A Chocó no le llegó la paz

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Mujeres indígenas de la minga interétnica. Foto Bibiana Ramírez - APR.

Bibiana Ramirez – Agencia Prensa Rural

Dos cadenas gruesas atraviesan la entrada principal a Riosucio. Nadie puede entrar o salir y son los indígenas, con sus bastones y su fuerza, quienes bloquean este sitio. Desde el 2 de mayo llegaron a este municipio unos 3.200 indígenas y unos 1.500 afros desplazados de las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí, Truandó y Domingodó.

En sus territorios las minas antipersona y los enfrentamientos entre el ELN y los paramilitares quitan la tranquilidad de los habitantes que han vivido la guerra desde el año 97 cuando tuvieron el primer desplazamiento. Desde ahí no ha parado el hostigamiento. Ahora no pueden moverse libremente por sus veredas ni cultivar, pues ya han sucedido accidentes con las minas y el fuego cruzado los asedia.

Llegaron a Riosucio con la esperanza de que el Gobierno iba a poner los ojos en ellos. Al ver que nadie se preocupaba por ese desplazamiento masivo, decidieron conformar una minga interétnica donde la principal intención era bloquear el comercio y transporte del municipio, pues estas cuencas le pertenecen a éste.

Además, decidieron tomarse el concejo, la alcaldía, la fiscalía, las gasolineras, las escuelas, y bloquear las entradas del municipio y las calles, dejando solo una para que los mototaxistas trabajaran medio día. Entre afros e indígenas, cargados de bastones, exigieron la presencia del gobernador del Chocó para tratar de dar solución, sobre todo que se hiciera un desminado militar y seguridad para el retorno.

El 5 de mayo estuvo allí, se reunió con los líderes de la minga, pero salió de afán sin dar ninguna respuesta a las peticiones de las comunidades. El bloqueo se estaba intensificando, pero al mismo tiempo se estaban presentando dificultades de salubridad y escasez de alimento, además del agotamiento de las familias.

El 9 de mayo, en Belén de Bajirá, había un consejo de seguridad ampliado, donde el alcalde de Riosucio llevó a los líderes de la minga para que expusieran la problemática, pues estaban las entidades pertinentes y también el gobernador. Este último dijo que desconocía el desplazamiento, que había ido a Riosucio por un paro, negando así que las comunidades están confinadas, pues no pueden volver a sus territorios. Es la vida la que está en juego.

Al final firmaron unos acuerdos con el gobernador, quien se comprometió a atender la problemática. Al siguiente día iniciaba el paro cívico departamental. La minga marchó nuevamente por las calles. Pero ya el 11 fue necesario levantar el paro, pues ya se estaba complicando la situación y el Gobierno no estaba prestando atención.

Algunos han decidido retornar voluntariamente, corriendo grandes riesgos. Otros se han quedado desplazados porque no hay garantías para ese retorno y los pocos que quedaron en el territorio siguen confinados.

Gran parte de la población de Riosucio apoyó la minga cerrando los locales comerciales y suministrando alimentos para los desplazados, pues casi todos dependen de lo que se cultiva en el campo. Los mismos indígenas y afros saben que la situación es competencia del Gobierno nacional, por eso pidieron la presencia del presidente.

El Chocó sigue siendo la región más desigual del país y la más apetecida por las multinacionales, por eso esa guerra no va a ser fácil de librar y menos cuando el Gobierno no reconoce que el paramilitarismo en esta región se sigue imponiendo.

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