Avanzar sin pausa en la materialización del acuerdo

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Jaime Caycedo Turriago

Secretario General del PCC

La firmatón de decretos en la fecha de cierre de las facultades extras del presidente indica el gran esfuerzo realizado por las partes para la concreción de los difíciles y reñidos pulsos con la intransigencia clasista y reaccionaria que ha obstaculizado la implementación. Los acuerdos, traducidos en decretos, esperan ahora ser cumplidos por las partes. Desde la realidad cotidiana, el compromiso práctico y eficaz del Estado y una actitud proactiva del poder mediático, contribuirían decisivamente a despejar los horizontes de esta fase de la materialización del pacto escrito. La creación del fondo de tierras, el destino de las Zonas veredales como espacios de capacitación, el despegue de medidas de reincorporación, la creación de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, los planes piloto de seguridad de Buenaventura y Tumaco, el cuerpo élite para el desmonte del paramilitarismo, entre otros, son pasos clave cuya materialización despeja incertidumbres y reaviva la confianza para el desenvolvimiento justo del Acuerdo.

No obstante, los elementos crudos del ambiente político muestran un panorama en cuyo centro están los problemas cruciales que ligan el momento de la terminación de la forma armada del conflicto con los grandes problemas sociales no resueltos, acumulados y agravados a cuenta del mismo modelo que usó la guerra contrainsurgente para perpetuarse.

De hecho, el compromiso de paz navega por las aguas de una crisis social de fondo, con una economía marcada por el estancamiento productivo, la inflación y el crecimiento del desempleo, elementos recesivos agravados por la reforma tributaria, fondeada con el aumento del IVA. Los paros cívicos de Buenaventura y Chocó, el paro del magisterio y en sectores del Estado ponen en el debate asuntos centrales que las clases dominantes han endosado al incumplimiento y al olvido. Desprecian y subestiman al pueblo. El Consejo Gremial de banqueros y representantes de transnacionales se preocupa por sus pérdidas económicas y pide orden en Buenaventura. Pero la paz navega también en los bordes tormentosos del genocidio. Cuatro decenas de asesinados de la izquierda social (líderes sociales de los territorios y las organizaciones populares), los amnistiados y familiares de guerrilleros, en lo corrido del año, desenmascaran el plan criminal detrás de la consigna de “volver trizas el acuerdo”. Su proyecto es la  defensa a ultranza de aberrantes privilegios de un modelo económico basado en el despojo de los bienes comunes en los territorios, el predominio del monopolio en extensión sobre la propiedad de la tierra,  la permanencia de un nutrido “ejército de reserva del capital” y el festín corrupto con el dinero público. El eje de la apuesta es el Plan Victoria de las Fuerzas Militares, heredero adaptado de la “doctrina de la seguridad nacional” en el que la soberanía sobre el territorio de las antiguas zonas de guerra y el “monopolio de las armas” se comparten con los aparatos heredados del paramilitarismo. Esta inaceptable realidad exige un cuestionamiento profundo desde la sociedad entera que debe vincularse a la necesidad de una discusión abierta para un cambio de rumbo en la visión y la misión de la fuerza del Estado para la construcción de la paz.

En las calles, en las carreteras y en el debate político, que de la lucha popular se desprende, la batalla por la vida, la justicia social, las garantías para la protesta, la exigencia de cumplimiento y la implementación sin falta de los acuerdos de paz, tienen ahora la palabra. El debate político es alrededor de la unidad y la amplitud de las alianzas indispensables para avanzar hacia un poder coherente con el paso a una paz democrática.

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