jueves, marzo 28, 2024
InicioEdición impresaChocó: una crisis de salud vergonzante

Chocó: una crisis de salud vergonzante

La crisis de la salud en el departamento del Chocó toca fondo sin que las autoridades departamentales y nacionales, se adelanten a buscar salidas que prevengan entre otros elementos, la muerte de niños y niñas por enfermedades curables

Carolina Tejada

Esta crisis es el reflejo de una problemática estructural que pasa por el abandono del Estado, incrementando los índices de pobreza, hambre, desempleo, y desnutrición de los y las habitantes del departamento en su gran mayoría compuesta por las comunidades indígenas y afro.

Y por otro lado, la corrupción de los gobiernos locales que han venido desangrando la bolsa pública por encima del cumplimiento de planes de gobierno que garanticen el cumplimiento de la inversión social, así como la intervención sin límites de los grupos económicos y multinacionales que, tal y como lo han mencionado en diversas ocasiones las mismas comunidades, llegan de la mano de los grupos paramilitares empeorando aun más el panorama social de la región, pues este factor insta al desplazamiento forzado, y en contra prestación de las multimillonarias ganancias que se llevan, dejan a las comunidades con grandes afectaciones sociales y ambientales.

La salud una crisis premeditada

Así lo confirmó la Defensoría del Pueblo desde el 2014, por medio de un diagnostico sobre la crisis humanitaria del departamento. Según menciona el documento en lo relacionado con la crisis en salud, “en el departamento del Chocó se vienen presentando muertes evitables -aquellas que se producen por falta de prevención o tratamiento del sistema de salud- de 95 niños indígenas declarados, 20 confirmadas, menores de 5 años, por Enfermedad Diarreica Aguda, EDA, asociada a desnutrición (…)”.

Además menciona que los problemas en salud que tiene el departamento se vienen traduciendo en que “no se garantiza la atención en salud de los menores de 5 años. Las EPS no cuentan con red suficiente para atender a la población afiliada, en ninguno de los niveles de atención. Las EPS no cumplen con su función de aseguramiento, ni de supervisión a las IPS que contratan. Existen anormalidades de contratación con medicamentos y problemas de subcontratación. Las EPS Comparta y Caprecom no cumplen con lo establecido por la norma en sus funciones de aseguramiento y prestación de servicios, lo cual debe investigar la Superintendencia Nacional de Salud”.

La presión para la búsqueda de soluciones

El pasado 26 de enero del 2015, dirigentes de Anthoc de la seccional Chocó, enviaron a la sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T760/2008, en donde la Corte Constitucional aborda varios casos en los que se invoca la protección del derecho a la salud, un folio con documentos que según el asunto “responsabilizan al gobierno nacional de la prevalente violación del derecho fundamental de la salud de los chocoanos”.

Según mencionan los dirigentes de la salud, esta inoperancia en el sistema de salud ya se había denunciado hace más de siete años, pronosticando el fracaso de las reestructuraciones, intervenciones y liquidaciones de las entidades de salud medidas adoptadas por el gobierno nacional so pretexto de dar salidas a la crisis.

En este mismo folio en donde se adjuntan más de 50 páginas de archivos relacionados con demandas y seguimiento a los problemas estructurales de la salud del departamento, la junta directiva de Anthoc le hace un llamado al presidente de la Corte Constitucional que hace seguimiento al tema de salud: “Esperamos presidente de la Sala, que su despacho a través de la comprobación de la recurrente violación del derecho a la salud, decrete las medidas necesarias para que el gobierno nos responsa por el mejoramiento de la prestación de servicios, infraestructura física, equipos médicos de última tecnología”.

En este mismo archivo se recuerda a la Sala que es necesario el pago inmediato de las ultimas utilidades generadas en la operación de los servicios asistenciales que realizó la empresa Caprecom desde el 2008 en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó y en la SES Salud Chocó, las cuales superaban para la fecha, más de 40 mil millones de pesos.

Los recursos de la salud a cambio de favores políticos

El Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, se constituye como el principal centro asistencial en salud del departamento. Este centro hospitalario fue intervenido en marzo del 2007, y según regula la reglamentación para estos casos “cuando no se disponga la liquidación de la entidad, la forma de posesión no podrá ceder el plazo de un año (…) si en ese lapso no se subsanaran las dificultades que dieron origen a la toma de posesión (…) dispondrá la disolución y liquidación de la institución vigilada” En ese orden de ideas también asegura la normativa, “sin el perjuicio de que el gobierno por resolución ejecutiva autorice una prorroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de la entidad”.

Pues bien, hoy este hospital es la entidad que más lleva intervenida por el Gobierno Nacional para su “salvamento”. Por su intervención, y dada la posibilidad de que, como dice la resolución, “el gobierno por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera”, por su seno han pasado 16 interventores designados entre la Fiduciaria la Previsora S.A. y luego nombrados como personas naturales por la Superintendencia Nacional de Salud y según aseguran los dirigentes de Anthoc “estos interventores desfilaron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y ahora también en el gobierno de Juan Manuel Santos”.

Los resultados de siete años de intervención

Esta demora en la intervención, obedece según menciona el presidente de ANTHOC, “al pago de favores politiqueros, primero se lo entregaron a los senadores corruptos del Eje Cafetero, luego a los senadores corruptos del Valle del Cauca y por último a los senadores corruptos de la Costa Atlántica. Lo peor es que la salud de los chocoanos es cada día peor, los corruptos interventores se han robado la plata de la población más vulnerable del país y no pasa nada”.

Quienes conocen la minucia de este proceso, aseguran que son falacias que inventan los interventores en el papel para mantenerse en los cargos. Un ejemplo de lo que ha generado dicha intervención lo explican los denunciantes del sindicato: “En el 2008 se hizo la entrega a Capecrom de las instalaciones de la E.S.E y se contempló como contraprestación para Caprecom un 50% de los honorarios que la Superintendencia le asignó a la Fiduciaria como agente especial, y el resto de la producción de la operación es para la atención de los gastos propios de la misma y sus excedentes se reinvertirían en el hospital. Hoy siete años después, donde se generaron unos excedentes a favor del hospital por 20 mil millones de pesos, a la fecha no le ha entrado nada al hospital. Lo peor es que es el mismo Ministro de Salud quien está en la presidencia de Caprecom”.

Uno de los últimos llamados del sector de la salud al gobierno central para solucionar la crisis hospitalaria, se hizo en el 2015, en él aseguran que mediante el Fonsaet se le asignó al hospital la suma de 5.886 millones de pesos y el ex interventor Guillermo Alonso García, después de estar informado de un falso déficit de más de 12 mil millones de pesos, únicamente ejecutó la suma de 3.076 millones de pesos. El resto del dinero se perdió, pero además se crearon nóminas paralelas de funcionarios por el mismo ex superintendente”.

Mientras tanto, la crisis continúa y los pagos a la planta del sector salud se dan de manera irregular, así como la atención y prestaciones generales de la salud al conjunto de la población chocoana continúa a la deriva.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments