Desde la creación del movimiento político y social Marcha Patriótica, sus militantes han sido víctimas de estigmatización, señalamiento y persecución.
Oficina de Prensa de Marcha Patriótica
Ayer se declaró inocente al dirigente campesino Wilmar Madroñero Velazco y recuperaron su libertad los líderes de la Asociación Campesina Agrícola de Putumayo (Ascap) Mario Vilora, Juan Clímaco Vega, Alexánder Pianda, Sabino Eduardo Castro, Luis Efrén Fajardo, José Harry Rendón y Oswaldo Arcos, quienes representan un caso de clara persecución política a las organizaciones sociales del país.
Luego de casi dos años de condiciones críticas en prisión, ayer jueves 14 de mayo fue proferida la sentencia absolutoria en favor de Wilmar Madroñero y los demás procesados, líderes agrarios de Ascap, quienes fueron víctimas de montajes judiciales y de la criminalización de la lucha social.
El pasado 23 de octubre de 2013 habían sido retenidos por agentes de la Dijin (Policía Judicial) en el municipio de Puerto Asís (Putumayo). Al siguiente día les fue proferida medida de aseguramiento, por lo cual fueron trasladados a la cárcel de Mocoa, capital de Putumayo.
Wilmar Madroñero Velazco, dirigente campesino de amplio reconocimiento en el sur del país, es miembro de Ascap, organización filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria y de la Central Unitaria de Trabajadores. También hace parte de la Comisión Nacional de Organización del Movimiento Marcha Patriótica y de la Mesa Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo del departamento de Putumayo.
Éstos hechos recuerdan la captura de Ómar Marín, Carlos Lugo y Jorge Eliécer Gaitán, efectuada el 2 de octubre de 2011, dos días después del III Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios, de la cual estos jóvenes estudiantes hacen parte activa en su lucha por una educación superior pública, gratuita y de calidad.
Fueron detenidos debido a su predominante papel en el auge de la movilización estudiantil de 2011 que consolidó como referente organizativo la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Ómar, Carlos y Jorge llevaban tres años y medio en la cárcel sin que se resolviera su situación jurídica debido a las constantes dilataciones del sistema judicial, que constituyen flagrantes violaciones al debido proceso y demás derechos fundamentales.
Continúan los montajes judiciales
La estigmatización, los señalamientos, la privación de la libertad, los asesinatos y la persecución contra los miembros de Ascap han sido reiterados, al punto que entre 2010 y 2014 han sido judicializados 18 de sus integrantes, algunos con condenas de más de 50 años. En otro hecho, asesinaron a uno de sus fundadores, el dirigente Erminson Manuel Gamboa.
La historia de exclusión política que ha caracterizado al régimen político colombiano continúa afectando los esfuerzos de lograr una paz inaplazable. Y aunque siguen sucediendo ejecuciones extrajudiciales, el montaje judicial basado en pruebas sin fundamento y ofrecimiento de beneficios a desmovilizados se configura en los “falsos positivos judiciales”.
Las comunidades de la inspección Piñuña Blanco, en el departamento de Putumayo, pertenecientes a la asociación Asiagro-TCP, actualmente se enfrentan a la judicialización de 30 de sus dirigentes. Han sido proferidas las órdenes de captura y ya fueron efectivas cuatro. Todas por acciones de investigación de la Fiscalía mediante testimonios de desmovilizados.
Por otra parte, el pasado 13 de mayo, el Ejército junto con la Policía capturaron de manera ilegal e irregular a cuatro personas de una misma familia: padre, madre y sus dos hijos, además de un campesino de otra comunidad. En este momento los detenidos se encuentran en la estación de Policía del barrio El Jardín del municipio de Puerto Asís.
A esto se suma la persecución judicial en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Es el caso de Ramón del Carmen Ortega, quien fue capturado durante el paro agrario del Catatumbo por portar supuestamente explosivos en el año 2013, y ayer 14 de mayo de 2015 fue condenado a 12 años de prisión, a causa de este montaje judicial y tras constantes dilaciones en su audiencia. Ramón Ortega es líder comunitario en el municipio de Hacarí, fue concejal y presidente de la Junta de Acción Comunal, además es padre de ocho hijos.
Pretenden silenciar la voz de una propuesta política alternativa
Desde la creación del movimiento político y social Marcha Patriótica, sus militantes han sido víctimas de estigmatización, señalamiento y persecución.
En departamentos como Putumayo, más de la mitad de la directiva departamental de la Marcha Patriótica se encuentra en la cárcel como resultado de procesos de montaje judicial y flagrantes irregularidades procesales.
Existe un patrón de persecución al Movimiento, identificando así el lenguaje estigmatizador y el uso de medios de comunicación masivos para criminalizar el proceso organizativo; la amenaza directa por parte de grupos paramilitares y militares a líderes y organizaciones sociales que hacen parte de Marcha Patriótica, las detenciones arbitrarias de sus integrantes a través de recurrentes montajes judiciales y el asesinato de dirigentes locales y regionales en distintas zonas del país.
Violaciones directas a los derechos humanos que ponen en entredicho la existencia de verdaderas garantías para el ejercicio de la oposición y la participación política en el marco de un proceso de paz en Colombia. Un plan que tiene como fin impedir el accionar del movimiento político y social de la Marcha Patriótica.
Por eso, exigimos que se detengan las detenciones arbitrarias de integrantes de la Marcha Patriótica y miembros de sus estructuras directivas a través de recurrentes montajes judiciales en todas las regiones del país.
