería dura o malsonante…”. Así diría que la expresión recta, directa y objetiva de “habitante de calle” sería excluido, desplazado o discriminado del sistema social y político imperante.
Sin tapujo, en Colombia hay tantos ciudadanos despojados de sus derechos que los intentos de censo y las medidas paliativas no han dado una cifra objetiva sobre los mismos. Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Cartagena aparecen como las capitales que comparten de manera alarmante este oprobioso fenómeno y solo en la capital de la República se registra ya un número aproximado de 13.000 “habitantes de calle”.
El adefesio que define a estos compatriotas dice, según la ley 1642 de 2013, que es “aquella persona sin distinción de sexo, raza o edad que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto su entorno familiar”. Por la dignidad humana, la autonomía personal y la participación social y solidaridad.
Será que estas personas hacen de la calle su hábitat, voluntariamente y en pleno de sus facultades, y absolutamente libres; con ello se mostraría como un acto moral autónomo. No. Cómo ocultar que no hay libertad de elección por la asfixia de su situación socioeconómica o los mismos vicios de la sociedad alimenta, reproduce, nunca controla y menos previene en las familias, en las escuelas, colegios y universidades.
El reciclaje en un 58%, la mendicidad 34% y otras actividades 28% que complementen con la delincuencia común suman un 10,7% y juntas son las actividades que en mayor proporción representan entradas de dinero que a su vez dedican en gran porcentaje, para comprar alucinógenos. Aquí hay ancianos, adultos entre 19 y 40 años, jóvenes, niños y mujeres que, además del consumo de drogas, ejercitan la prostitución en los mayores grados de descomposición. También los hay analfabetos, bachilleres y profesionales con alta escolaridad y educación universitaria.
Entonces ¿que decir y qué hacer? A los comerciantes y las gentes que llaman “de bien” les asustan, porque vulneran sus ganancias y su tranquilidad. Piden mano dura y a veces, con devoción cristiana, que los trasladen lejos de sus negocios y de sus vistas. Los políticos en el poder organizan e implementan hogares de paso, centros de rehabilitación y desarrollo, talleres de reeducación, reparto de comidas, ropas usadas. Pura hipocresía y remordimiento. Implementen una política con acciones de reincorporación a la vida social y familiar a estos compatriotas, empecemos por no llamarlos habitantes de calle.
