Colombia rajada en garantías para la protesta

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Integrantes del paro en la ciudad de Cali, denuncian al ESMAD como responsable de la quema de este hotel. Foto David Escobar

Misión internacional para la verificación de las violaciones a los Derechos Humanos en Colombia, confirma que hubo una crisis humanitaria y recomienda a la Unión Europea suspender la venta de armas al país

Carolina Tejada
@carolltejada

Entre los días 3 y 12 de julio, estuvo en el país la Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia, la Misión, con la presencia de 41 comisionados y comisionadas de 13 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Canadá, Cataluña, País Vasco, España, Italia, Alemania, Gran Bretaña, México, Ecuador, Chile, Bélgica, Guatemala y Ciudad del Vaticano, provenientes de diversas organizaciones.

Dicha Misión se constituyó como un mecanismo para la verificación y visibilización de las graves violaciones a los Derechos Humanos en el país. En su informe publicado recientemente y como resultado del diálogo y espacios compartidos con organizaciones de DD.HH., la iglesia, movimientos sociales, juveniles y de género, así como con representantes de entidades del Estado a nivel nacional, como la Defensoría del Pueblo y de la Comunidad Internacional, representados en diversas embajadas y de la ONU.

Aunque la Misión logró documentar un importante número de agresiones perpetradas por la fuerza pública, paramilitares y personas armadas vestidas como civiles contra manifestantes y contra personas que no participaron en las protestas, esta advirtió que “existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testificar. Esto demuestra la necesidad de continuar trabajando en la documentación de los casos por parte de las organizaciones de Colombia y por futuras misiones internacionales”.

Violaciones a los derechos humanos

Las reivindicaciones hechas por diferentes expresiones de la sociedad colombiana giraban, por un lado, en la exigencia de la implementación del Acuerdo de Paz y el rechazo a las masacres y asesinatos de líderes y lideresas indígenas, sociales, del campesinado, ex combatientes y defensoras y defensores de derechos humanos y, en de otro nivel, el “acceso a la justicia en igualdad de condiciones para todas las personas, una constante fue la necesidad de elaborar políticas públicas garantes y dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema. Garantías de procesos electorales democráticos y el derecho a la oposición”, además de las reivindicaciones propias de cada región, las relacionadas con el tema agrario y la acción colectiva disruptiva de las juventudes populares en los distintos “puntos de resistencia” del país, concluyó la Misión.

El altísimo nivel de represión, argumentó la Misión, implicó que las garantías para el derecho a la protesta asumieron un papel protagónico en las demandas de la movilización; “la defensa del derecho a la vida, el cese de la represión policial, parapolicial y militar, garantías de no judicialización, el cese de los hostigamientos, las intimidaciones y las estigmatizaciones”. Además, los pueblos indígenas ratificaron la necesidad de respetar los territorios ancestrales y el “derecho a la consulta previa libre e informada, así como la consideración de sujetos de derecho. Se recalcó la demanda urgente para la desaparición y erradicación del narcotráfico, grupos paramilitares y la corrupción”.

Talante racista y colonial

Según la Misión, el actual Gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, ha optado por una respuesta al paro nacional, una respuesta de guerra y autoritaria, caracterizada por una altísima represión y estigmatización, conversaciones y dilaciones con sectores movilizados sin una auténtica disposición para negociar.

En ese sentido, la Misión argumentó que, prueba de ello, son la vulneración y limitación de los derechos a partir de medidas como la asistencia militar obligatoria del Decreto 575 expedido el 28 de mayo de 2021 y la prohibición de todos los bloqueos en las movilizaciones. Aunado a ello, aseguran, “desde las instancias institucionales se ha promovido y ejecutado a través de las acciones realizadas, el incumplimiento del orden constitucional; expidiendo medidas propias de un Estado de excepción sin haberlo declarado”.

Lo que ha conllevado a que, desde los discursos del gobierno y de las élites políticas y económicas se ha haya generado un daño individual y colectivo a la sociedad en movilización y paro. Y, caracterizó dicho discurso como racista y colonial, tomando como ejemplo declaraciones tales, como: “el llamado que hizo el presidente Iván Duque a personas indígenas “que retornaran a sus resguardos para evitar confrontaciones” o la de la senadora del partido Centro Democrático, Paola Holguín, sobre las agresiones a los manifestantes, “dejen de llorar por un solo ojo”; entre otros.

Dentro de la población más vulnerable, según detalla la Misión, se encuentran pueblos indígenas y afrodescendientes, mujeres, población LGBTIQA+, el movimiento juvenil, las primeras líneas y las misiones médicas.

En el marco de la visita de la Misión, fueron atacados tres jóvenes afrodescendientes integrantes de las primeras líneas de Jamundí, quienes ejercían liderazgo en la Unión de Resistencias de ese municipio. “El ataque se presentó el 6 de julio de 2021, el mismo día en el que los jóvenes participaron en una reunión con funcionarios públicos, entre ellos el secretario de Gobierno del municipio (ex agente de la policía), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de denunciar las graves violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional durante la protesta. Uno de los jóvenes fue asesinado y otros dos resultaron heridos.

La visita de la misión permitió demostrar lo que se ha venido denunciando por ONG y organizaciones sociales desde el inicio del paro nacional: pocas garantías del gobierno Duque para el ejercicio de la protesta social y la violación a los derechos humanos. Por lo anterior, dentro de las recomendaciones de la Misión está la solicitud a la Unión Europea de suspender la venta de armas a Colombia, y a los demás Estados evitar inversiones destinadas al fortalecimiento de la Fuerza Pública y, por el contrario, incrementar la cooperación internacional con miras a fortalecer a las organizaciones sociales.