jueves, marzo 28, 2024
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Caso San Martín

La crisis detrás de la universidad

Carlos Mario Restrepo

Los distintos medios de comunicación han realizado hasta el momento importantes investigaciones sobre los sucesos acaecidos en la Universidad San Martín, revelando cómo la familia Alvear, en cabeza de Mariano Alvear, desvió las rentas de la institución para crear todo tipo de negocios lucrativos paralelos que van desde una empresa de papelería, pasando por fondos ficticios de inversiones, hasta una constructora; todas empresas con las cuales se legalizaba el desvío de las rentas, cuya fuente principal son las matrículas de los estudiantes.

Los casos más escandalosos son el Centro Internacional de Biotecnología Reproductiva y la cadena de restaurantes Burguer Market, negocios que se beneficiaron de los recursos de la educación, según reveló el diario El Espectador el 16 de noviembre. Pero estas son apenas las consecuencias de un problema más de fondo: el papel regulador del Ministerio de Educación.

De acuerdo con la ley 30, a las universidades se les otorgaba la autonomía universitaria con el fin de que estas pudieran crear nuevo conocimiento a través de la investigación, sin la tutela e influencia de los gobiernos de turno; esto equilibrado con el ejercicio de la suprema inspección y vigilancia que debía ejercer el gobierno del cumplimiento de sus objetivos y de la calidad del servicio, ya que estas no podían ser islas independientes del Estado que no le rindieran cuentas a este o a la sociedad. La autonomía debía tener un límite y solo la ley 30 o el Congreso podía definir ese límite.

Sin embargo algo extraño sucedió con la ley 30. Por un lado definió para las universidades públicas un consejo superior con fuerte presencia del gobierno nacional, al tiempo que las definió como instituciones del Estado para que sus rentas pudieran ser controladas por la Contraloría y sus funcionarios por la Procuraduría; en síntesis, el Estado y sus instituciones de control tienen, gracias a la ley 30, las herramientas para vigilar las universidades públicas, incluso al punto de generar, en la práctica, situaciones violatorias de su autonomía e imponerle a estas un rumbo de acuerdo con su política educativa.

Otra cosa sucedió con las privadas. En la ley nunca se definió ningún miembro del gobierno en los consejos directivos, ya que esto podía atentar contra las sacrosantas e irrefutables normas del derecho privado. Esto muestra que, por encima de la autonomía universitaria, el gobierno le dio libertad e independencia a los privados. Muy coherente con el neoliberalismo de los gobiernos de los últimos 20 años, pero poco coherente con el mismo contenido de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la autonomía.

En Colombia, cuando se constituye una entidad sin ánimo de lucro para cualquier fin, estas son reguladas por la supersociedades o las superpersonas jurídicas, quienes verifican que sus rentas se invierten en la razón social por la cual fueron creadas. Para el caso de las universidades privadas, que obligatoriamente tienen un carácter de instituciones sin ánimo de lucro (de utilidad común), esta regulación la debe hacer el Ministerio de Educación. La pregunta es: ¿existe normatividad que le otorgue al MEN las potestades y herramientas para comportarse como una superintendencia para vigilar y regular a las IES privadas? ¿Debería existir una institución para tal fin?

Sin vacilar un segundo Santos respondería afirmativamente, ya que ha insistido en crear una superintendencia para la educación superior. Aun así es claro que la intención del gobierno es dar un golpe mediático para dar la sensación de que esta “tomando medidas”, pero no tiene en mente resolverlo de fondo.

La solución real es crear una normatividad regulatoria que impida que el derecho privado se vuelva el refugio de quienes quieren usar la educación superior con fines lucrativos, que le permita al Estado verificar y vigilar que las IES privadas invierten sus rentas en su razón social sin violar su autonomía financiera para ejecutar sus gastos.

Sin embargo, Santos parece que encontró la excusa perfecta para constreñir aun más la escasa autonomía universitaria. Su modelo, conocido como “Acuerdo por lo superior 2034”, plantea las bases de su apuesta mediática más altisonante sobre la calidad: su reciente decreto 2219 de 2014. Con la excusa de los sucesos de la San Martín, realmente no le hace ni un rasguño a lo privado, ni ataca la raíz del problema.

Este decreto, entre otras cosas, plantea que el Ministerio podrá, indistintamente del carácter público o privado de la IES, determinar las condiciones que esta deberá atender para su funcionamiento académico, administrativo y financiero, cuando considere el Ministerio que la IES no está cumpliendo con sus objetivos o se afecta su calidad. Esto quiere decir que el día en que una universidad pública o privada aplique criterios de calidad distintos a los del gobierno, será intervenida por el Ministerio.

El decreto también permite suspender la vigencia del registro calificado y, como consecuencia, que el programa o los programas intervenidos sean cerrados o no reciban nuevos estudiantes. Cuando esto se aplicó en la San Martín, solo produjo la indignación y movilización de estudiantes y padres de familia que esperan del gobierno medidas, pero que no afecten la continuidad de sus estudios ni incrementen la tragedia social.

Es así como el gobierno aprovecha el contexto para profundizar su idea neoliberal de acabar con la autonomía universitaria, mientras el problema real se profundiza.

Solamente bajo un nuevo gobierno y una nueva visión de la educación superior será posible acabar con toda la ambición de lucro y negocio que se mueve en torno a este derecho fundamental, que va desde la malversación de los fondos que se obtienen de las matrículas, hasta todos los negocios que se mueven alrededor de la educación como papelería, construcción de edificios para infraestructura, equipos e insumos para la investigación, el alquiler o renta de edificios y auditorios para empresas, entre muchos otros que sirven para lucrar a los privados a través del derecho que tenemos todos a la educación.

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