Coerción y represión ante el hambre

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Descontento social y trapos rojos en Bogotá.

Aumentan las protestas sociales en Bogotá en medio de la emergencia del covid-19 ante la ausencia de soluciones y garantías por parte de la administración distrital

Carolina Tejada
@carolltejada

En la capital, según cifras de Bogotá Cómo Vamos, para el 2017, unas 925.680 personas que habitan en la ciudad, estaban en condición de pobreza y recibían menos de $265.559 al mes, y otras 183.540 personas vivían en la pobreza extrema con un ingreso mensual de $119.957. Estas cifras en el marco del gobierno de Enrique Peñalosa variaron, según su administración al final de su periodo, en Bogotá había menos personas pobres. Sin embargo, la realidad social que se observa en la cotidianidad, en los barrios populares y la periferia, es de mayores niveles de marginalidad, desempleo y desprotección social. La mayoría de la ciudadanía vive de empleos informales, del rebusque diario o de la venta ambulante.

Claudia López recibió una población de 7.181.469 habitantes, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, DANE, en el 2019. Los niveles de vulnerabilidad social y de derechos sociales como la salud, la educación, comedores comunitarios, entre otros, habían sido recortados en el periodo del gobierno anterior, situación que fue agravando las condiciones de la misma ciudadanía. El rebusque se convirtió en la respuesta a la crisis económica.

Humanidad o barbarie

Desde que se anunció la cuarentena ante la crisis del covid-19, quienes viven de la informalidad, del rebusque o de contratos que no garantizan derechos laborales dignos, expresaron, casi que inmediatamente con movilizaciones sociales y plantones, la necesidad de una renta básica que garantice un mínimo vital. Según la Corte Constitucional, el mínimo vital es «la porción de los ingresos (…) que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, la atención en salud, (…) indispensables para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana”, no solamente cuantitativo sino también cualitativo.

Sin embargo, entrada la ciudad en cuarentena, esta población vulnerable, no solo no ha logrado que el Estado le satisfaga su condición humana, lo mínimo como afirma la Corte, sino que, luego de un mes de aislamiento, las precarias condiciones económicas de la población se agudizaron. Así lo expresa un líder social de Usme que se comunicó con periodistas de VOZ: “Quédate en casa, dijo la doctora Claudia López, que allá les llegan las ayudas, pero nos quedamos en casa y aquí nos van a salir raíces y las ayudan nunca llegaron”, dice Luis Antonio Machuca.

Mientras tanto, la administración de Bogotá sigue construyendo protocolos y decretos para el control ciudadano, y los medios de comunicación a gran escala, ligados al gobierno central y a los conglomerados económicos del país, han venido creando un patológico terror, que genera discriminación y violencia social, como ya se ha venido presentando en algunos municipios, barrios de la capital y hasta hospitales, relacionados con agresiones al personal de la salud, o a quienes aparentemente portan el virus.

Al parecer, lo que se busca es desviar la atención sobre la responsabilidad del Estado para mitigar la crisis y las pésimas medidas que se han tomado hasta el momento. Tanto en Bogotá como a nivel nacional, los despidos laborales aumentaron, ampliando esa brecha de la desigualdad. Todo esto, contrario a la necesidad de crear un estado de alarma sobre el fenómeno, que conduzca a un prudente temor social para generar medidas de prevención y protección. El terror y la necesidad de control coercitivo del Estado, se ha impuesto en la capital, lejos de comprender que, en la realidad, la humanidad actúa en una lógica de sobrevivencia, se han preocupado más por contener, por vigilar y castigar el hambre.

Control y garrote

La crisis social que se desborda en medio de la realidad del covid-19, no es nueva, Colombia ha transitado bajo un modelo económico neoliberal, propio del sistema capitalista, que ha privilegiado los intereses económicos del mercado, la empresa privada y la banca, antes que la dignidad humana, de allí las brechas salariales, las desigualdades sociales y la ausencia de un sistema de salud de calidad, que no solo garantice una atención digna sino derechos laborales para quienes trabajan en el gremio de la salud, etc.

La respuesta de la actual administración a la crisis, no está al margen de un tratamiento cuyos rasgos son inherentes del mismo sistema, no son fallas o deficiencias accidentales de la intervención del Estado. Ante el hambre, numerosas familias de localidades como Usme, Ciudad Bolívar, Suba, Santafé, han salidos a protestar y la respuesta a este descontento ha sido la violencia policial, la estigmatización, e incluso un afán por buscar el enemigo de las causas de contagio, que viene recayendo sobre los operarios del sector de salud.

El jueves pasado en Ciudad Bolívar, en el barrio La Joya dos personas recibieron disparos a quemarropa por parte de la fuerza pública. Según el edil Cristian Robayo y la hermana de uno de los jóvenes heridos, en medio de un reclamo por ayudas, la Policía increpó a la ciudadanía, en el acto los uniformados accionaron una pistola eléctrica sobre una mujer embarazada y en medio del descontento social nuevamente los policías disparan, en esta ocasión con armas de fuego. Esos mismos brotes de violencia, como en una cacería de brujas se han visto en diversos barrios pobres de la capital, en donde los trapos rojos decoran las ventanas a la espera de que las ayudas lleguen.

Buscar el enemigo interno para desviar la atención

Los videos en redes sociales con denuncias de la violencia estatal, son incomprensibles ante el nivel de la necesidad. Sin embargo, lejos de que la alcaldía sostenga una interlocución con la población inconforme, la misma alcaldesa ha querido desviar las razones de las manifestaciones, incluso del comportamiento de la fuerza pública, y ha señalado a ediles de la coalición de la Colombia Humana –Unión Patriótica y, a la concejala Heidy Sánchez, de ser auspiciadora de las revueltas.

Al respecto, la concejala ha expresado por medio de un comunicado: “Nosotros no organizamos las protestas, las protestas las organiza la comunidad con hambre y nosotros acompañamos todas las acciones de la comunidad exigiendo sus derechos. No hay ninguna prueba de las mostradas que evidencie que nosotros hemos organizado algún desmán y esto se viene dejando en entredicho en las declaraciones amañadas de la administración y de algunos medios de comunicación, sobre lo que exigimos urgente rectificación”. El control, el señalamiento y la violencia policial han provocado los brotes de descontento generados por la misma crisis del sistema.

De estos señalamientos no se escapa ni el personal de la salud. En un pronunciamiento ante la persecución judicial y mediática a un médico por el presunto delito de contagio por parte de directivos del Centro Policlínico del Olaya, quienes trasladan la responsabilidad de contagio al personal de la salud, la Federación Médica Colombiana, y otras entidades lamentan que “la lógica de la guerra contra el enemigo común, que tanto gusta a nuestros mandatarios y que tantos réditos políticos produce, esté impregnando la conciencia colectiva al punto de convertir en delito de alta traición, delito de guerra, el hecho de transmitir una enfermedad transmisible. Ni los virus ni las bacterias son el enemigo”.

Igualmente aseguran: “son nuestros comportamientos y nuestro modelo de desarrollo los que producen las epidemias y es a eso a lo que se enfrenta la salud pública. No nos pase, como ya ha sucedido, que, en la lucha contra la pobreza, terminemos matando a los pobres. Que, en la lucha contra la enfermedad, matemos a los enfermos”.

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