jueves, abril 18, 2024
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Campesinos defienden sus territorios

Iniciativas por La Macarena, Meta

William Garavito

Las organizaciones campesinas de la región de La Macarena, Meta, se reunieron el pasado mes de diciembre para discutir las problemáticas que los afectan como habitantes de esta zona.

La Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), el ecoturismo manejado desde las instituciones estatales, la resolución 00810 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) donde se establece la existencia de un baldío “indebidamente” ocupado, la construcción del oleoducto El Tapir, entre otras problemáticas, ponen en riesgo la permanencia de las comunidades en los territorios.

Las comunidades y sus organizaciones decidieron crear la Coordinación de Iniciativas para la Construcción de Paz – Tierra, Territorio y Territorialidad, como un espacio para presentar propuestas y buscar soluciones.

Ecoturismo

El Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena ha venido siendo manejado por Vinatur, empresa de turismo especializada en el campo del ecoturismo. Estas concesiones se han realizado con la intervención de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), entidad estatal que ha permitido por un lado la sobreexplotación de los recursos naturales poniendo en riesgo su sostenibilidad ambiental. Por otro lado, PNN ha obstaculizado el desarrollo de las alternativas a este modelo de turismo, en concreto, proyectos como EcoAmem (Ecoturismo Comunitario en el Área de Manejo Especial de La Macarena) en las inmediaciones del raudal del río Guayabero.

Resolución del Incoder

La resolución 00810 emitida por el Incoder en marzo de 2015 establece la definición territorial de un baldío “indebidamente” ocupado, señalando que es un territorio que abarca 277.258 hectáreas con 6.355 metros cuadrados y que hace parte de dos departamentos: Meta y Caquetá. El objetivo de esta resolución es despojar de sus tierras a los habitantes del supuesto baldío, argumentando que no existe un antecedente de propiedad privada para estos predios, además de la carencia de folios de matrícula inmobiliaria de los mismos.

Cabe resaltar que esta resolución es el resultado de un trabajo conjunto de cuatro entidades: la Fiscalía General de la Nación; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi; la Superintendencia de Notariado y Registro; y el Incoder. Además, su mayor fuente de información ha sido provista por la inteligencia militar, la cual de una manera obtusa afirma que estos predios son bienes de las FARC-EP o son manejados por sus “testaferros”.

¿Qué se oculta?

Es sospechoso que una resolución del Incoder se fundamente solo en informes de inteligencia de las Fuerzas Militares y de la Fiscalía, informes que están compuestos por montajes judiciales y persecución a líderes del campo y de la ciudad. Ahora bien, ese no es el único aspecto que inquieta a los campesinos de la región, pues dicha resolución es el primer paso para que en cumplimiento de la recién aprobada Ley de Zidres, los grandes empresarios puedan acumular y legalizar baldíos como el que supuestamente existe en La Macarena.

Un dato a tener en cuenta es la dimensión del baldío en cuestión: 2.772 kilómetros cuadrados, equivalentes a un tercio del PNN Serranía de La Macarena. ¿Para qué quiere el Estado colombiano una extensión de tierra tan grande? ¿Para concederlo a las multinacionales de la agroindustria? ¿Para facilitar la construcción del oleoducto Tapir?

¿Qué se está haciendo?

La Coordinación de Iniciativas para la Construcción de Paz – Tierra, Territorio y Territorialidad ha proyectado el desarrollo de unas giras informativas sobre qué es la Resolución 00810 del Incoder, sus implicaciones, sus alcances, su relación con otros proyectos de ley que buscan desplazar al campesinado.

El objetivo de estas giras informativas es explicarle a los campesinos de la región qué es la resolución, cómo los afecta a ellos y a sus familias, y que medidas legales se pueden llevar a cabo para detener la misma y defender el territorio en el que algunos han vivido por más de 30 años.

Simultáneamente, las organizaciones se comprometieron a realizar jornadas informativas y pedagógicas sobre los acuerdos que se han logrado hasta hoy en la mesa de diálogos con sede en La Habana, Cuba, entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional.

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