jueves, marzo 28, 2024
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Compromiso de la CIDH: Estudiarán represión contra campesinos

Organizaciones sociales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la feroz represión contra la protesta social

Agencia Prensa Rural

Varias organizaciones sociales colombianas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la brutal represión que han sufrido en los últimos meses las manifestaciones de protesta en el país.

En Washington (Estados Unidos), sede del organismo, fue expuesto el desmedido uso de la fuerza que las autoridades del Estado colombiano lanzaron contra protestas sociales como el paro agrario y popular, entre otras movilizaciones adelantadas durante el 2013.

Luz Stella Aponte, abogada de la Corporación Reiniciar, narró lo ocurrido en julio pasado en la región del Catatumbo, en donde comenzaron las protestas campesinas que fueron extendiéndose a otras zonas de Colombia, así como a otros sectores sociales.

Según relató Aponte a la CIDH, durante los 53 días de protesta hubo cuatro intentos de diálogo con el Gobierno. Pero mientras se trataba de negociar con las autoridades, la fuerza pública arremetió contra los manifestantes, causando cuatro muertes violentas.

“Unas 200 personas fueron heridas de gravedad, sufrieron tentativa de homicidio y cuatro fueron víctimas de homicidio”, informó la vocera de las organizaciones sociales.

“Hoy tememos por nuestras vidas, hay estigmatización pero, aparte de eso, la paramilitarización de la zona es una realidad, por mucho que lo niegue el gobierno”, añadió.

Las cifras

Durante la audiencia, celebrada el 31 de octubre pasado, las organizaciones sociales intervinientes informaron que, en el marco de las movilizaciones de los últimos meses, hubo al menos 15 personas muertas, más de 800 resultaron heridas y cerca de 3.000 fueron detenidas.

Franklin Castañeda, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, explicó también que las protestas sociales que han sacudido Colombia a lo largo de este año han tenido un carácter pacífico. Y aunque muchas de ellas han sido precedidas de reuniones con el gobierno, fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad con un uso excesivo de la fuerza.

“Hemos sufrido un proceso de estigmatización”, dijo Castañeda, y además explicó que, en algunas regiones llegó a haber “toque de queda de facto”.

Para el vocero de las organizaciones sociales, la fuerza pública incurrió en comportamientos irregulares para mantener el orden en las protestas.

“El año pasado 600 personas fueron arrestadas en Colombia en el marco de la protesta social, este año ya son más de 3.000”, reportó.

Respuesta oficial

El viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, trató de desvirtuar la contundente denuncia ante la CIDH con el falaz argumento de la infiltración.

“Nosotros respetamos la protesta pacífica. Pero en ciertos casos fue necesario el uso de la fuerza para contener a los terroristas que se infiltran entre los manifestantes”, alegó.

Por su parte, el embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González, expresó que “lamentamos profundamente cada una de esas muertes. No debían haber ocurrido”. El representante del Estado colombiano agregó que “no podemos entender el uso de armas dentro en una protesta pacífica”.

El presidente de la audiencia, el comisionado José de Jesús Orozco, solicitó investigar los hechos y pidió castigo para los causantes de los episodios de violencia.

Además, el comisionado advirtió de los peligros de la estigmatización social, y manifestó una profunda preocupación por los episodios de uso desproporcionado de la fuerza y por la “criminalización” de las protestas.

Orozco también instó a ambas partes (Estado y peticionarios) a aportar más información sobre los episodios denunciados.

En Nueva York

En otros escenarios también se denunció la represión contra el campesinado colombiano por parte de los organismos estatales.

Diana Nocua, de la comisión nacional de derechos humanos de Marcha Patriótica, y Olga Lucía Quintero, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo, se dirigieron a un público internacional en otros espacios de Washington y Nueva York.

Las exposiciones incluyeron una muestra videográfica de la fuerte violencia estatal contra las comunidades campesinas. Se proyectó el documental “Hijos del Catatumbo”, entre otros trabajos de periodistas independientes y alternativos.

En “Hijos del Catatumbo” se muestran claramente las crudas imágenes de la Policía disparando contra los campesinos en paro, y éstos muriendo frente a las cámaras por impactos de bala en su cuerpo.

También registra cómo las víctimas de impactos por explosivos eran rescatadas por otros campesinos, irreconocibles detrás de las cantidades de sangre.

En las intervenciones de Nocua y Quintero también se presentó la campaña por la libertad de los presos políticos “Yo te nombro libertad”. En particular, se habló del caso de Húber Ballesteros, líder sindical y vocero del movimiento Marcha Patriótica detenido en la cárcel La Picota de Bogotá.

Ballesteros, también dirigente de Fensuagro y de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA), fue detenido el 25 de agosto pasado en el marco del gran paro agrario y popular que movilizó a miles de personas en todo el país.

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