jueves, marzo 28, 2024
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Centro Nacional de Memoria Histórica señala discrepancia en cifras de desaparecidos

Seis proyectos fracasaron desde 1988 antes de que fuera aprobada la ley 589 de 2000 y solo desde ese año Colombia empieza a cumplir con sus obligaciones de tipificación adquiridas como signataria de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

Más de 40 años y no hay registros exactos de desaparecidos. Foto Agencia de Prensa IPC.
Más de 40 años y no hay registros exactos de desaparecidos. Foto Agencia de Prensa IPC.

Kikyō

En días pasados se realizó la semana del detenido desaparecido con varios eventos organizados por ONG de derechos humanos. En el marco de esta semana el Centro Nacional de Memoria Histórica lanzó un informe de cuatro volúmenes dedicado exclusivamente al tema de la desaparición forzada en Colombia, vinculando normativas jurídicas latinoamericanas y mundiales al respecto.

En el informe se hace un recuento del nacimiento de este delito en el país, en Latinoamérica, así como de la lucha que tuvieron y tienen que librar las víctimas y organizaciones de derechos humanos, primero para demostrar que el delito existe y segundo para catalogarlo como crimen de lesa humanidad, con todas las consecuencias penales que deberían tener en los países en donde más se ha vivido este flagelo.

El informe contó con colaboración de organizaciones de familiares víctimas de desaparición forzada, de organizaciones defensoras de derechos humanos e institucionales como Medicina Legal y Ciencias Forenses, las Hermanas Lauritas y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

Informe

En Colombia, según el primer tomo del mencionado informe titulado “Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia”, se señala que este delito se empezó a cometer en los años 70 del siglo XX y que solo en el 2000 se convirtió en un delito penal. Antes las desapariciones eran catalogadas como secuestro o detención arbitraria. Estos errores incidieron en la invisibilización y la desatención pública sobre la desaparición forzada. Uno de los problemas que existió durante décadas fue la carencia de un registro y un soporte estadístico de casos de este delito.

Se manejaba muy poca información frente a las desapariciones y solo existían pronunciamientos disciplinarios o derivaba en sentencias de organismos internacionales como la ONU y la OEA. Aún con la penalización de la desaparición forzada, no disminuyó el delito. Hoy día no hay consenso sobre las cifras de las víctimas directas de la desaparición forzada en Colombia debido a que ese crimen solo comenzó a contabilizarse de manera sistemática a partir del año 2000.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional incluyó la desaparición forzada entre los crímenes de lesa humanidad, la cual se define en el artículo 7.2 literal i) así: “Por desaparición forzada de personas se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de la libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado”.

Cifras dispares

Debido a la falta de información las ONG se vieron obligadas a realizar la tarea de hacer sus propios registros, los cuales echaron mano de noticias, denuncias y entrevistas con familiares. Con el pasar de los años y con el incremento del número de casos, cada una de esas fuentes, y sus elementales bases de datos, se ha ido sofisticando y tecnificando.

Gracias a esta información recogida, el delito ya no se puede ocultar, pero la disparidad de cifras en unas y otras bases de datos se constituye en una dificultad en términos de justicia y de reparación, esclarecimiento y verdad.

La Mesa de trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, por ejemplo, señala que para finales de 2011, el Registro Nacional de Desaparecidos reportaba un total de 50.891 casos, de los cuales 16.907 corresponden a desapariciones forzadas.

Por su parte la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, a mediados del mismo año, reportó 32 mil hechos. Estas diferencias motivaron a la Mesa a iniciar la tarea de registro y documentación de casos, usando como instrumento el formulario del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, logrando documentar 903 casos para el periodo 1980 y 2011.

En el Conpes 3590, formulado para la consolidación de los Mecanismos de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas en Colombia, se estima que la Fiscalía General de la Nación cuenta con 19.973 desapariciones registradas para el periodo de 1991 al 31 de octubre de 2008.

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 924, desde 2007 a enero de 2008; el Programa Presidencial de DDHH y DIH, 5.065, desde 1988 a agosto de 2007; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 13.565, desde 1999 hasta diciembre de 2006 y en Sirdec (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres), 27.055 desde el 1 de enero de 2007 a julio de 2009, de los cuales 5.567 fueron clasificados como presuntamente forzados. Mientras que la Policía Nacional, registró 2.170, desapariciones de 2007 al 2009, para la Comisión Colombiana de Juristas a junio la cifra llegaba a ocho mil y para Asfaddes a 15 mil.

El Sirdec empezó a operar a partir del 1 de enero de 2007 con el propósito de identificar los cadáveres sometidos a necropsia médico legal, orientar la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas forzosamente y facilitar el seguimiento a los casos.

A 31 de diciembre de 2012, el Sirdec da cuenta que para el periodo comprendido entre 1970 al 2012, de 78.319 desapariciones, 19.254 que equivalen a un 25%, fueron clasificadas como presuntamente forzadas. Entre tanto, la Unidad de Víctimas habla de 30.159 desapariciones forzadas. No obstante, esta fuente muestra un marcado subregistro en la fecha del hecho, mientras que la Fiscalía General de la Nación contabiliza 21.900 víctimas por desaparición forzada desde el 2005 al 2012.

En 18.225 casos que corresponden al 60,4% de las víctimas declaradas ante la Unidad no se cuenta con información frente a la fecha del hecho.

Tipificación de la desaparición forzada

A pesar de que desde 1994 existía el tipo penal supranacional de desaparición forzada, Colombia solo cumplió con sus obligaciones de tipificación adquiridas como signataria de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas a partir de la ley 589 de 2000.

Esta ley estableció el delito de desaparición forzada y creó la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Hay que recordar que el proceso legislativo de tipificación de la desaparición forzada en Colombia fue muy difícil, debido a las dificultades que se presentaron en el trámite parlamentario de las múltiples iniciativas legislativas fallidas en la materia. Seis proyectos fracasaron desde 1988 antes de que fuera aprobada la ley 589 de 2000.

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