Según el Distrito, el 80% de los deslizamientos en la ciudad, por remoción en masa, tienen que ver con antiguos terrenos usados para la minería.
La próxima semana, el Gobierno de Bogotá demandará ante el Consejo de Estado el decreto del Gobierno Nacional que no permite prohibir la minería.
El Distrito asegura que esa norma es “inconstitucional e ilegal” porque “afecta el ordenamiento del territorio, que es una potestad que la Constitución le da a los municipios. Las actividades mineras deben respetar las disposiciones del orden territorial y la ciudad cuenta con un régimen de autonomía que le permite tomar determinaciones con relación a sus propios intereses como es el caso de la minería”.
Según la secretaria de Ambiente de Bogotá, Susana Muhamad, “la minería causa daños prácticamente irreversibles, recuperar el suelo tarda siglos y para adaptarnos al cambio climático, tenemos que mantener el suelo que hay y por eso queremos establecer los límites de la minería en la ciudad”.
Y agregó la secretaria de Ambiente, “con la minería, muchos de los suelos quedan inhabilitados, con riesgo de construcción. Hoy tenemos en Bogotá, el fenómeno de remoción de masa más grande de América Latina que es Altos de Estancia, esa montaña se está desmoronando y ese terreno no se puede utilizar sino para recreación pasiva”.
Actualmente en Bogotá, hay cuatro minas legales ubicadas en Usme, Mochuelo, Ciudad Bolívar y Tunjuelo. Si llega a proceder la demanda del decreto, esas minas entrarían en un régimen de transición gradual para su cierre.
