Aumentará la concentración de la tierra

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Campamento ecológico en el Valle del río Cimitarra. Foto Bibiana Ramírez, Prensa Rural.

El “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, es la ruta del actual Gobierno para la profundización de la pobreza en el campo, acumular tierra e incrementar el latifundio

Jaime Osorno

Por dos votos se salvó el Plan Nacional de Desarrollo en su primer debate en las comisiones económicas. Finalmente, la mermelada funcionó e hizo rebelar a Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal y al senador de Cambio Radical, Luis Eduardo Díazgranados, de las directrices de Germán Vargas y César Gaviria. Con ello el Centro Democrático pudo lograr el quorum y a última hora aprobar en primer debate la iniciativa.

Al margen de la anécdota sobre la sorpresiva aparición de los senadores “rebeldes”, perdió el país y sobre todo el agro colombiano, que verá aplazado su desarrollo por cuatro años más del gobierno Duque. Ganaron los gremios, quienes sin involucrarse en la filigrana política sacaron adelante un plan de política, económica favorable a sus intereses. Aquí contamos cómo quedó el Plan en materia de tierras.

Contrareforma

Con este PND el Estado renuncia a la reforma rural y a democratizar la tenencia de la tierra como vía para la equidad y el desarrollo del país. Al respecto, se presentan los siguientes elementos: El Estado en los próximos cuatro años no combatirá la vergonzosa concentración de la tierra. La concentración de la tenencia de la tierra presenta los índices más vergonzosos de la región, con un GINI cercano al 0.902 según el tercer Censo Nacional Agropecuario de 2014.

Estas cifras no se compadecen con las metas propuestas, las cuales, de cumplirse, solo beneficiarían a menos del 3% de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. La importancia de este aspecto no solo concita las funciones y facultades generales del sector de agricultura y desarrollo rural; sino, además, la realización del postulado de favorecer al más débil de las relaciones de tenencia y producción agropecuaria.

En tal sentido, el PND en su componente “Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural”, su referencia debe ser específica al campesinado, al productor familiar, con el objeto de garantizar la intervención en el conjunto de actividades propias del desarrollo rural, la reforma agraria y la transformación del campo.

Sin reconocimiento al campesino

El campesinado y sus territorios no son sujetos de reconocimiento alguno en el PND. Los campesinos merecen ser reconocidos económica, social y culturalmente en el desarrollo de los próximos cuatro años. Si bien se reconocen los empresarios del campo y los productores agroindustriales, así mismo deben ser reconocidos los derechos de los productores del 60% de los alimentos que consumen los colombianos; del 80% del café como principal producto de exportación y del 30% de la población colombiana. No es suficiente con reconocer al gran productor, no es suficiente reconocer y apoyar al empresario del campo; es necesario y urgente empoderar a la agricultura familiar diversificada, registrar la importancia de la producción alimentaria y darle el valor que los campesinos se merecen.  En este PND los campesinos no cuentan.

Sin catastro multipropósito

Se renuncia a la materialización del catastro multipropósito y en su lugar plantea transformar la función catastral en servicio público tercerizado por los operadores catastrales. El objeto de dicha transformación, más allá de debilitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, como autoridad catastral, podría contener un significado de lavado de las apropiaciones ilegales de predios rurales y de la acumulación indebida de baldíos como de los bienes públicos rurales de la nación.

La informalidad en la tenencia de la tierra, la determinación oficial del número de predios rurales existente en el país y sus características jurídicas, físicas, geográficas, de ubicación, así como de su vocación; hacen parte de los conflictos agrarios y resultan de dinámicas permanentes en los territorios, hacen parte del desarrollo propio del campo y demandan una presencia activa y continua del Estado, a través de sus entidades como de la justicia.

Las dinámicas de los conflictos por la tenencia de la tierra merecen la atención de un enfoque específico y especial. En este sentido el catastro multipropósito debe asumirse como un instrumento de vocación permanente en los territorios desde el Estado y sus instituciones. Llama la atención las disposiciones de presencia mediante terceros privados como operadores catastrales, pues si bien se entiende la necesidad de avanzar de forma progresiva en la presencia de la jurisdicción, entendiendo de primera mano aquellos territorios de mayor conflicto, no puede el Estado continuar en la moratoria de garantizar acceso a la justicia para quienes están involucrado en los conflictos agrarios.

Invisibiliza a las mujeres

Se profundiza la segregación de la población campesina, derogando la política pública de mujer rural; imponiendo como política de Estado la agricultura por contrato y alianzas productivas, como una clara estrategia de corporativizar y beneficiar la agricultura comercial y agroindustrial no alimentaria en el país; formalizando la tercerización laboral de los trabajadores del campo, formalizando la ilegalidad en los esquemas de contratación de las plantaciones comerciales con salarios por debajo del salario mínimo y claramente  formalizando la desprotección social de los trabajadores del campo.

Las alianzas productivas y la agricultura por contrato como modelo de asociatividad no son mecanismos de inclusión productiva efectiva, porque trasladan los riesgos a los campesinos precarizando su situación y amenazando su autonomía.

Por último, se le pone punto final al proceso de restitución de tierras con una clara revictimización de los pobladores campesinos despojados de sus territorios y un desconocimiento de las víctimas y sus derechos.

Finalmente, la ponencia presentada por el Gobierno y aprobada por las comisiones conjuntas tercera y cuarta de Senado y Cámara este viernes 21 de marzo para segundo debate; representa la materialización de las exigencias de los gremios del sector agroindustrial y ganadero, desconociendo la importancia de la producción alimentaria y del campesinado, desvalorizando el papel en la sociedad colombiana y contribuyendo a profundizar la ya vergonzosa concentración de la tierra, y con ellos las condiciones que durante la historia de la república han suscitado los más álgidos conflictos de la Nación.

38 Comentarios

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    Updated: April 1, 2019 16:27

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