El proceso ha marchado de manera exitosa. Sería paradójico que se pueda negociar en medio del conflicto y no en medio de un proceso electoral.
Carlos Medina Gallego
“Quiero que se reelija la política de paz” Juan Manuel Santos
El presidente Juan Manuel Santos ha hecho pública su intención de marchar hacia la reelección y de hacer oficialmente el anuncio cuando se hayan agotado los términos de ley que se lo permiten; ha constituido alrededor de la Fundación Buen Gobierno su equipo de escuderos y de campaña, colocando al frente del mismo a Germán Vargas Lleras -su “Plan B”-; a Juan Mesa Zuleta su ex secretario privado en la Presidencia de la República; al general (r) Óscar Naranjo; a la ex canciller María Emma Mejía; a Juan José Echavarría ex codirector del Banco de la República; y a Gabriel Silva, ex ministro de Defensa.
En su discurso anuncia de manera general que quiere que se reelija su política de la prosperidad.
Seguramente el talón de Aquiles de su propósito reeleccionista no será otro que el proceso de paz que se desarrolla en La Habana, el cual al inicio de la novena ronda de conversaciones ha tenido importantes revelaciones de los jefes de comisión donde comienza a dejarse en claro el camino por recorrer y los nudos por desamarrar.
Un balance de los primeros seis meses de conversaciones ayuda bastante a comprender la complejidad del momento y la urgencia, en los meses venideros, de empezar a mostrar resultados en un periodo a todas luces difícil porque se abre el ciclo de confrontación electoral, donde seguramente el tema será ampliamente confrontado.
De conjunto se podría afirmar sin temor a equivocarse que los seis primeros meses de conversaciones, no sin dificultades, han sido exitosos:
—Se ha creado una atmósfera amigable y menos tensa en las relaciones entre las delegaciones lo que facilita los diálogos;
—Se han respetado las interlocuciones entre los jefes de comisión y se han construido colectivamente las metodologías para desarrollar las conversaciones dándose los tiempos para que las mismas maduren en sus reflexiones de grupo;
—Se han abordado de manera sistemática los puntos de la agenda, iniciando por el tema central del conflicto: el problema de la propiedad, la tenencia y el uso de la tierra y en general del desarrollo agrario y rural integral, en el cual se ha avanzado de manera significativa;
—Se han tramitado en propuestas los elementos de los posibles acuerdos, con realismo y objetividad;
—Se han ampliado los niveles de la participación a la sociedad civil, los movimientos sociales, los gremios, la academia, los partidos políticos, la sociedad en general, a través de distintos mecanismos, entre ellos los foros nacionales, que han ayudado a nutrir los imaginarios de la discusión y a fortalecer y legitimar las propuestas;
—Se ha legitimado el proceso en apoyos sociales con grandes marchas y eventos de todo tipo que saludan y reflexionan de modo crítico, pero positivamente, los aspectos más relevantes de la agenda;
—Se ha fortalecido la delegación de la FARC-EP con la llegada de Pablo Catatumbo y otros representantes de la organización, desvaneciendo la idea de su división interna motivada por el desarrollo del proceso de paz;
—Timochenko ha hecho explícita la intención de la organización de mantenerse y sacar adelante las conversaciones contra todos los obstáculos y costos militares y políticos que se derivan de la decisión conjunta de negociar en medio del conflicto (las FARC-EP hizo un cese unilateral del fuego, que se cumplió y fue bien ponderado como muestra de voluntad de paz);
—El equipo de Gobierno y en general las instituciones del Estado, exceptuando la postura del Procurador, han cerrado filas en defensa del proceso, como lo han hecho la comisión de Paz de Senado y Cámara, la presidencia del Senado, a través de Roy Barreras y el fiscal general de la Nación;
—Los altos mandos de la Fuerza Pública, no obstante las ofensivas que se han hecho para generar incertidumbre y dividir las opiniones sobre las implicaciones de un proceso de paz para las distintas fuerzas, han introducido el tema en su agenda de reflexiones y comenzado a pensarse en el posconflicto armado;
—Los medios de comunicación, que alimentan las noticias con las dificultades que se presentan, han guardado relativa prudencia y han apoyado con primeras páginas las jornadas que se han realizado a favor del proceso;
—El gobierno ha recibido para su política de paz el apoyo de la comunidad internacional, de gobiernos del continente, incluyendo la Administración Obama, de jefes de distintos gobiernos del mundo, de premios Nobel de Paz, en fin hasta el papa Francisco se ha manifestado a favor del proceso.
Quienes vemos con optimismo los avances de las conversaciones consideramos que incluso el discurso de los opositores, leído en positivo, ha sido útil y ha ayudado a construir defensas y ajustes al proceso. Reconocemos que pese a los logros alcanzados no son menores los retos que quedan por enfrentar.
Las declaraciones de Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, hechas en la Universidad Externado de Colombia y publicadas por el diario El Tiempo, son ilustrativas del entendimiento que el gobierno tiene sobre el proceso y los retos para sacar adelante las conversaciones y llegar a la tercera fase caracterizada como de “transición”:
Primero, reconocer la existencia de un conflicto armado interno en el país entre el gobierno colombiano y la insurgencia, las FARC-EP y el ELN, superando el discurso de la amenaza terrorista característico del gobierno anterior.
Segundo, plantearse la necesidad de reparar a las víctimas y crear los mecanismos jurídicos e institucionales para hacerlo posible en el marco de la justicia transicional.
Tercero, establecer un marco jurídico para la paz que posibilite el desarrollo del proceso, ofrezca las garantías y espacios políticos que se requieren para que se avale el éxito del mismo y se viabilicen las acciones resultantes de los acuerdos, en una etapa posterior de construcción real de la paz.
Cuarto, la creación de mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos en el marco de un sistema de garantías para las FARC, el Estado y la sociedad en su conjunto, que establezcan a la vez las condiciones y las tareas que cada quien tendrá que cumplir para hacer posible la construcción de la paz en un proceso que demanda de las reconstrucciones y transformaciones económicas, sociales y políticas que se deriven de los puntos del acuerdo.
Quinto, aceptar que estos procesos se van a tomar un tiempo lo suficientemente largo como para que nadie se llene de expectativas en lo inmediato y se comprometa con hacer los acompañamientos, participar y convertirse en garantes de la materialización de los acuerdos y de las reconstrucciones y transformaciones que se requieran. Ni el tiempo de las conversaciones, ni el de las transformaciones deben convertirse en un obstáculo para que el clamor nacional de paz pueda medirse en cambios significativos. Mucho menos deben serlo los tiempos de la agenda electoral que se avecina.
Sexto. Resulta de la mayor importancia empezar a llenar de contenido el concepto de transición, porque el mismo implica el paso de una realidad a otra, de la realidad de la guerra a la realidad de la paz, y a ese concepto le es inherente la dimensión temporal.
Séptimo. Ponderar en alta estima la tesis de que se requiere un proceso de paz que se instale en las regiones, pues esta contiene el concepto de territorialidad que ha tomado especial fuerza al interior del discurso de los movimientos sociales y políticos del país.
Ante todo, porque el conflicto se ha desarrollado en regiones especificas, con intensidades distintas y conflictividades particulares que demandan de atención especializada, dadas sus respectivas complejidades, para hacer efectivo el propósito de transformar los territorios y reconstruir el pacto social en las regiones; fortaleciendo la eficiencia de las instituciones y, sobre todo, construyendo desde abajo, apoyados en la fuerza y la capacidad de organización de las comunidades, lo cual implica un nuevo modelo de gobernabilidad y gobernanza, que requiere de una profundización de la democracia, de nuevas y fortificadas capacidades de participación de la sociedad y las comunidades.
Octavo. Vale la pena sopesar en las afirmaciones del Alto Comisionado lo referente al concepto de justicia entendida por él como el conjunto de principios y reglas fundamentales que guían y limitan el comportamiento de la política y la sociedad, cuando ella esté dirigida no solo a proteger la propiedad, sino a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos y las comunidades, y a favorecer la construcción del bienestar general de la población y su convivencia democrática y solidaria.
Por eso, resulta de la mayor conveniencia recuperar y hacer efectiva la dimensión distributiva de la justicia en el sentido de que la paz tiene que ser inclusiva, tiene que atender las necesidades de todos.
Noveno. Los temas de las víctimas y sus victimarios, la construcción de la verdad, la justicia y la reparación integral, la lucha contra la impunidad, son sin lugar a dudas temas de más difícil tratamiento, pero también de mayor urgencia. A este respecto las declaraciones del Alto Comisionado buscan arrojar luces, que pueden ser objeto de todo tipo de objeciones, pero que resultan un punto de partida para abordar las discusiones y encontrar los caminos y propuestas que mejor se ajusten a la realidad jurídica y política del país.
A este respecto, las afirmaciones de Jaramillo son necesarias de tener presente: La impunidad se mide necesariamente según el grado de satisfacción de los derechos de las víctimas. Nosotros pensamos que el error ha sido concentrarse simplemente en los victimarios. En el centro de la atención deben estar las víctimas, que es a lo que obliga el marco: a dar el máximo posible de satisfacción a sus derechos en la transición. Y frente a esto propone una estrategia que integre y pondere los derechos a la verdad, la justicia y reparación… porque una sociedad no puede funcionar con tantas heridas abiertas, con tantos traumas privados.
La postura del gobierno en torno a aspectos que son cruciales para el cierre del proceso todavía están cargadas de ataduras normativas y políticas, que seguramente madurarán en el desarrollo de las conversaciones.
En particular, las relacionadas con el paso de la insurgencia a los escenarios de la lucha política y electoral, la utilización de la amnistía y el indulto como recursos políticos para sortear aspectos específicos del proceso en el campo jurídico y político y, sobre todo, el mecanismo de refrendación de los acuerdos, colocando de presente su objeción a que sea una Asamblea Nacional Constituyente la encargada de los mismos, en cuanto que Jaramillo considera que no se hace una Constituyente para refrendar unos acuerdos de paz… sino para crear un nuevo ordenamiento jurídico de la nación.
Por su parte las FARC-EP han expresado, a través de distintos comunicados y entrevistas -al iniciarse la Novena Ronda de conversaciones que algunos creemos debe cerrarse con acuerdos sustanciales sobre el primer punto de la agenda-, su propia percepción del avance del proceso para la finalización del conflicto en puntos que vale la pena resaltar:
Primero. Ratifican que a La Habana han llegado con el fin de dialogar en función de superar mediante el diálogo civilizado las causas, los problemas de orden social que generaron la confrontación, tal como lo consigna el preámbulo del acuerdo general pactado con el gobierno.
Segundo. Confirman los avances que han tenido en materia de desarrollo rural integral pero mantienen la idea de la necesidad de una reforma agraria estructural. Esperan que las aproximaciones sobre este tema sean explicadas pronto, en un comunicado conjunto, que dé certezas a los colombianos sobre los alcances que hasta ahora arrojan los diálogos. Es de resaltar que las FARC llevaron a la mesa de conversaciones 100 propuestas sobre el problema agrario y, según lo anuncian, quedan por resolver, en materia de acuerdos, los puntos referentes a laboralización del trabajo rural y soberanía alimentaria.
No dejan de insistir sin embargo, en aspectos que son cruciales para los acuerdos y trascendentes para su tratamiento en la tercera fase del proceso, entre ellos:
—“Que la estructura latifundista es la característica principal de la espacialidad rural en Colombia. Ella ha sido construida con procedimientos de despojo, violencia, terror y muerte, como espacialidad capitalista, generando, además de miseria, profunda desigualdad, atraso, crisis humanitaria. Ella es causa fundamental de la confrontación política, social y armada que padece Colombia. Su solución de fondo será base para la construcción de la paz estable y duradera”.
—Y confían en que “… esta vez sí surja un acuerdo que verdaderamente apunte a realizar una reforma rural estructural, radical, cuyos mecanismos de restitución, redistribución y formalización, acompañados de proyectos integrales de desarrollo, tengan éxito y acaben con la constante de la titulación de baldíos que sólo tenga el propósito de no tocar los intereses de los grandes propietarios”.
—Seguirán insistiendo en el fortalecimiento de la pequeña y mediana propiedad con garantías de subsistencia, de permanencia, reiterando en la defensa y fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina, impidiendo su destrucción o debilitamiento.
—Continuarán en la defensa y en la ampliación y fortalecimiento de estas ZRC, lo mismo que de las tierras de las comunidades afro y los resguardos indígenas, respetando sus entramados socioculturales, su territorialidad, su tradición y sus derechos a acceder a los conocimientos, recursos, servicios, técnicas e instrumentos de todo tipo que les permita acrecer la productividad, el tejido social y la sostenibilidad ambiental.
—En la necesidad de formalizar todas las tierras que hoy están en manos de los campesinos, exigiendo al menos el cumplimiento de las propias normas institucionales que tan pertinazmente son vapuleadas por el ministerio de la Defensa en detrimento de la población rural.
—Consideran fundamental para el desarrollo sostenible del campo colombiano y del conjunto de la sociedad, la defensa de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) como unidades de territorio, suficiente, necesario para el sostenimiento digno de la familia como célula del tejido social.
Tercero. Anuncian que están realizando el trabajo preliminar para abordar el segundo punto de la agenda referente a Participación Política, en el cual valoran como de la mayor importancia los aportes recibidos de todas partes, en particular, del foro encargado a Naciones Unidas y al Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional de Colombia, desarrollado en Bogotá, entre el 28 y 30 de abril de 2013.
Este foro, orientado esencialmente a garantizar la participación pluralista y democrática de los distintos sectores sociales, políticos y académicos, a recoger y sistematizar insumos para las conversaciones de La Habana en torno a los subtemas definidos por la mesa de conversaciones con respecto a la participación política:
—Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Acceso a medios de comunicación.
—Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.
—Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
Seguramente los insumos producidos por el foro contribuirán a alimentar las reflexiones que de allí se deriven tales como: revisión del sistema político, de los partidos, del sistema electoral y del estatuto de oposición, la profundización de la democracia, el acceso a los medios de comunicación, el reconocimiento de las minorías, la financiación de los partidos y de las campañas y, desde luego, las garantías políticas e institucionales para que los miembros de la insurgencia cambien las balas por votos, sin que tengan que renunciar a sus ideales políticos y a las transformaciones revolucionarias de la sociedad.
Cuarto.Las declaraciones hechas recientemente por los comandantes de las FARC al periodista Alfredo Molano, en el marco de un encuentro más coloquial que periodístico o investigativo, abren un espacio de reflexión y análisis sobre las dinámicas del tercer punto del conflicto y en particular con el tema de dejación de armas.
La ciudadanía, y en general la opinión pública, debe irse desprendiendo de la idea de ver a las FARC-EP en largas colas entregándoles las armas al gobierno nacional, como lo hicieron otras organizaciones al momento de su desmovilización, porque seguramente eso no va a ocurrir. La dejación de armas es un acto político que es distinto al acto militar de entrega de armas.
La dejación de armas tiene que ver con el predominio de la voluntad y el compromiso político de la organización de dejar de lado el uso del recurso de las armas para hacer política y el de asumir los espacios institucionales que existen para hacerlo y acceder por esa vía al poder. Es ese paso lo que constituye realmente la finalización del conflicto armado.
Desde luego, para que eso se produzca deben existir unas condiciones particulares y emprenderse un conjunto de acciones que han sido esbozadas y deben discutirse cuando se asuma el punto tres de la agenda y se firmen los acuerdos. Recordemos que este punto hace referencia a:
1. Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas.
2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político-, de acuerdo a sus intereses.
3. El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.
4. En forma paralela el gobierno nacional intensificará el combate para acabar la organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.
5. El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.
6. Garantías de seguridad.
7. En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.
Quinto. Las FARC-EP han venido rectificando su postura frente a la relación víctimas–victimarios, han corregido la afirmación del carácter “intrascendente” del tema y señalado la necesidad de avanzar en la reparación integral de las víctimas, bajo la premisa que el depositario primero y último de esa responsabilidad es el Estado colombiano. El tema de las víctimas y la justicia transicional es otro de los grandes retos que tienen las conversaciones, desde distintos sectores y diferentes posturas se ha venido ambientando.
Sexto. Tal vez donde las posiciones del Gobierno y FARC-EP por ahora no marcan puntos de coincidencia, donde las tensiones pueden llegar a ser más complicadas pues es allí donde se cierra todo el proceso, es en el mecanismo a utilizar para la refrendación de los acuerdos. El gobierno considera que debe ser la consulta popular por la vía de un referendo, mientras las FARC piensan que el único mecanismo válido y legítimo para sellar un acuerdo de terminación del conflicto armado es una asamblea nacional constituyente.
A este respecto, habrá que dejar madurar el proceso y permitirle a las partes y al país que vayan descubriendo el mecanismo que más se acomode a la legitimación del pacto de paz y a la garantía de cumplimiento de este en la etapa de transición o tercera fase del acuerdo general.
En general, el proceso ha marchado de manera exitosa, no sin grandes presiones, los diálogos van arrojando importantes resultados que deben ser ponderados de manera adecuada en cada momento de crisis, como un acumulado que no puede echarse por la borda para emprender una carrera contra el tiempo que obligue a las partes a cerrar el proceso para dar paso a la agenda electoral.
Sería paradójico que se pueda negociar en medio del conflicto y no se pueda hacer en medio de un proceso electoral.
Mayo 18 de 2013
Carlos Medina Gallego
Docente-Investigación
Universidad Nacional de Colombia
