Colombia no termina de contar a sus muertos

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Homenaje a las víctimas de la masacre de La Sarna, Foto Prensa Libre.

En el país hay una extensa normativa en materia de garantías y de protección a los derechos humanos. Cada que ocurre una nueva tragedia humanitaria, un líder o lideresa social es asesinada, mientas el Gobierno anuncia una serie de medidas que quedan en el papel, en los discursos públicos y en los titulares de los grandes gremios de la comunicación. A la gente la siguen matando y la impunidad crece sobre sus casos  

Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada

En los informes nacionales de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han sistematizado y ampliado las denuncias de estos casos con el objeto de instar a las instituciones a garantizar medidas de seguridad efectivas, se evidencia una matriz de comportamiento en los actores que perpetran los asesinatos, amenazas, destierros, etc., en las comunidades.

Quiénes y por qué matan a los líderes y lideresas sociales

Estos grupos armados ven en las poblaciones de veredas, pueblos y barrios una mina de oro para expandir su poder, pues siempre son comunidades olvidadas, apartadas u ocultas por el mismo sistema, en donde la presencia y el control del Estado no llegan. Entonces, están ahí, con mucha facilidad controlando los territorios por medio de la coerción, imponiendo pautas de comportamiento, controlando la economía y la política local.

Sin embargo, en muchas regiones del país, estos mismos grupos encuentran dificultad para expandir su poder. Se sienten amenazados por las acciones sociales, humanitarias de las organizaciones o comunidades que protegen la naturaleza, que han sido promotores de paz y defienden los acuerdos, que construyen proyectos productivos y sociales en campos y ciudades con el fin de sacar la narco-economía de sus lugares.

Cuando las poblaciones se organizan y toman conciencia de sus derechos, planifican sus alternativas de vida, ahí en ese instante, es donde ven la necesidad de denunciar y atacar con su liderazgo, lo que no les deja “pelechar”, como le denominan algunos campesinos a la capacidad de surgir en condiciones dignas.

La connivencia de las instituciones del Estado, o funcionarios, con las organizaciones paramilitares o narcotraficantes, son las más denunciadas en el país. Así que, cuando un líder social es asesinado, no se nos haga raro que detrás del asesinato exista una lectura de: ese era una piedra en el zapato para los delincuentes.

Causas estructurales de la violencia

La violencia socio política en Colombia, ha incrementado las agresiones en contra de campesinos, indígenas, afro colombianos y excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación, y de quienes defienden la implementación de los acuerdos de paz. No es gratis que a quienes están asesinado en regiones como por ejemplo en el Cauca, Norte de Santander, Putumayo, estén vinculados a los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito. Son zonas estratégicas para la siembra, procesamiento y comercialización de la coca, y sobre todo, territorios en los que la pobreza, la ausencia de inversión social y la corrupción han hecho más precarias las condiciones de las poblaciones.

La militarización de los territorios es la única presencia del Estado. El reasentamiento de los grupos criminales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo en estos departamentos, luego del acuerdo del proceso de paz que desarmó y reincorporó a la otrora FARC a la vida civil, está cada día en aumento.

No son solo cifras, son vidas y procesos que se lleva la violencia

A febrero 25 del 2020, han sido asesinados 51 líderes y lideresas sociales. Cada persona perteneciente a una comunidad, a una organización social, a una familia. Su muerte es el mensaje de terror sobre estos grupos sociales para frenar toda acción social y de control ciudadano al Establecimiento, a los políticos o a los grupos armados. Es quebrar moralmente a una agrupación y es, ante todo, la evidencia de la ausencia de garantías y derechos por parte del Estado colombiano.

Lo mismo ocurre con los excombatientes de FARC-EP, a quienes también los grupos armados y enemigos de la paz vienen atacando. En lo corrido del año han asesinado 12 personas. Allí se incluye las dos personas que resultaron muertas en hechos relacionados con el presunto atentado contra Rodrigo Londoño, Timo. Hechos en los cuales el partido le ha solicitado aclaración a la Fiscalía. Las otras 10 personas asesinadas, se encontraban en las regiones en donde mayoritariamente también han asesinado a los líderes y lideresas sociales.

Lo cierto es que la desigualdad aumenta, la violencia persiste, el descontento social crece y mientras tanto, se lee a las mismas organizaciones decir: “De tanto contar los muertos nos vamos a quedar sin palabras: y entonces a los muertos nadie los nombrará, ¿nadie dirá nada?”.

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