«Al excluir al ELN de la orden de no bombardeo, queda abierta la posibilidad de hacerlo contra nosotros, en la medida en que actuamos como organizaciones hermanas. La trampa está armada».
Las FARC-EP reaccionaron con escepticismo ante el reciente anuncio presidencial sobre la suspensión por un mes de los bombardeos a sus campamentos, medida que calificaron como una dudosa generosidad, señala un mensaje reseñado hoy por informativos colombianos.
La disposición dada a conocer por el mandatario Juan Manuel Santos será reevaluada al cabo de ese tiempo y su permanencia dependerá del cumplimiento de la tregua bélica decretada por el grupo insurgente involucrado en la confrontación interna, aclaró el gobernante.
Según ese movimiento, la continuidad e intensificación de las operaciones militares contra las guerrillas activas en el país, los obligará a responder las agresiones para ser luego culpados de violar el cese el fuego unilateral, instaurado desde el pasado 20 de diciembre por su comandancia.
Al excluir al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de la disposición de no bombardeo, queda abierta la posibilidad de hacerlo contra nosotros, en la medida en que actuamos como organizaciones hermanas, la trampa está armada, subraya un comunicado de las FARC-EP, fechado en las montañas de Colombia.
En el texto el secretariado de esa agrupación rechaza las imputaciones contra Gilberto Becerro, uno de los líderes de la insurgencia, abatido el pasado lunes.
Mientras el comandante revolucionario es presentado ante los medios de prensa como un vulgar narcotraficante dado de baja en una operación policial contra bandas criminales, el cese ordenado de los bombardeos aparece como un gesto de conmovedora generosidad, que busca obligar a las FARC-EP al aplauso agradecido, agrega el documento.
Santos se ha visto obligado a reconocer la seriedad de las FARC-EP en las distintas etapas del proceso de negociaciones con su gobierno en La Habana, incluso funda sus presuntos gestos de desescalamiento o reducción del conflicto armado en la abrumadora sucesión de los nuestros, precisa la declaración.
Delegaciones de ambas partes beligerantes conversan en Cuba desde 2012 para terminar la guerra, que dura más de 50 años y perjudicó de forma directa a 6,8 millones de ciudadanos.
Pese a su discurso -añadió el pronunciamiento-, el jefe de Estado continúa ejerciendo la violencia y el terror contra nosotros y los distintos sectores populares y sociales en lucha.
Indígenas, mineros, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos son también hoy víctimas públicas de su gobierno, su generosidad no es por tanto creíble, finaliza la comunicación de las FARC-EP.
El pasado 10 de marzo el jefe de Estado ordenó detener los bombardeos contra los campamentos de esa organización, en cambio manifestó que la iniciativa no afectaría las operaciones contra el ELN.
Adicionalmente informó sobre la creación de una comisión asesora para la paz, la cual estará integrada por colombianos de distintos sectores y tendencias políticas.
Tales anuncios estuvieron precedidos por el acuerdo rubricado entre representantes gubernamentales y de las FARC-EP para iniciar un proceso de desminado en el territorio nacional, erradicación de explosivos improvisados y municiones sin detonar.
Reproducimos en su integridad el comunicado de la delegación insurgente:
Una dudosa generosidad
Desde la noche del lunes 9 de marzo, a menos de 24 horas de la alocución del Presidente Santos en torno a la interrupción de los bombardeos contra campamentos de nuestra organización, circuló la noticia sobre la muerte de Gilberto Becerro, Comandante del Frente 57 y destacado integrante del Estado Mayor del Bloque Iván Ríos de las FARC-EP.
Mientras el comandante revolucionario es presentado ante los medios como un vulgar narcotraficante dado de baja en una operación policial contra bandas criminales, la suspensión ordenada de los bombardeos aparece como un gesto de conmovedora generosidad, que busca obligar a las FARC al aplauso agradecido.
Gilberto Becerro pasaba de los treinta y seis años de pulcra militancia guerrillera, nada más falso y perverso que presentarlo como un delincuente común. No es sobre la imagen del jefe guerrillero que recae ese estigma, sino sobre la organización político militar revolucionaria de la que hizo parte.
Resulta obvia en la declaración del Presidente, la intención de acallar cualquier reclamación nuestra por estos hechos de sangre. Según él, muertes producidas por enfrentamientos con patrullas militares hacen parte de las reglas del juego. Al ordenar no bombardear durante un mes campamentos de las FARC, agrega que siempre que estas no estén poniendo en riesgo a la población, una condición caprichosa, en la medida en que la calificación de este riesgo se halla en manos de la inteligencia militar y policial o el propio gobierno. A lo que hay que añadir el chantaje mensual en ciernes.
Indicó además el Presidente que hace dos semanas se expidió la orden a la fuerza pública, tras un consejo de seguridad, de consolidar los logros alcanzados en esa materia y copar todo el territorio nacional, a fin de brindar garantías a la población y a la propia insurgencia desmovilizada, rebuscado eufemismo que se traduce en la orden de adelantar operaciones militares y policiales contra las guerrillas en todo el país. Una clara maniobra que nos obligará a responder las agresiones, para ser luego culpados de violar el cese el fuego unilateral. Al excluir al ELN de la orden de no bombardeo, queda abierta la posibilidad de hacerlo contra nosotros, en la medida en que actuamos como organizaciones hermanas. La trampa está armada.
Las infames acusaciones según las cuales las FARC-EP sostenemos pactos criminales con el Clan Usuga, los Urabeños, o cualquier otra organización de delincuentes comunes, contrastan con la realidad de que somos los únicos en combatir directa y frontalmente tales bandas, como lo prueban recientes combates en Unguía y Tarazá, y la pérdida, producto de tal confrontación, de valiosos combatientes como Gabino unas semanas atrás. La misma muerte de Gilberto en un presunta operación contra las bandas criminales, pone de presente que antes que combatir esos grupos, las fuerzas del Estado ingresan a golpear las guerrillas que las combaten, a fin de garantizar a tales bandas el campo libre para sus actividades mafiosas. Por otra parte, las estadísticas nunca han registrado combates entre los paramilitares y la fuerza pública.
El Presidente Santos se ha visto obligado a reconocer la seriedad de las FARC-EP en las distintas etapas del proceso adelantado con su gobierno en La Habana. Incluso funda sus presuntos gestos de desescalamiento en la abrumadora e incontrastable sucesión unilateral de los nuestros (15 en total hasta el momento). Pero, pese a su discurso, continúa ejerciendo la violencia y el terror contra nosotros y los distintos sectores populares y sociales en lucha. Indígenas, mineros, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos son también hoy víctimas públicas de su gobierno. Su generosidad no es por tanto creíble.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, 13 de marzo de 2015.
