En caso de no llegar a acuerdos, campesinos se tomarían alcaldía municipal de Puerto Libertador.
Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba
El campesinado del sur de Córdoba, más exactamente del corregimiento de Juan José (municipio Puerto Libertador) y veredas circunvecinas, con más de cinco mil habitantes, decidieron “tomar las vías para tomar la palabra”.
Las comunidades campesinas que viven y resisten los embates del conflicto social y armado que afronta el país desde décadas y que soportan el abandono gubernamental en los corregimientos de Juan José, San Juan y Tierradentro y todas sus veredas aledañas, cansadas del precario servicio de energía eléctrica y confinamiento comunicacional al que son sometidos por el Estado colombiano, de cara a todo el cúmulo de vulneración a los derechos colectivos primarios y primordiales denuncian:
1. El servicio de energía eléctrica no llegó hasta las comunidades de Juan José, corregimientos y veredas circunvecinas del 11 al 15 de octubre, causando perjuicios no sólo a los comerciantes, quienes tienen pérdidas cuantiosas, sino también afectando el desarrollo de las jornadas académicas por el daño de electrodomésticos, generando también inseguridad en las noches, que afecta la libre movilidad y libertad de locomoción; de igual manera la empresa prestadora del servicio cobró “alumbrado público” en tasas monetarias significativas y dicho servicio público no existe en ninguna calle del corregimiento y veredas.
2. Desde hace varios años la población de esta región viene siendo vulnerada de manera consciente por parte de las administraciones municipales de turno, en este momento en cabeza de Reomedre Carrascal, por la violación al derecho a comunicarse y expresarse libremente, así como el no tener contacto digital con el exterior ya que no hay señal telefónica pese a que en el cerro Lomas del Saltillo está ubicada una antena en perfecto estado y que está a solo un kilómetro del caserío Juan José. El campesinado presume que dicha antena ha sido intervenida por organismos de investigación criminal del Ministerio de Defensa para “chuzar” todos los teléfonos móviles que son más de 3.200 dispositivos.
Frente a estos hechos violatorios se exige la creación de manera urgente de una mesa de concertación con los secretarios de Obras e Infraestructura, Gobierno y encargado de telecomunicaciones del municipio de Puerto Libertador, solicitando también como garantes de esta a la personera municipal y a la Defensoría del Pueblo del sur de Córdoba.
Se alerta que, de no convocarse a esta mesa de concertación entre el gobierno municipal y la delegación campesina, se procederá a tomar las vías de hecho ya que las comunidades están cansadas de ser usadas en tiempos de campañas políticas como “números sufragantes”, de escuchar promesas de cambio y que todos los periodos administrativos se hagan los de oídos sordos ante semejantes vulneraciones y necesidades imperiosas.
En asambleas populares a coro han dicho los campesinos: “Nos vamos a tomar la alcaldía municipal hasta que nos resuelvan estas dos problemáticas”.
Por todo lo anterior se requiere del ministro del Interior y de Justicia, Juan Fernando Cristo, que solicite y exhorte a los organismos del Gobierno Nacional, departamental y del municipio de Puerto Libertador para que brinden la atención y acompañamiento necesario y urgente a los habitantes del corregimiento Juan José. Se requiere asimismo del defensor del pueblo nacional, Jorge Armando Otálora Gómez, que implemente las medidas necesarias en el marco del derecho constitucional colombiano a fin de garantizar la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de cara a este hecho victimizante que vulnera flagrantemente los derechos y servicios básicos necesarios según el estado social de derecho y las garantías mínimas de vida digna.
Del coordinador residente y humanitario de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, y del consejero presidencial de DDHH y DIH, Guillermo Rivera Flórez, que insten de manera urgente a quienes competa implementar las medidas necesarias para que se esclarezcan estos hechos y por ende exhorten el debido proceso jurídico-judicial a fin de que la justicia y el orden prevalezcan en la república de Colombia y de igual modo hagan un seguimiento estricto a las medidas que asuman las entidades y organismos competentes.
Al procurador disciplinario delegado para los Derechos Humanos, Rafael José Durán Mantilla y al fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, que requieran y adelanten las investigaciones judiciales necesarias para penalizar a quienes de forma permisiva han sido consientes de estas violaciones y vulneraciones colectivas y no han emprendido ninguna acción reparadora con miras a restablecer los derechos degradados.
Se solicita por último a la comunidad nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos el acompañamiento y apoyo ante esta vulneración de los derechos humanos fundamentales que concurrieron en la relatoría de estos hechos y a difundir públicamente esta denuncia.
