Santos, en lugar de afinar la legislación colombiana sobre protección del medio ambiente para hacerla más eficaz y efectiva para su objeto, está reformándola en beneficio de las empresas depredadoras, contaminadoras y destructoras de las fuentes de agua y de los suelos aptos para la agricultura.
José Ramón Llanos
Aclaro, no nos referimos a depredación moral, por tanto no mencionaremos al clan innombrable, a la inmaculada familia antioqueña. Hoy escribimos sobre los responsables de la destrucción de las condiciones medioambientales propicias para proteger la biodiversidad y la optimización de opciones para el desarrollo de la vida humana y el bienestar ciudadano.
La experiencia mundial y nacional evidencian que toda actividad minera es potencialmente riesgosa tanto para la fauna y la flora como para el hombre, por lo cual los gobiernos europeos han aprobado la legislación más rigurosa para reglamentar esta actividad. Las normas estadounidenses sobre las empresas minero-energéticas, siendo adecuadas para evitar la depredación de la naturaleza, sin embargo en la práctica han demostrado tener algunos vacíos que son aprovechados por las compañías dedicadas a estos negocios.
Aunque esas legislaciones son muy exigentes para conceder licencias para la explotación de fuentes de gas, petróleo o carbón, se presentan numerosos casos de enfermedades producidas por los químicos utilizados para la extracción de los minerales del subsuelo, en las personas que residen relativamente cerca a los centros de trabajo de las empresas minero-energéticas. En abril de este año en Estados Unidos, una familia fue indemnizada porque los pozos utilizados para el fracking le alteraron el equilibrio hormonal como consecuencia de la presencia en la sangre de benceno, tolueno y xileno.
¿Por qué estas referencias? Porque el presidente Juan Manuel Santos, en lugar de afinar la legislación colombiana sobre protección del medio ambiente para hacerla más eficaz y efectiva para su objeto, está reformándola en beneficio de las empresas depredadoras, contaminadoras y destructoras de las fuentes de agua y de los suelos aptos para la agricultura. La política del gobierno privilegia los intereses del capital extranjero y nacional antes que la salud y bienestar del pueblo colombiano y las condiciones ecológicas.
La última prueba que demuestra la crítica anterior es el decreto anunciado como “la tabla de salvación para dinamizar la economía del país”. Que en realidad es la norma que da vía libre a la avaricia de quienes, para abultar sus ingresos, arrasan con la naturaleza y envenenan el aire que respiramos y contaminan hasta el nacimiento de los ríos y quebradas.
El miércoles 23 de septiembre del año 2014, día en que se publica el decreto que introduce la oralidad en los procesos para asignar las licencias ambientales, pasará a la historia, como la fecha infausta en que se dio el banderazo para la más acelerada competencia entre las locomotoras mineras y constructoras de vías para determinar quién destruye más rápidamente el suelo, el subsuelo y el aire puro. Gracias, Juan Manuel, le dirán las multinacionales y los avarientos capitalistas nacionales, mientras los colombianos se envenenan. Más pronto que tarde, el pueblo los juzgará y castigará.
