Rodrigo López Oviedo
Preacuerdos como los que se han suscrito en La Habana por supuesto que nos llenan de contento, pese a que el “nada está acordado hasta que todo no haya sido acordado” nos genera muchos interrogantes, especialmente al Gobierno que, con diálogos o sin ellos, debería estar empeñado en sacar al país del atraso que en la práctica reconoce al aceptarle a la organización guerrillera las demandas que están contenidas en lo, hasta ahora, provisionalmente acordado y que representan características mínimas de una sociedad moderna y democrática.
Solo dos aspectos del acuerdo deberían ser suficientes para llamarnos la atención: el relacionado con el acceso de la oposición a los medios de comunicación y el de la seguridad para el ejercicio de la política.
¿No resulta una aberración que carezcamos de tan elementales derechos democráticos y que de su inexistencia no se tenga plena conciencia en Colombia, precisamente por el monopolio que los verdaderos dueños del país ejercen sobre los medios? ¿No resulta una aberración que ese monopolio se traduzca también en monopolio del Congreso y demás cuerpos de elección popular? ¿No resulta irónico que tan importantes aspectos los esté conviniendo el Gobierno con un cuerpo armado contra el que se han utilizado los peores términos, llegando incluso a desconocerles su naturaleza política?
Hoy como mínimo deberíamos estar movilizados para que no se nos sigan negando tan fundamentales derechos, y de cuyos contenidos es la guerrilla la que está asumiendo la defensa en representación del pueblo colombiano, cuando debería ser el Gobierno el que lo haga.
Ahora preguntémonos: ¿Será que si sobre todo lo que está en la agenda no hay acuerdo, y por lo tanto nada quedara acordado, tendremos que continuar en el desamparo por parte de un Estado que ha resultado indolente ante las carencias que se han hecho tan evidentes en las discusiones de La Habana? ¿Será que nuestros líderes seguirán siendo objetivos militares del Estado y el para-Estado, ahora representado en las rebautizadas bandas criminales?
¿Los líderes del pasado paro agrario y popular tendrán que verse obligados a asumir la clandestinidad y el desarraigo a que quieren condenarlos Los Rastrojos, el Comando Niche de las AUC y demás hordas de asesinos que, como si fuera poco, ahora pregonan actuar en concordancia con alcaldes, gobernadores, Fuerza Pública, Fiscalía, etcétera?
Todo lo anterior nos impone desear que los buenos augurios se conviertan en realidades. Y como muy seguramente necesitaremos de una Constituyente para hacerlos inamovibles y de un Congreso capaz de reglamentarlos para bien, las tareas electorales deben ser las compañeras permanentes de cuanta movilización social emprenda nuestro pueblo.
