Columna libre: Las respuestas de siempre

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El ministro del Interior, Fernando Carrillo

Rodrigo López Oviedo

Refiriéndose a las protestas del Catatumbo, el Gobierno dijo que no las iba a atender bajo presión. También dijo que eran instigadas por la guerrilla. 16 días después, ante la combatividad de los campesinos, dos de los cuales ya habían recibido el tratamiento de “blanco legítimo” y otros dos lo recibirían después, se vio obligado a negociar a través de su ministro consejero para el Diálogo Social, el inefable Luis Eduardo Garzón, y después con el ministro del Interior, doctor Fernando Carrillo.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo
El ministro del Interior, Fernando Carrillo

Esa ha sido la historia de todos los conflictos que han tenido que darse entre las organizaciones y movimientos populares con el Gobierno. Mientras tales conflictos no suban de temperatura, no serán atendidos por el establecimiento.

La situación del Catatumbo ha sido siempre preocupante; pero se agravó a partir de la aparición de bandas paramilitares que pretenden desplazar a los campesinos de una zona de inmensas riquezas agrícolas, carboníferas y petroleras, además de grandes plantaciones de palma para la producción de aceite. Esta circunstancia ha convertido en víctimas de ejecuciones extrajudiciales a cerca de 10 mil campesinos, más de medio centenar están desaparecidos y los desplazados suman más de 100 mil.

Protestas anteriores en la zona, 15 meses atrás, hicieron posible la presencia del presidente Santos y su gabinete. Llevaron la promesa de la vaca y la parcela a una población que demandaba la misma atención que hoy se reclama en muchas otras partes del país, y que casi no tiene diferencia con las peticiones formuladas por los campesinos e indígenas tolimenses en el paro de octubre del año pasado: inversión social, obras de infraestructura, titulación de tierras, control a las megainversiones minero-energéticas.

Esas mismas son las demandas de hoy, pero enriquecidas en el caso del Catatumbo con la exigencia de cumplimiento a los dictados de la ley 160 de 1994, que amparan la creación de las Zonas de Reserva Campesina. Y las respuestas santistas de ayer, son las mismas de hoy: seguir conversando, aunque ya con cinco ministros (lo cual constituye un triunfo, así sea formal, para el movimiento campesino), en torno a las mismas promesas incumplidas de antaño, pero eso sí, sin que se incluya el reconocimiento de la Zona de Reserva, pese a que ya se han cumplido todas las normativas legales.

Las millonarias pérdidas producidas por este paro parecen no preocupar al establecimiento. Deberían preocuparlo, entonces, el conjunto de nuevas experiencias sociales que se van acumulando, las cuales pueden volvérsele difíciles de sortear, sobre todo si se aprovechan como ingredientes para fortalecer los procesos de unidad y de organización que ya vienen cosiéndose a lo largo del país.