Cadena perpetua a violadores de niños, propuesta populista e inútil

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Un sector de la sociedad, instigado por los medios de comunicación, expresó su apoyo a la cadena perpetua. Pero la norma es inocua, no ataca las causas de la violencia sexual contra niños

El derecho de la sociedad a defenderse no puede desconocer la dignidad humana de quienes infringieron la ley, pues en un Estado Social de Derecho debe limitarse el poder, sometiendo el derecho penal a criterios de razonabilidad en una lucha que se libra en el mundo desde la Ilustración

Alberto Acevedo

A pesar de la espectacularidad con la que fue presentada en los medios de comunicación la ley que establece la cadena perpetua en Colombina, para lo cual introduce una dramática reforma a la Constitución, con todo y que invoca la defensa de la vida y la dignidad de los niños y niñas objeto de violación sexual o asesinato por esta causa, en realidad no consigue proteger a los niños en su integridad física ni como seres humanos, como debería ser.

Este es uno de los argumentos centrales, en el que coinciden al menos dos organizaciones de abogados y varios congresistas que finalmente interpusieron demandas ante la Corte Constitucional para que el alto organismo, mediante la figura de la inexequibilidad, declare inconstitucional el establecimiento de la cadena perpetua, para este o para cualquier otro delito en Colombia.

El tema ha vuelto a estar en discusión, no solo porque el tribunal constitucional estudia al menos dos demandas, presentadas por el Colegio de Abogados Penalistas y la Comisión Colombiana de Juristas, sino porque el gobierno del presidente Duque acaba de expedir una norma adicional, declarando la imprescriptibilidad de estos delitos, es decir, que jueces y tribunales podrían juzgar a los autores, independientemente de que hayan pasado 10, 20 o 50 años desde el momento en que se cometieron.

En juego la dignidad humana

Estudiosos del derecho además califican la norma de ‘populismo punitivo’, pues no ataca las casusas del delito ni pone sus ojos en las víctimas, que son precisamente los niños. Centra su atención en el victimario, pero sin ofrecer mecanismos reales que acaben con la impunidad, uno de los flagelos que afectan la justicia en nuestro país.

“Es una medida que cualquier estudiante de Derecho sabe que no es viable, pero que sí genera un inmenso caudal electoral. Ese es el propósito detrás de este tipo de propuestas” señaló al respecto Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas. “Vas a proteger al niño castigando, con la vida, a la persona que lo violó o lo mató, pero la idea es que no los violen o no los maten, entonces aquí no estamos hablando de ninguna protección a los menores”, precisó el jurista, quien además agregó que implementar la cadena perpetua es un gran retroceso, más si se tiene en cuenta que está en juego la dignidad humana.

Por su parte la penalista María Alejandra Ramírez, asegura: “Están jugando con la sociedad a través de un tema neurálgico como lo es la protección de los menores, quienes no se ven beneficiados en ningún sentido. También se les olvida que la dignidad humana es el fundamento del ordenamiento jurídico y aplica para la víctima, pero también para el victimario”.

Contra la impunidad

Coinciden ambos juristas en señalar que la cadena perpetua no tiene ningún efecto sobre las investigaciones judiciales de la Fiscalía. Castigar cuando el daño ya está hecho no tiene ningún efecto preventivo. No promueve la dignidad humana. Precisaron además que, si no prospera su petición ante la Corte Constitucional, acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión Colombiana de Juristas presentó un alegado similar ante el tribunal constitucional colombiano, respaldado por los congresistas Ángela María Robledo, Iván Cepeda y Roy Barreras. Alega el foro de abogados que antes de plantear la cadena perpetua, debería hacerse un debate integral sobre la respuesta del Estado a las violaciones contra niños, niñas y adolescentes, “y, sobre todo, la necesidad de buscar medidas realmente efectivas para prevenir estos delitos, y luchar contra la impunidad”.

Para este colectivo de abogados y los parlamentarios mencionados, la reforma constitucional que se propone “no ataca una sola parte, ni mínima, de la impunidad estructural de los crímenes contra niños, niñas y adolescentes”. Esta preocupación la sustentan en el hecho de que, para el momento de la aprobación de la ley sobre cadena perpetua, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mostraron estadísticas de impunidad, en los casos de violencias contra niños, niñas y adolescentes, del 95 y el 98 por ciento.

Una idea subjetiva de inseguridad

A este respecto, dice el Colegio de Abogados Penalistas: “Las penas actuales de 40 años de prisión para asesinos y violadores de niños no han resultado en una disminución en la comisión de estos lamentables hechos y aúna así, la norma resulta más drástica que una cadena perpetua revisable a los 20 años, como la que se propone”.

Esto deriva “en un claro reflejo de populismo punitivo y en contra de los estudiosos del derecho penal y la sociología, y específicamente en contra de la opinión de la Comisión Asesora en Materia de Política Criminal del Ministerio de Justicia y el Derecho”. Dicha comisión sostuvo que “la política criminal del Estado no puede fundarse en la simple percepción social (alimentada por los medios), en la idea subjetiva de inseguridad, en pronósticos indemostrables de penas futuras o en simples predicciones políticas. Es necesario que estas decisiones se basen en estudios económicos y criminológicos serios que se materialicen en reformas legales útiles y efectivas para la sociedad”.

Falsa sensación de justicia

La cadena perpetua no debe imponerse, sostiene el abogado Bernate, “ni ahora -en uno de los peores momentos de la humanidad como consecuencia de la pandemia del coronavirus- ni nunca, porque el derecho de defensa de la sociedad no puede desconocer la dignidad humana de quienes infringieron el ordenamiento jurídico, pues en un Estado Social de Derecho debe limitarse la relación directa de poder (heteronomia), sometiendo el derecho penal a criterios de razonabilidad, en una lucha que viene construyéndose en el mundo desde La Ilustración”.

El legislativo, además, al aprobar la norma, desconoció la terrible realidad que se vive en las prisiones colombianas, asunto que por cuenta de la pandemia y el hacinamiento se ha convertido en un tema de debate nacional.

Un aspecto adicional de esta cuestión, lo señala el abogado Julián González Escallón: “Se crea una falsa sensación de justicia, pues la ley no ofrece ningún tratamiento ante la impunidad que se presenta en este tipo de casos. Ninguna parte de esta norma está encaminada a reformar los problemas de la administración de justicia o hacia la creación de unidades especiales de la Fiscalía, para investigar estos crímenes atroces. Esta falta de aplicación de justicia crea un desincentivo y no atiende el problema esencial, que es la falta de atención estatal a este tipo de crímenes” que se cometen contra los menores de edad, puntualiza el jurista.

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