Buenaventura, en alerta temprana

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Movilización social por la defensa de la vida y el territorio en el puerto.

“La institucionalidad ha perdido la autoridad dentro del territorio, porque se da mucho la impunidad. Esa impunidad asociada con estos grupos criminales, con la corrupción, el narcotráfico es un caldo de cultivo para la realidad de hoy”, padre Jhon Reina

Carolina Tejada
@carolltejada 

Nuevamente, el principal puerto de Colombia, Buenaventura, vuelve a llamar la atención del país ante la aguda crisis social, política, económica y de derechos humanos por la que atraviesa. Esta crisis, según líderes sociales bonaerenses, obedece al abandono del Estado, los altos niveles de corrupción y la violencia de grupos criminales que han actuado allí bajo el manto de la impunidad.

Una crisis es estructural

Para el 2013, el puerto de Buenaventura fue declarado Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico. Y antes de que se conociera por ser el más importante para el flujo de mercancías en el país, Todd Howland, el representante de la ONU en Colombia, para el año 2012, después de conocer la realidad del municipio afirmó: “creo que el nivel de pobreza de Buenaventura es como el del Congo”.

Hace tres años, según cifras de Departamento Nacional de Planeación, DANE, el 64% de la población que vive en la zona urbana y el 91% de la rural eran consideradas pobres, un 9,1% vivía en condiciones de miseria. El desempleo supera el 62% y el empleo informal el 90,3%, según cifras del Departamento Nacional de Planeación. Hay que decir que estas mismas cifras han variado cada año debido a los métodos de medición de las mismas entidades, sin embargo, la marginalidad existe como existe la violencia sobre las comunidades.

VOZ dialogó con el padre Jhon Reina Ramírez, de Buenaventura, quien en el marco del gran paro del 2017, se vinculó al llamado de la población y hoy hace parte del Comité Ejecutivo del paro. Para él, la violencia existe y “va más allá del enfrentamiento entre grupos, nosotros hablamos de una violencia estructural, de la ausencia de derechos básicos para la población, como salud, educación y agua potable”.

Ese mismo análisis lo hace otro líder del sindicato Unión Portuaria, “no contamos con un hospital público de segundo grado, se canceló ese servicio hace más de ocho años. Tenemos uno de primer nivel, pero no cubre las demandas que tenemos. Hay una clínica privada de tercer nivel, que es la Santa Sofía. Es la única que logra cubrir algunas necesidades pero ha colapsado el servicio, además de las malas atenciones”. Según menciona el líder portuario, los servicios a la educación y a la salud, se han convertido en favores políticos.

Esos mismos niveles de vulnerabilidad, son producto de los altos niveles de corrupción. Por ser el puerto más importante del país, las cifras de recaudo son las más altas. Según la DIAN, el recaudo de aduanas, en el año de 2017 fue del 27%, en comparación el de Bogotá 25% y Cartagena 21%. Este tipo de recursos que le entran al municipio no se notan en su desarrollo social, como tampoco los recursos centralizados, que siendo insuficientes, terminan por enredarse en el camino antes de cualquier ejecución en beneficio de las comunidades.

Una violencia sin control

Además de esa crisis social, existe el aumento de la violencia ejercida por quienes quieren controlar del puerto. Esta violencia se acrecentó desde el año 2002, cuando, según un informe elaborado por Justicia por Colombia, en el marco del Gobierno de Álvaro Uribe, se ordenó copar todo el territorio nacional con el objetivo de eliminar toda injerencia de las guerrillas.

“Desterrada la guerrilla del casco urbano, se inició una fase de control social de la población con la reingeniería del paramilitarismo. Las operaciones armadas se desatan en los barrios en medio de la presencia policial y militar con la vinculación de niñas y niños”. Estas prácticas se han mantenido en el tiempo en silencio y en la impunidad.

Padre Jhon Reina.

Sin que la realidad del puerto haya variado, a finales del mes de enero la Defensoría del Pueblo, por medio de la Alerta Temprana N. 007-19, llamó al Ministerio del Interior y a las diferentes instituciones del Estado, a poner los ojos sobre este territorio, ante el riesgo de vulneración a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario para la población civil. Particularmente, para cinco de las doce comunas del puerto. Los líderes comunales y defensores de derechos humanos serían los más vulnerables.

Según el padre Jhon, llevan mucho tiempo, “a manos de los grupos armados al margen de la ley, que toman diferentes nombres, paramilitares, Bacrim o guerrilla. El hecho es que hay un dominio en los barrios y en la zona rural. Son dos décadas en las que vienen accionando acá y no ha habido ninguna autoridad que les haya salido al paso, ni haya frenado su accionar dentro de los barrios”, comenta además, que cada que ocurren cambios de mando en estos grupos, suceden picos de violencia.

Las cifras de la defensoría hablan de 20 mujeres asesinadas desde la expedición de la alerta temprana 026 del 2018. Y existe una cifra superior a 900 amenazados entre abril de 2018 y abril de 2019, más del 50 % son mujeres.

Negligencia del Estado, incertidumbre de la comunidad

El Estado en su conjunto no le ha puesto cuidado a la problemática del puerto y, “la institucionalidad ha perdido la autoridad dentro del territorio, debido a la impunidad, la cual, asociada con estos grupos criminales, con la corrupción y el narcotráfico constituye un caldo de cultivo para la realidad de hoy”, asegura el cura.

También plantea que, “todo el mundo vuelve a hablar de violencia cuando hay dos muertos en las calle, y eso pasa cuando hay cambio de los cabecillas. Y, hay paz cuando hay acuerdos de no agresión. Pero siguen actuando, porque siguen extorsionando a las comunidades, a los comerciantes y a los vendedores ambulantes”.

Los desplazamientos que se han venido dando en el municipio, hoy vienen siendo masivos y se hacen más visibles por la agudización de la crisis humanitaria: “Pero, eso se da por falta de atención del Estado y la respuesta de este es el pie de fuerza y esa no es la única solución, pero es a lo único que le ponen cuidado”, asegura el padre.

Para el líder del sindicato, “los grupos armados vienen haciendo presencia masiva y en muchos casos, acolitados por autoridades de turno y políticos regionales, de allí sale el desplazamiento también, no hay barrio que esté libre de estos grupos, anteriormente se veía en los barrios de baja mar o de invasión, pero hoy no, la guerra la hacen en cualquier campo urbano. Las balaceras se dan hasta en el centro de la ciudad con armas de largo alcance”.

Igualmente, comenta que, “como líderes hacemos las denuncias, pero nos llama la atención que, como nuestro municipio no respaldó al Gobierno de Duque, al igual que otros municipios, pues es donde más presencia han hecho los grupos paramilitares y se ha desatado la violencia. Continúan las casas de pique, aún se encuentran cuerpos decapitados, mutilados y han aumentado las desapariciones. Esto nos genera mucho temor, hemos hecho marchas en contra de la violencia, pero eso no cambia”.

En el marco del paro cívico 2017, quedaron unos acuerdos firmados con el Gobierno nacional. El padre Jhon afirma que el paro cívico se realizó porque la comunidad está cansada, “se le dice al Gobierno nacional, aquí hay unos acuerdos para que podamos aportarle a las soluciones estructurales en Buenaventura, porque necesitamos hacer unas grandes inversiones para que se puedan ver reflejadas en la tranquilidad de la comunidad, pero ha sido una lucha grande con el gobierno”.

Ningún acuerdo se ha cumplido y mientras tanto, continúan los llamados para frenar los altos índices de violencia paramilitar y social. Los líderes llaman a que Colombia dirija su mirada hacia al puerto, pero con salidas políticas y garantías de derechos.

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