Un cruce de circunstancias internas y externas alientan un timonazo en el que buscan apartar a la Presidenta del gobierno y regresar el control del poder a la vieja burguesía
Alberto Acevedo
Con la decisión tomada por la cámara baja del parlamento brasileño, de acusar formalmente ante el senado a la presidenta Dilma Rousseff, en una accidentada votación de 367 votos a favor y 137 en contra, se pone en marcha lo que los dirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores y varios presidentes de América Latina han calificado como un ‘golpe de Estado parlamentario’, para desalojar a la actual mandataria del poder, retrotraer el proceso de reformas sociales inaugurado por el PT y regresar a la burguesía de ese país los privilegios perdidos durante la actual administración.
Lo paradójico de esta decisión es que ante las acusaciones de desvíos en varios rubros presupuestales, no existe una prueba material concreta que comprometa la responsabilidad de la mandataria. Pero además, la decisión de presentar una acusación ante el senado, ha sido protagonizada por el parlamento más corrupto de toda la historia reciente del país.
Al menos 16 miembros de la Cámara de diputados, pertenecientes a los partidos políticos que ahora juzgan a la presidenta, tienen procesos penales abiertos por corrupción, lavado de activos y crímenes electorales. En esta lista figura también el actual vicepresidente, Michel Temer, del opositor Partido Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, quien ha sido señalado de ser uno de los promotores de los manejos sucios de recursos públicos de Petrobrás.
En la lista de sindicados figura además el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, principal aliado de Temer, a quien se le encontraron cuentas bancarias secretas en Suiza por valor de cinco millones de dólares, y tenía un negociado en la empresa Furnas, descubierto a raíz de una investigación solicitada por la presidenta.
Sin autoridad moral
Los escándalos por corrupción involucran al presidente del senado, Renán Caleiros, al presidente del Supremo Tribunal, Ricardo Levandosky y a otros líderes del proceso contra Dilma. Entre ellos, el ex candidato presidencial Aécio Neves, socialdemócrata, vinculado al negociado de desvío de fondos, conocido como Lava Jato.
La corrupta clase política brasileña no tiene pues, autoridad moral para liderar un proceso político contra la presidenta, alegando razones morales de las que ellos jamás han sido detentadores en su oscura práctica política. Por cierto, Dilma Rousseff siempre ha apoyado cualquier investigación al respeto, trátese de sus actuaciones personales o las de las principales figuras políticas del país.
En el pasado, Dilma se opuso a la pretensión de que su partido, el PT, retirara las acusaciones contra Eduardo Cunha, por sus actuaciones corruptas en el caso Lava Jato. Cunha no le perdonó esta postura, y junto al actual vicepresidente, el señor Temer, se han convertido en los líderes del llamado impeachment contra Dilma.
De alguna manera, el proceso que ahora se va a intentar en el senado, busca un efecto colateral, y es el de echarle tierra a las acusaciones en marcha contra la clase política, que tocan a algunos miembros del PT, pero mayoritariamente a los líderes de los partidos de la burguesía y sus aliados, convertidos en Tribunal del Santo Oficio contra el gobierno de izquierda.
Apertura democrática
En Brasil existe, ciertamente, una crisis de gobernabilidad. La presidenta perdió popularidad en el congreso desde que en 2011 inició una ‘limpieza’ en los órganos públicos ante la corruptela generalizada. Varios partidos, aliados de la presidenta, fueron abandonando las toldas del gobierno.
A esta situación se agregan circunstancias como la recesión económica, la dispersión ideológica ante la ausencia de respaldos al ejecutivo, y la pérdida de iniciativa del poder presidencial. Aún ahora, ante un inminente juicio en el senado, Dilma Rousseff no ha ofrecido llevar adelante un proceso de apertura democrática, en el caso de que permanezca en el cargo, que conduzca a profundizar las trasformaciones sociales alcanzadas en los mejores momentos de gobierno del PT.
Y la profundización de ese proceso es necesaria, porque en la actual crisis intervienen factores internos como los arriba señalados, pero también externos, como la no disimulada intervención de los Estados Unidos, desde que Brasil ingresó al bloque de cooperación económica de los Brics y reguló su producción de petróleo, en una estrategia contra hegemónica. No en vano sus líderes fueron objeto de un impresionante espionaje por parte de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana, como lo evidenció WikiLeaks en 2013.
En el debate que se avecina en el senado brasileño, se juega no solo el prestigio de Rousseff. También un proyecto político democrático, que pese a sus errores, es referente para América Latina. El domingo pasado, que concluyó la votación en la cámara parlamentaria, se realizaron manifestaciones de apoyo a Dilma. El PT, el movimiento sindical y popular, han convocado a nuevas jornadas en respaldo a la gestión de la mandataria. En las calles, pues, y con la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, se juega el destino de la mayor economía de la región.
