Son dos partes las que deben definir en la mesa, acompañadas de las opiniones que provienen de la “sociedad civil” a través de sus organizaciones democráticas y populares.
Editorial del Semanario VOZ
El pasado lunes 2 de febrero, comenzó en La Habana el 32 ciclo de las conversaciones de paz entre las delegaciones del Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el primero de 2015, después de un mes de receso. El tema con el que se continuará es el de víctimas, que se refiere a los derechos humanos de estas y a la verdad que es imprescindible para la paz estable y duradera. Seguramente, incluirá el tema del marco legal, que tiene que ver más con el punto del Fin del Conflicto, cuyas primeras puntadas las da la Subcomisión Técnica, integrada por el Comando Estratégico de Transición (según el Gobierno) y el Comando Guerrillero de Normalización (según las FARC-EP).
Los plenipotenciarios de la guerrilla han llamado a preservar el orden establecido en la mesa y a no introducir puntos que deben esperar porque hacen parte del último que tiene que ver con la implementación de los acuerdos, como es el del mecanismo de refrendación. El Gobierno insiste en el referendo en su visión limitada de la vía de refrendación, mientras que la guerrilla, con respaldo de organizaciones sociales, aboga por la asamblea nacional constituyente, como parte de un poder democrático cuya esencia radica en la capacidad de decisión del soberano o del constituyente primario, como dicen los abogados.
En el fondo la posición del Gobierno es peligrosa, porque reduce el espacio del diálogo a la unilateralidad y a la aceptación de las FARC-EP de sus propuestas o, más bien, imposiciones. En la antesala del inicio de esta ronda el presidente Juan Manuel Santos insistió en que el mecanismo de refrendación es el referendo y quiso introducir temas inconsultos como el de la Guardia Rural integrada por guerrilleros, que desató polémica en el país y evidente desgaste para propuestas que deben ser discutidas en el ámbito de la bilateralidad.
Al tiempo el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle Lombana, conminó a la insurgencia a iniciar el desminado. Como si fuera poco, asumieron el tema de víctimas, como siempre lo han hecho, señalando que son las FARC las que deben dar la cara y responder por las víctimas que causaron, según la versión del Gobierno y sus amanuenses.
Bilateralidad, señores, bilateralidad. Porque son dos partes las que deben definir en la mesa, acompañadas de las opiniones que provienen de la “sociedad civil” a través de sus organizaciones democráticas y populares. El Estado colombiano no es una mansa paloma de la paz, sino el principal depredador de los derechos humanos y el responsable directo de todas las tragedias humanitarias, entre ellas, la peor: la existencia del paramilitarismo. Es el primero que debe darle cara a las víctimas y asumir el compromiso de no repetición de masacres, genocidios como el de la Unión Patriótica, guerra sucia contra la izquierda y el movimiento sindical. Flaco servicio le hace el Gobierno a la paz con semejante posición de sacarle el cuerpo a sus responsabilidades históricas.
Para desescalar el conflicto no se trata solo del desminado, sino también de los operativos de guerra arrasada, los bombardeos indiscriminados en las regiones agrarias, la persecución a los opositores y a los luchadores sociales y a ponerle fin a toda manifestación de represión a las luchas populares.
La paz implica un derecho síntesis que es el de la rebelión como respuesta a la violencia ejercida desde el poder y al terrorismo de Estado. En este sentido es importante el Informe de la Comisión de Historia, verdadero insumo para entender la génesis del mismo, las causas históricas del levantamiento armado y la necesidad de resolverlo con un acuerdo político de paz estable y duradera que no surge de la derrota o del atributo victorioso de una de las partes.
2015 será un año definitivo para la paz de Colombia más no necesariamente de la firma de ella misma. Los límites que se quieren imponer desde el poder son arbitrarios, pues el plazo para la paz es el indispensable para pactarla con dignidad para ambas partes y para el país. De ahí la importancia de la participación ciudadana y del papel protagónico del Frente Amplio llamado a convertirse en una fuerza política y social de cambio democrático.
