Un calvario sin resurrección para el personal médico

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La pandemia continúa dejando al desnudo las paupérrimas condiciones del sistema de salud y de sus profesionales. Ni en la actual crisis el Gobierno nacional adquiere compromisos serios para erradicar esta problemática. El personal médico resiste en condiciones deplorables

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino

Como hipócritas fueron calificados por el presidente de la Federación Médica Colombiana, FMC, Sergio Isaza, los mensajes de condolencias del Gobierno nacional, exactamente del ministro de Salud, Fernando Ruiz, por la muerte de un galeno infectado con coronavirus.

Los pésames fueron adjetivados de esta manera, porque desde hace mucho tiempo les han pedido a los ministerios de Salud y Trabajo garantizar condiciones dignas y seguras para el ejercicio de las diferentes labores del personal médico, en la red pública y privada en todo el país. Estas peticiones no han sido atendidas, aun en la actual crisis de la pandemia; lo que, de cumplirse, habría podido evitar las muertes de varios galenos contagiados con Covid-19.

Por las redes sociales circulan videos y textos en los que los trabajadores de la salud agradecen los aplausos, pero exigen al Gobierno y a las EPS las dotaciones adecuadas para laborar, y piden que se pongan al día con las mesadas que les adeudan desde hace cuatro y hasta ocho meses. Algunos, muestran cómo ante la falta de vestuario adecuado, improvisan trajes con bolsas de basura.

Y es que las condiciones paupérrimas que van desde las relaciones laborales del personal de la salud, la dotación hospitalaria, elementos de protección personal, los protocolos de atención, hasta los protocolos de detección de casos de Covid-19 fueron develadas en una encuesta realizada en el ámbito nacional por la Federación Médica y el Colegio Médico Colombiano, y cuyos resultados se dieron a conocer el pasado 8 de abril.

Las conclusiones de esta investigación quitaron el velo de un modelo en crisis desde hace años, en el que los operadores privados hacen lo que les da la gana con los profesionales de la salud y la salud de los colombianos, en función de sus intereses mercantiles.

Contratación ilegal

Sobre las formas de contratación, una de las caídas en el viacrucis de este personal, el presidente de la FMC y con base en los resultados de la encuesta, explicó: “Los profesionales de la salud están contratados de manera ilegal a la luz de la Ley Estatutaria de Salud, puesto que están por órdenes prestación de servicios, OPS, o tercerizados y muchos de ellos no reciben el pago a tiempo. Otros no tienen seguridad social de ningún tipo, los que la tienen es porque se la pagan ellos mismos. Las ARL no es la que escojan, sino la que tenga la institución hospitalaria. Muchos, para sobrevivir tienen que contratar con varias instituciones hospitalarias, por cada una deben tener una ARL, y en caso de que se presente una enfermedad no se sabe cuál ARL responderá, eso teniendo en cuenta que las ARL han dicho que el Covid-19 no es enfermedad profesional a pesar de que el Ministerio dijo que sí”.

Según la encuesta, en diferentes respuestas se evidencia información sobre amenazas en cuanto a despidos o cambios en las condiciones del contrato laboral, si no se cumple con exigencias del empleador”.

En los resultados de la investigación se conocieron casos en donde se amenaza al personal de la salud con despidos, denuncias penales, si expresan incluso entre sus compañeros la ausencia de los elementos de protección personal, se les acusa de generar terrorismo frente a la pandemia.

Sergio Isaza.

A estos profesionales se les niegan los elementos de protección y la entrega de ropa de trabajo por parte de las instituciones, con el argumento de que son contratistas por OPS. “En unas IPS designaron dos médicos para dedicarse solo a la atención de pacientes sintomáticos, y ni siquiera a ellos se les suministraron los tapabocas y los elementos para la debida protección. Una EPS ha expresado que sus médicos de consulta externa no requieren uso de tapabocas, dado que no tienen contacto estrecho con un posible contagio”, dicen los resultados de la encuesta en mención.

Los galenos denunciaron amenazas de despido o cambios en las condiciones laborales a quienes hablen sobre los malos procedimientos en los protocolos, o sobre casos sospechosos o positivos de Covid-19. Además de los atrasos en los pagos, hay despidos y suspensiones. Se dan casos donde a los profesionales de la salud sospechosos de haber sido infectados con coronavirus, los aíslan por dos semanas, pero les suspenden el contrato, es decir, dejan de devengar salario.

“Ante las condiciones adversas en las que se han visto, muchos han manifestado falta de deseo de trabajar porque se sienten abandonados en cuanto a protección y por el no pago de los honorarios de manera oportuna”, argumentó Sergio Isaza.

Otro de los sufrimientos en el calvario del modelo de salud, se da en relación con los elementos de protección personal y dotación hospitalaria. A la pregunta, ¿Cómo considera que está la dotación de su institución hospitalaria para la atención de pacientes con Covid-19? (Según tipo de contrato), las respuestas dejan preocupaciones. (Ver gráfico 1). Se muestra que los contratos que no son formales o académicos presentan una mayor proporción en calificaciones pésima o mala, con respecto a los que tiene contratación formal.

Por otra parte, para saber las condiciones en las que laboran estos profesionales, se indagó acerca de la disponibilidad de elementos de protección personal. Los resultados fueron que el mayor insumo con el que se cuenta es con guantes, pero carecen de máscaras N95, gafas de protección, escudo facial y traje de bioseguridad. (Ver gráfico 2).

De la misma manera, se quiso saber, ¿cómo considera que está la dotación de su institución hospitalaria para la atención de pacientes con Covid-19? (Ver gráfico 3).

Viejos reclamos

Cabe anotar que las condiciones de desprotección laboral o ausencia de elementos de bioseguridad, más las formas desregularizadas de contratación han sido denunciadas desde hace años por organizaciones de trabajadores y sindicatos del personal médico.

Desde el 30 de marzo pasado y ante las reiteradas irregularidades, el sindicato Anthoc emitió una comunicación en la que argumentan ser los únicos empleados públicos adscritos a la función pública que trabajan con hambre al llevar esperando por sueldo dos, tres, seis y hasta doce meses en algunas entidades de la Red Pública Hospitalaria.

“Durante más de veinticinco años venimos reclamando que se nos reconozcan, restituyan y garanticen nuestros derechos laborales, la seguridad social y las garantías mínimas por ser un empleado público, es decir, contar con una relación legal y reglamentaria o relación contractual, tener derecho a las prestaciones sociales, vacaciones, capacitación, estabilidad laboral, estar vinculado a la seguridad social y riesgos laborales, tener la posibilidad de ascender, ser encargado o desempeñar un cargo para el cual cumpla con los requisitos formales o específicos, etc.”, explican en su comunicado. Es necesario que se conozca que quienes trabajan en la red pública hospitalaria, más del 70% no son empleados del Estado, sino de terceros que nada tienen que ver con el sector salud.

Anthoc explica que en la red pública hospitalaria laboran 285 mil personas aproximadamente, de las cuales solo 45 mil tienen una relación legal o contractual con la red pública hospitalaria.

En otras palabras, están vinculados directamente con el hospital o la entidad, y los salarios devengados por el personal médico, paramédico y de servicios complementarios son en promedio el 50% de sus pares de otros sectores. Para poner un ejemplo, el sindicato compara al sector salud con el sector justicia: Un médico especialista gana menos de la mitad que lo devengado por el magistrado de tribunal superior; un médico general, menos de la mitad que el juez municipal; una enfermera profesional, menos de la mitad que oficial mayor de un juzgado; un auxiliar de enfermería, menos de la mitad que el notificador judicial.

Como si fuera poco, la situación más crítica la viven los restantes 240 mil trabajadores vinculados a través de figuras contractuales como planta temporal, supernumerarios, contratación con otras ESE de mayor complejidad, contratación con empresas de servicios temporales, contrato sindical, contratos con asociaciones público privadas para mejoramiento o equipamiento de la infraestructura o parte de ella y contratos de prestación de servicios.

Preguntas ante la pandemia

Los trabajadores afiliados a Anthoc y miles de profesionales de la salud han manifestado que los obligan a cumplir por ser la primera línea de defensa contra la pandemia, pero que es necesario que les respondan: ¿Cómo se garantiza el pago de los salarios que se adeuda a gran cantidad de trabajadores en todo el territorio nacional, que van de tres hasta quince meses? ¿Cómo y con qué recursos se van a garantizar los elementos de protección personal, laboral y epidemiológico para el personal sanitario? ¿Cómo se garantiza el pago de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores durante la emergencia sanitaria? Y, ¿cómo se garantiza que los empleadores no abusen de los trabajadores, fundamentalmente los de contrato de prestación de servicios, les pueden reducir el ingreso mensual?, entre otras cosas.

Ante las condiciones de abandono de la red pública hospitalaria, el despilfarro de recursos y de la atención de la emergencia causada por el coronavirus, Anthoc propone que los insumos y equipos para atender la pandemia sean adquiridos directamente por Ministerio de Salud y asignados a cada una de las ESE, dando prioridad a los elementos de protección del personal sanitario, que constituyen la primera fila de combate contra el Covid-19.

También, destinar recursos del Sistema General de Regalías para dotar los hospitales de la red pública hospitalaria de los elementos de protección personal, laboral y epidemiológico para proteger al personal médico, paramédico y de servicios complementarios que es la primera línea de contención del coronavirus Covid-19.

Compromisos a medias

Por otra parte, el domingo de resurrección, 12 de abril pasado, el Ministerio de Salud emitió el Decreto Legislativo 538, en el que, entre otras medidas, en su artículo noveno establece: “…todo el talento humano en salud en ejercicio o formación, estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios, para reforzar y apoyar a los prestadores de servicios de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio”.

La medida gubernamental produjo que gremios médicos solicitaran una reunión con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, para pedir aclaración sobre varios aspectos del decreto y para exigir mejores condiciones laborales y de bioseguridad para el personal médico. Esta se llevó a cabo al siguiente día de emitido el decreto, con la participación de la Federación Médica, el Colegio Médico Colombiano, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos.

Lo primero que los galenos aclararon, fue la incongruencia de hacer un llamamiento con carácter de obligatoriedad y que a ellos los obliga es el juramento hipocrático. En segundo lugar, le exigieron al Gobierno nacional garantizar la bioseguridad del personal médico. Asimismo, pidieron compromisos con la estabilidad laboral del personal médico en todo el país.

Ante esta última exigencia, los representantes del Gobierno expresaron no poder comprometerse por no tener las facultades, aunque se comprometieron a hablar con los ministros de Hacienda y Trabajo para buscar soluciones.

Por otra parte, el Gobierno sí se comprometió a comprar los insumos para garantizar los elementos de protección personal para todas las empresas. También, a que las ARL sí asuman el coronavirus como enfermedad laboral para el personal médico, ya que estas se habían negado a hacerlo.

Las organizaciones médicas participantes en la reunión expresaron en un comunicado que reconocen en el decreto 538, la adopción del giro directo por parte del Ministerio de Salud y las secretarías a los prestadores públicos y privados. No obstante, se debe especificar dentro estos giros la destinación específica para priorizar pagos atrasados a los trabajadores de la salud y formalización de los mismos.

También expresaron que el Ministerio del Trabajo debe emitir actos administrativos específicos para el sector salud, en donde se establezca con claridad la prohibición de despidos y cambios de modalidad de contratos en desmejora de los ingresos del personal de la salud. Las expresiones verbales de garantías en el tema laboral y de riesgos laborales, deben consignarse en actos administrativos, que estipulen las sanciones para los actores que incumplan con sus responsabilidades legales.

La semana de pascua llegó, pero las condiciones laborales y de protección al personal médico no mejoran, aun cuando lo peor de la pandemia está por venir. Solo hay unos endebles compromisos del Gobierno que se espera, por el bien de toda la sociedad, sean cumplidos para dignificar a estos profesionales. Mientras tanto, incluso en este calvario, el compromiso de ellos para enfrentar la pandemia, sigue inquebrantable…

 

 

 

 

 

 

 

 

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