La izquierda avanzada lucha por la consolidación del proceso de paz, separando su proyecto de la demagogia y la instrumentación de Santos. Sin olvidar que el enemigo principal en este caso, la ultraderecha, va a persistir en ahondar la crisis política, la polarización, el odio y el anticomunismo.
Jaime Caycedo Turriago
Secretario general del PCC
El nuevo Acuerdo, suscrito el viernes 11 de noviembre, es un paso decisivo para la concreción de la solución política. A partir de una primera lectura, las aclaraciones con relación al Acuerdo original no alteran la esencia de lo convenido, aunque hay cambios que admiten interpretación y remiten a una relación de fuerzas para la implementación, normatización y cumplimiento. Significa que el poder de turno podría modificarlo por vía legislativa, excepto en los temas de derechos humanos y DIH, incorporados al bloque constitucional.
Algunas reafirmaciones declarativas parecen reforzar las seguridades que reclaman las clases dominantes, en un compromiso que no pone en juego su dominación. Lo cual es distinto de la intención saboteadora uribista de echar abajo lo acordado y cambiar el consenso por el sometimiento de una insurgencia no derrotada y en contravía de una opinión que pide reformas sustanciales del orden económico, social, político y cultural. Por eso, acceder a nuevas revisiones o ajustes no es solo improcedente sino provocador de cara a la consciencia pro paz, mucho más activa con posterioridad al plebiscito.
El acento en la interpretación de clase fue claro en la presentación que hizo Santos del nuevo Acuerdo. Mostró el sesgo con el que opera el enfoque oficial y el riesgo de nuevos escollos por cuenta de las fuerzas del guerrerismo, que actúan dentro y fuera del Gobierno. De allí que la ambigüedad de Santos no es un discurso táctico, sino una forma esencial de demostrar la identidad política con puntos regresivos de los voceros del no, inviables no obstante en el contexto realista del Acuerdo. Saltan a la vista los intentos por afianzar la impunidad de categorías de victimarios entre los narcoterratenientes, capitalistas, altos funcionarios del Estado y paramilitares.
¿Qué implica esto para el movimiento popular por la paz? Ante todo la necesidad de permanecer con la máxima vigilancia y alerta frente a la refrendación —que excluya nuevo plebiscito—, la amnistía y el indulto, las reformas políticas y electorales, la Comisión de garantías y de no repetición, la Justicia Especial de Paz.
En segundo término, exigir la implementación sin dilaciones, el énfasis en la pedagogía de paz, la unidad, la organización y la movilización territorial en el marco de la dinámica de Frente Amplio para concretar el inicio de la fase pública del diálogo con el ELN y las garantías para abordarlo con el EPL, como lo exigen personeros y alcaldes del Catatumbo.
En tercer lugar, los enemigos de la paz intentarán dos contraofensivas, una táctica y otra estratégica. La primera para desconocer y vetar el nuevo Acuerdo con base en la dilación, la inercia jurídica y la provocación, como la empezada por Uribe y Pastrana para negar el genocidio de los comunistas y la Unión Patriótica. La segunda, para explotar el descontento social legítimo frente a la política del Gobierno y generar un rechazo indiferenciado al Acuerdo y a su implementación junto con la reforma tributaria y el infundio de la entrega del país al castrochavismo.
La izquierda avanzada lucha por la consolidación del proceso de paz, separando su proyecto de la demagogia y la instrumentación de Santos. Sin olvidar que el enemigo principal en este caso, la ultraderecha militarista, va a persistir en ahondar la crisis política, la polarización, el odio y el anticomunismo. La respuesta es la calle, los cabildos abiertos, las marchas, las vigilias de acompañamiento al cese al fuego bilateral y definitivo y la Cumbre por la Paz, el 29 y 30 de noviembre. Frente al pacto de élites que está fracasando, el pueblo construye el pacto político nacional de las bases.
