Es un entramado conspirador que busca socavar el diálogo. De él hacen parte elementos de la extrema derecha, militares en retiro y agentes del Estado, incrustados en la Procuraduría General de la Nación y en las Fuerzas Militares y de Policía.
Editorial del Semanario VOZ
Cuando el país y el mundo celebraban la publicación de los borradores de los acuerdos parciales en los tres puntos discutidos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP en la mesa de diálogos de La Habana, el jefe de la misión gubernamental, Humberto de la Calle Lombana, denunció que sus correos electrónicos y comunicaciones estaban siendo interferidas o “chuzadas”, nombre coloquial con el que se conoce en Colombia a la acción de intervenir las comunicaciones privadas.
Hace unos meses se descubrió la red Andrómeda de la inteligencia militar, dedicada entre otras cosas a “chuzar” las comunicaciones del Gobierno y las FARC en La Habana y de intervenir correos y teléfonos de numerosos ciudadanos, entre ellos periodistas y al propio presidente Juan Manuel Santos. Aunque la Fiscalía anunció “una rigurosa investigación hasta las últimas consecuencias”, a la fecha no se conocen sus resultados.
Luego se produjo el escándalo del hacker Sepúlveda, detenido porque estaba también chuzando a los protagonistas del diálogo en la isla de Cuba, en cooperación y complicidad con organismos de inteligencia del Ejército y de la policía. Sepúlveda le entregaba información al candidato presidencial uribista, Óscar Iván Zuluaga. Aunque el hacker está detenido, aún no se conoce el estado de la investigación, ni, sobre todo, el alcance a sus cómplices en el Estado y en las huestes del uribismo.
Es un entramado conspirador que busca socavar el diálogo. De él hacen parte elementos de la extrema derecha, militares en retiro y agentes del Estado, incrustados en la Procuraduría General de la Nación y en las Fuerzas Militares y de Policía. En la campaña electoral fue abierto y descarado el apoyo del procurador Alejandro Ordóñez al candidato marioneta de Álvaro Uribe Vélez, así como de oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública. Son los enemigos del diálogo, de la solución política, de la paz estable y duradera y de poner fin por la vía civilizada al conflicto de más de seis décadas. Son los portavoces del militarismo y de la guerra contra el pueblo colombiano.
Han actuado de manera abierta y en ocasiones solapada para desestabilizar el proceso. Para nadie es un secreto que la información privilegiada que recibe el ex presidente y ahora senador Uribe Vélez proviene de altas fuentes del Ministerio de Defensa. Dicen que la entrega de las coordenadas al jefe de la patota conspiradora, acto que puso en peligro la vida de Pablo Catatumbo cuando era transportado a Cuba, la hizo el general Javier Rey, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, ahora por fuera de las filas del Ejército, después de que su nombre fue salpicado por un grave caso de corrupción.
En los altos mandos militares hay saboteadores de la paz, estimulados por las bravuconadas irresponsables del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, ficha de la extrema derecha en el gabinete ministerial, tolerado con exceso pusilánime por el presidente Santos. Hasta el punto que en los últimos días corre el rumor en los cuarteles del llamado ruido de sables. Oficiales en retiro hablan en voz baja en los cocteles y reuniones sociales de que existe mucha inconformidad con Santos porque “le está entregando el país a los terroristas”, según dicen.
La ambigüedad del mandatario y de los voceros del Gobierno lo único que hace es darle ventaja a las corrientes golpistas, aupadas por Uribe Vélez y sus amigos, expertos en este tipo de acciones subversivas, ensayadas sin éxito en la hermana y vecina República Bolivariana de Venezuela.
Así las cosas, las “chuzadas” no provienen de organizaciones irregulares, sino de fuerzas regulares incrustadas en el Estado y que actúan gracias a la debilidad del Gobierno. No son acciones inofensivas como algunos creen sino parte de un plan de mayor envergadura que incorpora la posibilidad real del golpe militar alegando que el país será entregado al “castro-chavismo”. No se trata de unos locos delirantes que dicen estupideces, sino de delirantes de la guerra, peligrosos delincuentes que le han hecho mucho daño al país, que tienen poder e influencia en el Estado.
Frente a este serio peligro la izquierda, los sectores democráticos, las organizaciones sociales y populares, deben unir fuerzas en la construcción del Frente Amplio por la paz, la democracia y la soberanía, no solo para defender los diálogos con las guerrillas, sino para movilizar a las masas y construir un proyecto alternativo de poder que le de continuidad al eventual acuerdo político de paz estable y duradera a través de una asamblea nacional constituyente que abra el camino hacia un nuevo poder ciudadano, democrático y popular.
