Se han registrado ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública mucho antes del año 2000, pero se incrementaron en 2007
Kikyō
El pasado 19 de junio se llevó a cabo el lanzamiento del informe “Falsos positivos en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos entre los años 2000-2010”. El documento muestra el impacto sobre los derechos humanos producido por la asistencia en seguridad de Estados Unidos en Colombia.
La investigación, realizada conjuntamente por el Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), evidencia la existencia de críticos alrededor del mundo que sostienen que el involucramiento y la asistencia militar de EEUU fomentan tácitamente, o alientan, graves abusos cometidos por la fuerza pública colombiana.
Se abordan en la importante investigación los antecedentes de las Fuerzas Armadas de Colombia y su relación con los programas de asistencia militar de Estados Unidos y su accionar dependiendo del contexto político. Se han registrado ejecuciones extrajudiciales por parte de la Fuerza Pública mucho antes del año 2000, en donde han sido víctimas cientos de jóvenes colombianos. Solo que después de ese año el fenómeno se aceleró alcanzando un máximo en 2007, disminuyendo en 2008, mostrando una marcada y hasta ahora sostenida disminución, después de octubre de 2008.
Asistencia militar
Una de estas ayudas o asistencias se llamó el Plan Colombia, que se hizo ley el 13 de julio de 2000 cuando el presidente Clinton lo firmó, como un paquete de asistencia de US$1.300 millones de financiación, en su mayoría militar. Así la asistencia militar se aumentó drásticamente de US$309.7 millones en 1999 a US$771.5 millones en 2000, la mayor parte de ella asignados para la compra de helicópteros.
Después de septiembre de 2001, Estados Unidos impuso otra lucha contra el terrorismo y por ello los programas que la desarrollaban recibieron grandes presupuestos. Entre los amigos de esa lucha se puede mencionar a Álvaro Uribe Vélez, quien se posesionó como presidente de Colombia en agosto de 2002 y contó con Washington para hacer su guerra “global” contra el terrorismo.
Los Estados Unidos mantuvieron la ayuda militar a Colombia con un promedio de más de US$600 millones anuales, el quinto país con mayor asistencia militar por parte de EEUU en el mundo. Desde 2002 hasta 2008, más colombianos fueron receptores de entrenamiento militar y policial de EEUU que nacionales de cualquier otro país del mundo (uno de cada siete soldados o policías extranjeros que recibió formación de EEUU).
Estados Unidos aprobó la asistencia para cientos de unidades del Ejército de Colombia, y el número de las unidades asistidas fue creciendo durante la década. Mientras que en 2004 fueron 64 las unidades del Ejército con asistencia aprobada, en 2007 el número de unidades apoyadas ya era de 108. Los oficiales de 31 unidades que no habían sido aprobados para recibir asistencia, fueron objeto de programas de capacitación de EEUU en 2006. Las unidades que recibieron algún tipo de asistencia abarcaron mucho más territorio que lo planteado inicialmente. Para el año 2007 11 brigadas o divisiones tenían asesores militares de Estados Unidos.
Algunas unidades fueron más importantes, como la Brigada Contra el Narcotráfico (conocido como Bracna), en el período 2000-2003; la Brigada 18 en Arauca, particularmente en el período 2002-2005; las unidades móviles del Ejército de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, formada en 2004; y los comandos de operaciones especiales –inicialmente del Ejército– y después de 2007, el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas.
Para la gasolina y horas de vuelo en helicóptero, la asistencia de Estados Unidos a la Omega osciló entre US$12 y US$24 millones anualmente, desde 2004 hasta 2010.
En 2003, los Estados Unidos también gastaron US$25 millones en asistencia antiterrorista para entrenar unidades antisecuestro del ejército y de la policía, los Gaula, que se distribuyeron a lo largo de las brigadas del Ejército de Colombia. Los EEUU entrenaron a 176 miembros del Gaula del Ejército en el período 2003-2005, y continuaron entrenando a unidades de este cuerpo élite hasta 2007.
Falsos positivos
En el marco de la ayuda militar de Estados Unidos a este país, la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales documentadas durante el período 2000-2010 se conocieron como “falsos positivos”, en donde civiles fueron ejecutados a manos de agentes estatales y presentados como resultado de la acción de las Fuerzas Armadas contra los grupos armados. Así se medían sus éxitos militares, los cuales eran incentivados económicamente.
En noviembre de 2005, el ministro de Defensa, Camilo Ospina, expidió la Directiva 029, que establecía como política la compensación monetaria por las acciones que conducen a la muerte de los miembros de grupos armados ilegales. Ello llevó a la muerte de jóvenes pobres, campesinos e indigentes, que fueron mostrados como guerrilleros.
