Ricardo Rojas
En enero de este año el presidente de Bolivia Evo Morales promulgó la ley No. 337 de apoyo a la producción y restitución de bosques y recientemente el 6 de mayo del presente, el Vicepresidente y presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, promulgó el decreto reglamentario de esta ley, el mismo que fue entregado a los productores agropecuarios del país, representados por la Cámara Agropecuaria del Oriente y Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, en un acto celebrado en la ciudad de Santa Cruz.
Esta normativa propone el establecimiento de un régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre 1996 y el 2011 en todo el país, excepto en áreas protegidas y tierras forestales. Esta ley beneficiaría a propietarios de predios titulados por Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a dueños de tierras en proceso de saneamiento o sin sanear, y a titulares con procesos administrativos sancionatorios que no cuenten con una resolución administrativa de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Asimismo, establece que los empresarios que desmontaron sus tierras sin autorización, además de pagar multas tendrán que desarrollar un plan de reforestación por cinco años, producir de forma obligatoria alimentos para el mercado interno y externo, y mejorar su rendimiento. Además los pequeños empresarios podrán incrementar sin multas su frontera agrícola hasta en 15 hectáreas. Estos empresarios están obligados a acogerse al programa de producción de alimentos y restitución de bosques, para evitar que sus tierras sean revertidas al Estado.
De acuerdo con el gobierno, esta política permitirá incrementar en 20% la superficie sembrada y en 34% el volumen de producción, logrando un aumento de 9,6 millones de ton/año a 13,6 ton/año, sobre todo de arroz, maíz, trigo y caña de azúcar. También se informó que de las cuatro millones de hectáreas de tierras deforestadas ilegalmente entre 1997 y el 2011, el 56% están en Santa Cruz, 19% en Beni, 12% en Tarija, 8% en Pando, 4% en Chuquisaca y 1% en Cochabamba, ubicando así al departamento de Santa Cruz en el principal beneficiario de esta norma.
Con la promulgación del decreto, el Gobierno dio inicio al proceso del pago de multas por tierras deforestadas ilegalmente entre 1997 y 2011, además de la inscripción al plan de reforestación y producción agrícola, que apunta a sanear algo más de cuatro millones de hectáreas. De igual manera, la ley crea una unidad responsable de la coordinación del programa de producción de alimentos y restitución de bosques a cargo del Ministerio de Desarrollo Rural, el INRA, la ABT y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos.
Esta ley es un incentivo a la ampliación de la frontera agrícola y un perdonazo a quienes han deforestado el bosque de manera ilegal, utilizando como pretexto a la seguridad alimentaria. La ampliación de la frontera agrícola no garantiza en sí misma la seguridad alimentaria nacional, en contrapartida genera una fuerte degradación en los medios de vida de las poblaciones locales y tiende a amplificar la extranjerización de la tierra.
