Caquetá: Crisis educativa no superada

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Enfrentamientos entre campesinos y el Esmad en la vía que conduce de San Vicente de Caguán a Florencia.

Paro de educadores en Caquetá. Gobierno responde con represión

Enfrentamientos entre campesinos y el Esmad en la vía que conduce de San Vicente de Caguán a Florencia.
Enfrentamientos entre campesinos y el Esmad en la vía que conduce de San Vicente de Caguán a Florencia.

Andrés Arias

Una verdadera crisis educativa estalló en el departamento del Caquetá por cuenta de las políticas educativas del gobernador Isidro Ramírez. A cinco meses de iniciado el año 2013, los niños, niñas y jóvenes del departamento no inician clases.

Más de cuatro mil alumnos de las zonas más apartadas de Caquetá no han podido comenzar el año lectivo 2013. Mientras la Administración departamental dice darle continuidad al plan de trabajo demandado por la autoridad ministerial, las protestas no se hicieron esperar.

Las comunidades han salido a movilizarse en Florencia, capital del departamento, por el enorme traumatismo que ha generado la aplicación del decreto 2355 de 2009 del Ministerio de Educación, que reglamenta la contratación del servicio público educativo en los departamentos. Es el obstáculo para el inicio de clases de los niños, pues no hay suficiente planta docente en el departamento para atender las comunidades rurales.

La normatividad aplicada permite la educación contratada, el sistema de concesión educativa y la administración del servicio educativo por parte de iglesias y confesiones religiosas. Estas últimas en la práctica suplantan el servicio educativo en detrimento de las instituciones públicas administradas directamente por el Estado.

Defensa de lo público

Lo anterior implica que el Estado le garantiza al concesionario el retorno de la tasa de ganancia y la rentabilidad, girándole en promedio 1’400.000 pesos por estudiante, suma que supera incluso el presupuesto per cápita en la educación pública estatal, de alrededor de 940 mil pesos.

Tampoco es positivo para los docentes contratados pues su trabajo docente no es dignificado, imponiéndoles una tercerización y jornadas laborales de hasta 11 horas diarias a cambio de salarios de 700 mil pesos, que deben cubrir los costos de la seguridad social, alimentación y transporte. Llevándose por delante la calidad educativa de los alumnos.

Para derrotar esta política privatizadora que ha generado una verdadera crisis educativa, las comunidades organizadas en la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sindicales, Sociales, Campesinas y Agrarias del Caquetá (Coordossac) y la Corporación Defensora de Derechos Humanos Caguán Vive, presentaron un pliego de peticiones acompañado a una movilización social que exige soluciones de fondo al gobierno departamental y al Ministerio de Educación Nacional.

La protesta popular

Cerca de cinco mil caqueteños, acompañados por padres de familia y comunidades de los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, La Montañita, Solano, entre otros, han demostrado que la educación en el Caquetá atraviesa por una verdadera crisis auspiciada por un gobierno departamental que no ha encontrado una solución real y diligente a la problemática educativa que impacta en mayor medida a los campesinos e indígenas.

Sin soluciones y con represión

“Sin soluciones y con represión” le dijo a VOZ, Alfredo Muñoz, uno de los campesinos que demandan decisiones. “Militarización constante por parte la Policía y el Esmad, pero como si fuera poco también hay hostigamiento de la Policía antinarcóticos y del Ejército Nacional, como si fuera un delito exigir el derecho a la educación de nuestros hijos”, expresó.

A los educadores, estudiantes y campesinos que apoyan la justa protesta en defensa de la educación, no les quedó más alternativa que el paro indefinido. Al cierre de esta edición había sido decretado y las autoridades en respuesta ordenaron la represión. Escuadrones del Esmad arremetieron contra la población y se tenía información de decenas de golpeados y varios detenidos. Parece que le quedó grande al Gobernador el diálogo social.