Este aspecto contenido en el artículo 26 del proyecto de reforma penitenciaria y otros como la potestad del director del Inpec para decretar el estado de emergencia carcelaria, y la falta de soluciones efectivas en materia de salud, son motivo de preocupación por parte del representante a la Cámara Iván Cepeda. El congresista reiteró que el Gobierno y los legisladores deben escuchar a los internos y acoplar el proyecto de ley a las realidades de las prisiones.
El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara Iván Cepeda afirmó que con el texto presentado que el Gobierno Nacional ante el Congreso para reformar el código penitenciario y carcelario se transgreden los preceptos constitucionales.
Aseguró que con el artículo 26 del proyecto, que contempla que, cuando no sea suficiente el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, se acudirá a la contratación de vigilancia privada, se viola el principio de responsabilidad estatal sobre la privación de la libertad y la custodia de los presos, las cuales no se le pueden confiar a particulares.
Con respecto al artículo 81, el congresista expresó su preocupación porque «se le otorgan facultades excesivas» al director del Inpec, en cuanto tendría la potestad para decretar estados de emergencia penitenciaria en casos especiales, la cual sólo es competencia del Gobierno Nacional, y se autorizan medidas como aislamiento de internos y la aplicación de métodos ‘extraordinarios’ de coerción.
En lo relacionado con la prestación del servicio de salud, Cepeda advirtió que el artículo 55 de la reforma no soluciona la necesidad que tienen los reclusos de un régimen especial, acorde con situación especial, riegos y morbilidad, pues no entrega las herramientas a través de las cuales los internos pueden hacer efectivo el derecho de acceso a la salud.
El representante le reiteró al Ministerio de Justicia que se deben realizar teleconferencias con los delegados de los comités de derechos humanos de los internos y presos políticos en los principales centros de reclusión, especialmente los que presentan mayor concentración de población carcelaria, con el fin de recoger las propuestas y preocupaciones sobre la reforma.
