miércoles, abril 24, 2024
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Bogotá, en Ciudad Kennedy demandan espacios de participación democrática

Es un diagnóstico que bien puede repetirse en las otras 19 localidades de Bogotá, dado el abandono por parte de la actual administración distrital de los parámetros de la democracia protagónica popular.

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Horacio Duque Giraldo

Ciudad Kennedy es la Localidad 8 de Bogotá, una de las 20 en que se encuentra dividida la capital de la república. Su conformación se dio desde mediados del siglo XX, en extensas haciendas de poderosos latifundistas, herederos del periodo colonial español. Desde 1971 se organizó como alcaldía local, y en 1992, un acuerdo del Concejo la oficializó como localidad de la ciudad.

Sus habitantes son cerca de 1’500.000 personas, repartidas en 12 Unidades de Planificación Zonal (UPZ). En su jurisdicción esta la central de abastos más grande de Colombia.

La población es de trabajadores, pequeños comerciantes, empleados, maestros y personas ocupadas en la informalidad del mercado público.

Entre sus comunidades, organizaciones sociales y agencias políticas democráticas existe en la actualidad una explicable preocupación por la vigencia efectiva de los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana como espacios de cogestión y poder ciudadano de las instituciones públicas locales, como el plan de desarrollo local y el presupuesto del Fondo de Desarrollo Local, que en los últimos 36 meses registra un acumulado de 370 mil millones de pesos (190 millones de dólares), una suma significativa para atender las necesidades prioritarias de las comunidades en materia de salud, educación, empleo, vivienda, comunicación alternativa y otros derechos de las comunidades.

La democratización de la vida pública, de la sociedad civil local y de las instituciones existentes es una condición fundamental del desarrollo general de dicha localidad. En ese sentido instituciones como los cabildos populares, los observatorios ciudadanos, las juntas comunales, las veedurías ciudadanas, los comités de control social, las rendiciones de cuentas, las mesas territoriales temáticas de participación, el consejo local de paz, son herramientas muy importantes en la configuración de los poderes populares locales y las soberanías ciudadanas.

La paz con justicia y democracia protagónica es una de las prioridades para Ciudad Kennedy. Es por tal razón que recientemente los líderes y activistas de la localidad han elevado su protesta por los procedimientos arbitrarios e ilegales del alcalde de Bogotá, quien ha cercenado y bloqueado los mecanismos de participación ciudadana con decisiones autoritarias y excluyentes que reflejan una cultura contraria a la democracia política.

Poder Democrático Glocal es un núcleo ciudadano de Ciudad Kennedy que propende por la democratización en su jurisdicción. Su consigna es la potencia de la multitud en movimiento, de estirpe autonomista.

A raíz de la suspensión unilateral, por el alcalde Petro, de un cabildo local convocado para el 14 de noviembre, ha manifestado su rechazo a tal decisión, adversa a los derechos políticos fundamentales de la ciudadanía. Es una posición que compartimos y nos unimos a sus demandas legitimas.

Poder Democrático Glocal señala sus preocupaciones y rechazos en los siguientes términos:

“Para el pasado 14 de noviembre de 2014 fue convocada la asamblea del cabildo local de la localidad 8ª, Ciudad Kennedy, dentro de la iniciativa Usted Tiene La Palabra, eventos con los que se pretende que los habitantes en las 20 localidades dialoguen y discutan con el alcalde Petro sobre el estado de las localidades en el marco de la ejecución del plan de desarrollo «Bogotá Humana».

“Desde las visiones de las comunidades sociales de la localidad 8ª y desde perspectivas ciudadanas, señalan, el escenario de Los Cabildos es bien apreciado como figura histórico social colombiana y como ejercicio de participación democrática en el que se exhibirían niveles de autonomía ciudadana y madurez política de habitantes por una ciudad más democrática y más humana.

Pero en las recientes experiencias con los cabildos en el Distrito Capital esa significativa y valiosa figura histórico política tiende a desvalorizarse y en el peor de los casos, a malograrse en su diseño y ejecución distrital; y no ayuda para nada que el propio alcalde Petro y sus asesores subestimen la presencia en esas asambleas de los habitantes y ciudadanos, sometiéndolas a esperar largas horas, como hacen todos los politiqueros, para finalmente no asistir y luego enviar el mensaje de que ante tan poca asistencia de habitantes o ciudadanos él no participaría.

La cancelación de la realización del Cabildo Local «Kennedy Tiene la Palabra» obedece a muchas razones y varios significados, aprendizajes sociales que por lo pronto, desde las perspectivas de las comunidades sociales y ciudadanas, interesa identificar en sus elementos para avanzar en la comprensión de los procesos sociales locales:

a. Ciudad Kennedy es una localidad que actualmente no cuenta con alcalde local titular; y la propia administración pública local ha enfrentado en los últimos años problemas de déficit de convocatoria de sus propios organismos, tales como el Consejo Local de Gobierno, donde en los últimos dos años a la mayoría de sus sesiones sólo han llegado algunos sectores de las comunidades sociales, menos los voceros elegidos a ese Consejo, ni la mayoría de sus referentes territoriales de la administración distrital que deberían participar en sus sesiones.

b. Las mesas territoriales temáticas de participación, bautizadas en la pasada audiencia de rendición de cuentas, apenas habían logrado entonces realizar débiles contactos e información con los habitantes de la localidad; por eso los ciudadanos no contamos ese día de parte de sus gestores con informes sustanciales que nos permitieran evaluar sus avances en los logros propuestos. Lo deseable y democrático, en términos del plan de desarrollo local, es que el tratamiento de las temáticas y problemáticas territoriales ejerzan el impacto esperado respecto a las soluciones que se demandan y respecto a la participación ciudadana prevista como incidente de las comunidades sociales.

c. La fragmentación en intereses particulares de parte de los ediles que se observa en la Junta Administradora Local, tampoco contribuye a un sano ejercicio del control político local, ni a la generación de acciones públicas ciudadanas en la localidad.

Esto último es lo que menos interesa a esta Junta Administradora, pues su divorcio del conjunto de la comunidad social local es uno de sus males de origen, pues no logran coordinar acciones con las juntas de acción comunal, ni con el comercio organizado, ni con los jóvenes, ni con las mujeres, ni con los afros, ni con los indígenas, entre otros actores sociales. Sólo viven, parece ser, de las coyunturas electorales, reproduciendo de ese modo lo más repugnante de la politiquería que la mayoría social desprecia.

d. Las juntas de acción comunal y la asociación de juntas comunales llevan varios años sin lograr coordinarse para generar acciones comunes que interesen a los habitantes y ciudadanos de la localidad. Los habitantes y ciudadanos esperarían que ante procesos sensibles como los adelantados contra la corrupción de la administración pública o el pretendido regreso del bipartidismo liberal-conservador a la conducción de la ciudad (en su versión más regresiva neoliberal privatizadora, policíaco-militar o del Opus Dei) como los que ha estado afrontando la ciudad y sus localidades, estas entidades de origen popular asumieran la iniciativa de convocatoria de las multitudes para debatir y movilizar a la localidad y la ciudad.

Los cabildos habrían podido ser una importante oportunidad, pero por el contrario, fueron los grandes ausentes de los convocados al fallido cabildo del pasado 14 de noviembre de 2014.

e. Las expresiones relativamente nuevas de los últimos periodos en la localidad (como los sectores del movimiento de mujeres generistas, los jóvenes del consejo del cultura ó del consejo local pro-sistema local de juventud, el observatorio ciudadano de control social, las agrupaciones de comunidades en torno a la lucha por la educación de calidad, los grupos de defensores de derechos humanos, los trabajadores e investigadores de la cultura y demás integrantes del movimiento social local, entre otros) apenas logran de manera incipiente articularse mediante información dispersa a la generación de proceso social local.

De modo general, pues, un rasgo problemático a destacar de la actual Localidad 8ª es el déficit de convocatoria de las comunidades y organizaciones sociales frente a los temas y problemas que los afectan; una verdadera quiebra en la participación democrática de las comunidades y habitantes (diagnosticada recientemente durante 2012 y 2013 por entidades como Encuesta sobre Medición de Capital Social, la Encuesta de Percepción Ciudadana y la Encuesta Bienal de Culturas), que debe ser explicada para corregirse y que expresan una profundización de la desconfianza ciudadana en la administración pública local, en el Estado y sus instituciones, problema general que da sentido a uno de los programas fundamentales del plan de desarrollo de la «Bogotá Humana» (que se deriva del Eje 3: Bogotá defiende lo público; y se define en el objetivo 3º de ese eje como la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones del Distrito Capital) y que por sí mismo ameritaría que el Alcalde Mayor no lo despachara en un Cabildo Local de modo tan simplista e irresponsable.

Sobre todo si se toma en cuenta que el propio alcalde Petro ha tenido la oportunidad de valorar, así sea demagógicamente, la significación y el peso que pueden llegar a tener las multitudes ciudadanas organizadas y movilizadas en la defensa de las políticas sociales del Plan de Desarrollo «Bogotá Humana».

En Colombia, su Distrito Capital y Localidades como Ciudad Kennedy, se han estado configurando horizontes sociales y desafíos políticos y culturales de no poca envergadura para el presente y futuro de las generaciones que lo habitan: resolver el problema de la convivencia democrática de todos los colombianos; desarrollar la capacidad humana para tratar y resolver productiva y creativamente los conflictos que atraviesan la vida de los colombianos y que pueden llevarnos a ser una comunidad nacional superior, es éste en esencia el otro verdadero y sustancial nombre de la paz que ahora se lleva y se trae, sin que las mayorías sociales logren aprehender plenamente su importante sentido; condición ésta que al acceder a ella podría situar al país en niveles de desarrollo social y adquirir la personalidad histórica que de Colombia se espera en la comunidad internacional.

Por eso los problemas del déficit de participación democrática de los habitantes de la Localidad 8ª y la fragmentación de los actores sociales locales es deplorable, por decir lo menos, ante estos desafíos sociales que pasan por el control y superación de la corrupción social y de la administración pública, así como la superación del recurso al uso de la violencia como estilo autodestructivo del ejercicio de la política”.

Completamente de acuerdo con este planteamiento y análisis certero de los líderes democráticos y comunitarios de Ciudad Kennedy. Es un diagnóstico que bien puede repetirse en las otras 19 localidades de Bogotá, dado el abandono por parte de la actual administración distrital de los parámetros de la democracia protagónica popular.

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Nota. Clara López Obregón, la ex candidata presidencial de la coalición Polo/UP que en las elecciones pasadas alcanzó una votación de casi dos millones de votos para la izquierda social, es ahora la más firme candidata a suceder a Petro en la Alcaldía de Bogotá. Su propuesta programática se enfoca en temas como la movilidad para el transporte, movilidad social, seguridad y gestión social, inclusión de jóvenes y lucha contra la corrupción. Amplios sectores ciudadanos la están acompañando en sus iniciativas de cambio.

Es la formula democrática para impedir que Pacho Santos, el candidato del uribismo paramilitar, se tome en la Alcaldía de la ciudad con el acompañamiento del Bloque Capital que ya esta operando en Bosa, Soacha y Ciudad Bolívar, según denuncia de la Defensoría del Pueblo.

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